En elecciones, siente a un pensionista a su mesa

Es muy conocido que la idea de sentar a un pobre en la mesa por Navidad fue puesta en circulación en los años cincuenta por el franquismo, un régimen ciertamente paternalista, para provocar un sentimiento de caridad cristiana hacia los más necesitados “en fechas tan señaladas”, como se decía por entonces.

La idea tuvo indudable éxito y años después Berlanga, con guion de Rafael Azcona, dirigió un monumento cinematográfico que responde al nombre de 'Plácido'. La película luchó contra la censura, pero finalmente salió adelante con un claro mensaje. En realidad, quienes invitaban a un pobre a sentarse a la mesa por Navidad lo que pretendían era lavar su conciencia pequeño-burguesa.

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Algo parecido sucede con la política de revalorización de las pensiones, que, como los pobres, vuelve a casa por Navidad. En este caso, cada vez que se celebran elecciones generales, cuando el partido gobernante, ya sea el PSOE o el PP, promete a los casi nueve millones de pensionistas (la cuarta parte del censo electoral) mantener el poder adquisitivo de sus pensiones.

El último en sumarse a la cena de Navidad de las pensiones ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha prometido que si gobierna tras el 10-N revalorizará la renta de los pensionistas de acuerdo al incremento real del coste de la vida medido a través del IPC. La oposición, por su parte, siguiendo al pie de la letra el ritual de las pensiones, ha acusado a la Moncloa de actuar por razones electorales. Sobre todo, teniendo en cuenta de que es muy probable que el Gobierno siga en funciones el último Consejo de Ministros de diciembre, que es cuando debe aprobarse el real decreto-ley de revalorización de las pensiones (el año pasado, se publicó en el BOE el día 29).

Si un sueco, por poner un ejemplo, llegara a Madrid a seguir la campaña electoral, lo primero que haría es preguntarse por qué si los dos partidos que han gobernado este país desde 1982 están de acuerdo en que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, no lo han convertido en ley o, incluso, no lo han blindado constitucionalmente, cuando la suma de los diputados de ambos partidos les ha garantizado históricamente una holgada mayoría absoluta. Probablemente, porque ambos intentan capitalizar electoralmente la actualización de las pensiones.

Lo segundo que le chocaría al nórdico es la insistencia de fijarse en la revalorización en un contexto de muy baja inflación. Algunos datos lo dejan negro sobre blanco. Desde el año 2012, el IPC nunca ha superado la tasa del 2%, pero es que en tres ejercicios, entre 2014 y 2016, la inflación media fue negativa. Es decir, que incluso con la subida del 0,25% que fijó la reforma del Partido Popular, que el propio PP derogó, las pensiones ganaron poder adquisitivo.

El pavo de Navidad

Para hacerse una idea de la baja inflación en que vive la economía española (los bancos centrales suspiran por que suba el IPC y han puesto en circulación políticas monetarias ultraexpansivas), basta hacer unos cálculos. Si la pensión media del sistema se sitúa en alrededor de 1.000 euros mensuales, el 1% (por encima, incluso, de lo que sube ahora el IPC medio anual) son 10 euros, lo que multiplicado por 14 pagas da como resultado 140 euros adicionales en el conjunto del año. No parece que sea un gran pavo de Navidad de esos que se llevaban a la mesa los pobres de la mirada ácida y divertida de Berlanga.

Lo tercero que le sorprendería al sueco es la insistencia en fijarse en la revalorización de las pensiones en lugar de observar las cuentas en conjunto del sistema público de pensiones, que cada año debe financiarse acudiendo a los mercados a través del Tesoro Público, que es quien opera en nombre del Estado. Obviamente, por los cuantiosos déficits que genera el sistema y que este año alcanzarán, como reconoce el Gobierno, los 17.431 millones de euros, por lo tanto, el 1,4% del PIB.

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Lo que dejaría estupefacto al sueco es que en lugar insertar la revalorización en una cuestión de mayor envergadura, como es la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo, cuando hoy por hoy, junto a los impuestos, se trata del mayor instrumento de cohesión social, no se tenga en cuenta la situación financiera del conjunto del sistema. No parece que la utilización de las pensiones por razones electorales, precisamente uno de los objetivos que pretendía evitar el Pacto de Toledo, sea ajena a este comportamiento.

Pero lo que le sorprendería todavía más es que a pesar de que el sistema español sea de reparto, es decir, que se basa en un pacto intergeneracional entre quienes cotizan porque tienen un empleo y quienes han alcanzado la edad de jubilación, apenas se tengan en cuenta las variables financieras a la hora enfrentarse a la revalorización anual de las pensiones. Máxime, cuando el sistema tiene otra característica, es de carácter contributivo. Es decir, que se cobra en función de lo cotizado, sin que los precios se coman la pensión. Como se ve, problemas menores. Lo importante son los votos.