El ministro Ábalos, los taxis y el chiste de los japoneses

El ministro Ábalos ha hecho de su capa un sayo y se ha lavado las manos, y en términos políticos ha conseguido esquivar el problema con notable éxito

Foto: El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)

Un viejo chiste empresarial sostiene que la diferencia entre un empleado japonés y uno español es que cuando alguien le propone al nipón que haga una nueva función laboral en su empresa, responderá: “Si alguien puede, también yo lo podré hacer”. Por el contrario, el español dirá: “Si alguien puede hacerlo, mejor que lo haga él”.

Es probable que el tópico haya perdido vigencia, pero no en todos los casos. La decisión del ministro Ábalos de traspasar la regulación del servicio que prestan los VTC no fue más que un burdo truco de un mal político que huye de sus responsabilidades. Si las comunidades autónomas pueden regularlo, debió pensar Ábalos a la vuelta del verano, mejor que lo hagan ellas.

El ministro Ábalos, los taxis y el chiste de los japoneses

La jugada le pudo salir bien, y, de hecho, el conflicto del taxi —tras la aprobación del real decreto-ley el pasado 28 de septiembre— entró en terreno de nadie durante unos meses. Justo hasta que los taxistas han acumulado fuerzas y han puesto negro sobre blanco las miserias legislativas de un sector que ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central califican cínicamente de servicio público, sin que ni unos ni otros sean capaces de hacer una buena regulación.

El caso del ministro de Fomento es, sin duda, el más singular, toda vez que la propia Constitución atribuye el Gobierno de la nación la tutela del interés general, y parece razonable pensar que asegurar la movilidad en las grandes ciudades es una cuestión de Estado que no se puede modular territorialmente más allá de la casuística concreta de cada municipio. Claro está, salvo que la ley de unidad de mercado sea papel mojado, lo cual debiera producir la correspondiente derogación.

Como eso todavía no ha llegado, parece razonable cumplirla. O, al menos, la Constitución, que en su artículo 130 deja bien claro que “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos”. Es decir, que son las administraciones públicas —no solo los gobiernos regionales— quienes deben atender a las demandas de aquellos sectores afectados por procesos de reconversión, que suelen estar vinculados a los avances tecnológicos, como sucedió en los años ochenta con la siderurgia o el naval. No por capricho del constituyente, sino porque corresponde al Estado la planificación general de la economía, lo que no es sinónimo de sovietismo.

Como ha dicho el propio Tribunal Constitucional en 2015, esta competencia, de carácter "transversal", comprende "no solo la ordenación del conjunto de la economía, sino también la ordenación de cada sector o subsector de la actividad económica". Y el hecho de que una comunidad autónoma ostente la competencia sobre un subsector económico, asumida como exclusiva en su Estatuto, "no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector". Es más, puede condicionar el ejercicio autonómico de dicha competencia, "siempre que el fin perseguido —por la medida estatal— responda efectivamente a un objetivo de planificación económica".

El hecho de que la Constitución asigne a los poderes públicos una tutela de los sectores afectados por procesos de modernización no es una 'boutade' legislativa, sino que tiene que ver con un principio de más calado que hay que vincular a las constituciones posteriores a 1945 en Europa, que entendían que para garantizar la cohesión social y hacer efectivo el Estado de derecho era necesaria la participación activa de los poderes públicos en la actividad económica.

El ministro Ábalos, sin embargo, ha hecho de su capa un sayo y se ha lavado las manos, y en términos políticos ha conseguido esquivar el problema con notable éxito. Taxistas y conductores de VTC, por distintos motivos, arremeten estos días contra los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña, como si el Ministerio de Fomento no tuviera nada que ver con el conflicto. Ayer mismo, la sede de Ferraz del PSOE era un desierto, mientras que Génova 13 era un hervidero de taxistas pidiendo la cabeza del presidente madrileño, Ángel Garrido, que no se juega nada en el envite ya que Pablo Casado le ha retirado de la carrera electoral.

Si Fomento se esconde tras las comunidades autónomas oculta, en realidad, un problema de mucha mayor enjundia, que tiene que ver con la adaptación de muchos sectores industriales a la digitalización de la economía, lo que explica que la ministra de Industria, Reyes Maroto, esté buscando soluciones para evitar abruptos procesos de ajuste, por ejemplo en el automóvil, que se beneficiará del relanzamiento del contrato de relevo (también en otros sectores).

El hecho de que sea la Administración central quien legisle no significa, de ninguna manera, que quiera ningunear a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Por el contrario, la creación de una mesa multisectorial que convoque a todos los sectores afectados garantizaría que la movilidad en las grandes ciudades —un asunto cada vez más relevante— no se convierta en un ariete partidista, con todo lo que ello supone. Sobre todo teniendo en cuenta que el conflicto no ha hecho más que comenzar y se agravará en la medida en que penetren las nuevas tecnologías, que pronto convertirán en obsoletos avances que hoy se ven como 'lo último'.

Mientras Tanto
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