¿Un rejonazo a las pensiones de viudedad?

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha reabierto el melón de un asunto que aparece con cierta periodicidad en el debate público, y que tiene que ver con el futuro de las pensiones de viudedad. No es una cuestión menor. En la actualidad, perciben una prestación de esas características más de 2,36 millones de personas, y de ellas, en las nuevas altas, el 88% son mujeres. Esto supone un desembolso de 1.605 millones de euros al mes. Es decir, unos 22.470 millones de euros al año (por catorce pagas). Por lo tanto, prácticamente uno de cada cuatro euros que gasta la Seguridad Social en pensiones se destina a viudedad.

Lo que ha dicho Granado es que hay que vincular las nuevas pensiones por fallecimiento del cónyuge -no las que están hoy en vigor- a la renta de los beneficiarios. Y para justificarlo, ha argumentado que dado que en algunos casos las personas viudas perciben un salario muy superior al del cónyuge fallecido (sobre todo en el caso de los hombres) “no parece razonable que se siga incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la familia”, sostiene Granado.

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Es decir, expresado de otra forma, que si un hombre se queda viudo (normalmente con la pensión más elevada habida cuenta de que ha podido completar una carrera laboral más extensa y con mejores bases de cotización), no percibirá una pensión de su esposa si ésta fallece. O. al menos, se aplicaría un coeficiente reductor.

Aunque la incorporación de la mujer al mercado laboral es relativamente reciente, parece obvio que en las próximas décadas cada vez más mujeres habrán acreditado sus derechos a cobrar una pensión, y de ahí que la Seguridad Social intente ponerse la venda antes que la herida.

No en vano, hace 40 años —al comienzo de la democracia— apenas 3,57 millones de españolas tenían un empleo remunerado, lo que suponía solo el 28,3% de la ocupación total. Cuatro décadas después, y debido a la incorporación de las mujeres al trabajo, hay ya 8,91 millones de ocupadas, lo que representa el 45% del empleo. Es decir, su participación en el mercado laboral ha subido de forma notable en los últimos años, lo que explica que también aumente su derecho a percibir una pensión contributiva.

Derechos adquiridos

No hay que olvidar que la pensión de viudedad es prácticamente la única del sistema que es compatible con cualquier renta de trabajo del beneficiario. Incluso, con la pensión de jubilación o incapacidad permanente, lo que da idea de que se trata de una singularidad en el sistema de protección social español. Sin duda, porque se trata de una prestación contributiva (no tiene carácter asistencial) habida cuenta de que el trabajador fallecido ha cotizado, y, por lo tanto, su viuda o viudo tiene derechos adquiridos.

Ni que decir tiene que la medida tiene como principal objetivo reducir las tensiones financieras de la Seguridad Social, que en 2018 habrá acumulado (los resultados definitivos se conocerán la próxima semana) un déficit equivalente a unos 19.000 millones de euros.

La medida que propone Granado, a priori, tiene cierta lógica. Parece evidente que en un contexto de restricciones presupuestarias, carece de sentido acumular dos pensiones del sistema público de protección social, máxime cuando el beneficiario es, al mismo tiempo, quien disfruta de una pensión mayor. O, incluso, está en activo. Normalmente, el hombre porque ha podido cotizar más años y por tipos más elevados.

Lo que ha dicho Granado es que hay que vincular las nuevas pensiones por fallecimiento del cónyuge a la renta de los beneficiarios

Esa lógica, sin embargo, choca frontalmente con la esencia del sistema contributivo, que se basa en el reconocimiento de lo cotizado, toda vez que -en teoría- estamos ante un modelo de reparto en el que los activos actuales pagan las pensiones de los que están en situación de retiro, por las circunstancias que sean. Y la prueba del nueve es que es el propio Estado quien se encarga de separar presupuestariamente las fuentes de financiación. Mientras que las pensiones no contributivas (o los complementos de mínimos -7.336 millones-) se financian con impuestos, las que tienen el carácter de contributivas se cubren con cotizaciones. Y si hay déficit, con deuda pública, como sucede ahora.

Eso quiere decir que la propuesta de Granado choca con una contradicción fundamental: las pensiones de viudedad, cuando fueran concurrentes, dejarían de ser contributivas y pasarían a formar parte del sistema asistencial. Es decir, que el beneficiario dependería de la voluntad del gobierno de turno.

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Hay quien sostiene que esta realidad ya existe, toda vez que al tratarse de un pensión que el viudo o la viuda cobra sin haber cotizado personalmente por ello, no tiene sentido mantenerlas dentro del perímetro de ámbito contributivo. Pero también es verdad que sacar a casi 2,5 millones de pensiones de viudedad del sistema contributivo situaría a sus beneficiarios en el ámbito discrecional del Gobierno de turno. Para lo bueno y para lo malo.

Y lo que no es menor relevante. El sistema de protección social perdería el carácter de 'seguro' elaborado con métodos actuariales. Toda la vida trabajando, y al final el heredero (el cónyuge) no cobraría nada.

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O expresado de otra manera. Sería lo mismo que pasar del modelo Bismarck, en el que se pretendía sustituir un ingreso por otro (el último salario y la primera pensión) al modelo Beveridge, que se basa en el diseño de un esquema asistencial que garantiza un mínimo de ingresos independientemente de que se haya cotizado o no.

No es un tema menor, pero, desgraciadamente, la incapacidad del sistema político para encauzar los debates -el pacto de Toledo ha estado tres años reunidos y no ha sacado ninguna conclusión- hace que cada Gobierno dé palos de ciego. Pero lo que es seguro es que sacar a las pensiones de viudedad del ámbito del sistema contributivo no será neutral. Todo lo contrario.