Alguien está engañando a Pablo Casado

Casado ha pisado un charco. Aunque ha intentado esquivarlo, su propuesta de rebajar el SMI a 850 euros ha pinchado en hueso. Sería ilegal, incluso aunque se aplicara en el futuro

Foto: El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. (EFE)
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. (EFE)

En 'La voz de la primera plana', una vieja película de periodistas dirigida por Samuel Fuller (no confundir con la que dirigió dos décadas después Billy Wilder), un viejo periodista curtido en mil redacciones es interpelado por un chiflado a quien obsesiona la necesidad de llamar la atención.

Su trastorno llega al extremo de que el ofuscado personaje le pregunta en una ocasión al veterano plumilla removedor de basuras, digno representante de los célebres 'muckraker' de la mejor época del periodismo: ¿qué hay que hacer para salir en un periódico? La respuesta del sagaz periodista, forjado en los tiempos heroicos del periodismo de investigación, no deja lugar a dudas. “Roba un banco o tírate por el puente de Brooklyn”. Dicho y hecho. Al día siguiente, todos los periódicos de la legendaria calle Park Row titulaban de la misma manera: 'Un hombre se tira del puente de Brooklyn'. El pobre desgraciado salvó la vida, pero no se libró de una pulmonía curada con whisky de Kentucky.

Alguien está engañando a Pablo Casado

Pablo Casado aún no ha pillado ninguna pulmonía, pero comienza a sucederle algo parecido. Su obsesión por llamar la atención haciendo de la política una hipérbole continua le ha hecho pisar uno de los charcos más profundos en los que puede caer un dirigente político en una campaña electoral: los salarios. Y aunque posteriormente ha rectificado, queda para la historia su tentativa inicial de revisar el SMI para que los trabajadores peor pagados pasen de cobrar un mínimo de 900 euros (como se aprobó en diciembre pasado) a 850 euros (lo pactado entre el Gobierno de Rajoy y los agentes sociales).

La propuesta en sí no tiene la menor importancia. Simplemente, porque es imposible de llevar a la práctica. Entre otras cosas, porque el real decreto que aprobó el Gobierno en su día no es ejecutivo. O lo que es lo mismo, no sirve para nada si, posteriormente, su contenido no se traslada a los convenios colectivos, que es un ámbito de negociación exclusivo —como no puede ser de otra manera— de empresarios y representantes de los trabajadores. Y es un hecho que ese incremento del 22,3% ya se ha trasladado a la negociación colectiva, lo que convierte en papel mojado cualquier vuelta atrás. No se pueden bajar los sueldos del sector privado por decreto.

Sobre todo, cuando aproximadamente el 90% de los trabajadores asalariados está amparado por un convenio colectivo, ya sea en el ámbito de la empresa, de sector o de territorio. Es decir, los 900 euros ya están vigentes y no hay marcha atrás, toda vez que los derechos (en este caso, salariales) se consolidan, salvo que una empresa, por circunstancias económicas, negocie con los sindicatos una reducción de salarios, como sucedió en muchas de ellas durante la crisis. Pero siempre que lo acredite ante la autoridad laboral y siempre por una situación económica debidamente justificada, lo que le permite, por ejemplo, descolgarse del convenio.

Discriminación salarial

Es más, como sostiene un afinado experto laboral, incluso aunque se rebajara su cuantía hasta los 850 euros, su eficacia sería nula. Entre otros motivos, porque existiría una evidente discriminación salarial. Unos trabajadores cobrarían cantidades distintas por realizar funciones idénticas, lo cual es algo más que recurrible en un modelo de relaciones laborales de carácter tuitivo. Es decir, que tiende a proteger a la parte más débil del contrato de trabajo (que es el empleado).

Cosa distinta sería que Pablo Casado hubiera propuesto recuperar el viejo sistema (derogado en tiempos de Aznar) que diferenciaba la cuantía del SMI en función de la edad. Es decir, volver al sistema en el que los menores de 18 años cobraban una cantidad inferior a la que percibían los mayores de esa edad.

Ese sistema se abandonó hace dos décadas porque era discriminatorio, y desde entonces nadie lo ha reivindicado. Y menos en campaña electoral. Entre otras cosas, porque el impacto del SMI sobre la economía global es muy limitado, ya que afecta a no más de 300.000 o 400.000 trabajadores. Otra cosa es que en determinadas regiones o empleos de muy baja cualificación la subida del 22% tenga un efecto evidente. Como sostiene un experto laboral: lo que mata no es la bala, sino la velocidad con que sale de la boca de fuego.

La creación de una nueva categoría salarial, en cualquier caso, introduciría un factor de inestabilidad en las empresas, ya que sería volver a las dobles escalas que han merecido continuos reproches por parte del Tribunal Constitucional.

Como ha señalado el TC de manera reiterada —la última sentencia es de 2017—, la distinta fecha de ingreso en la empresa, por sí sola, “no puede justificar un modo diferente de valoración de la antigüedad en el convenio de un grupo de trabajadores respecto del otro”. Esto sería lo mismo, continúa el TC, que aceptar la lógica del “trato peyorativo” por el mero hecho de acceder más tarde al empleo, lo cual no tiene ningún sentido jurídico. Sobre todo, como recuerda el garante de la Constitución, cuando el recién contratado (con un salario más bajo) tiene menor capacidad de negociación y, por ello, “se deriva que se enmascara una infravaloración de su condición y de su trabajo”.

Convendría que alguien le hiciera llegar la sentencia al candidato Casado para no acabar bajo las heladas aguas del East River y pille una pulmonía electoral.

Mientras Tanto

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