Cataluña, año cero: la hora de los valientes

13/10/2019 05:00

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Hace unos días, Boris Johnson, el primer ministro británico, advirtió en la carta que envió al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que un Brexit sin acuerdo sería lo mismo que un "fracaso de la política". Fracaso, decía Johnson, del que "todos seríamos responsables".

No es, por supuesto, un comentario original. Ni siquiera agudo. La idea del fracaso de la política a la hora de abordar determinados asuntos es tan vieja como la propia política. Hasta el punto de que es archiconocida la reflexión que hizo hace dos siglos von Clausewitz en la que sostenía que la guerra no era otra cosa que "la continuación de la política por otros medios".

También lo es la judicialización de asuntos públicos que deben resolver los políticos. Es lo mismo que esconderse tras las togas cuando no hay suficiente inteligencia para atajar problemas que se dejan crecer por la incuria o la deslealtad del sistema de representación.

El autogobierno, en todo caso, es un instrumento útil, que no tiene marcha atrás salvo que se quieran sacar a pasear nuestros viejos fantasmas

Y política es lo que ha faltado en los últimos años a cuenta de la cuestión catalana, un asunto que este país viene arrastrando desde hace siglos, y que la Constitución de 1978 encauzó de manera certera con un diseño territorial homogéneo, el célebre café para todos, que, sin embargo, cuenta con evidentes asimetrías, como los sistemas forales o el régimen fiscal canario; pero que, al tiempo, es capaz de recoger algunas de las singularidades de este país.

Aunque todas las regiones que accedieron a la autonomía por el artículo 143 (la vía lenta) tienen en teoría el mismo techo competencial que las que lo hicieron por la vía rápida (151), algunas, como Cataluña, que se acogió a la disposición transitoria segunda junto a Galicia y País Vasco, cuentan con policía autonómica, prisiones o un código civil propio amparado por la Constitución. Y unas, lógicamente, están más orgullosas que otras a la hora de valorar el sistema autonómico. El autogobierno, en todo caso, es un instrumento útil, como el reconocimiento de las lenguas cooficiales, que no tiene marcha atrás salvo que se quieran sacar a pasear nuestros viejos fantasmas nacionales.

Es probable que a las puertas de la sentencia del 'procés' sea ya demasiado tarde para seguir mirando para atrás buscando responsables, o culpables, como se prefiera, sobre lo que ha pasado en Cataluña desde la sentencia del Estatut de julio de 2010, que recortó un texto aprobado en referéndum en Cataluña por la mayoría de ciudadanos. Y que tiene su antecedente en aquel imprudente compromiso de Zapatero de dar por bueno todo lo que le llegara del Parlament. Eso unido a la deslealtad de los independentistas con una democracia que ha permitido recuperar sus instituciones, es lo que explica un triste episodio de la historia reciente de España que está lejos de acabar.

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Razones identitarias

Conviene recordar, en todo caso, que algo ha fallado cuando la vieja burguesía catalana, representada por Convèrgencia, se echó al monte, junto a una parte de la izquierda que priorizó razones identitarias a las de justicia social, en busca de una quimera que ni España, ni siquiera la comunidad internacional, estaban en condiciones de aceptar, toda vez que los nacionalismos, junto al populismo, en todas sus variantes, son los viejos demonios del periodo de entreguerras que ninguna democracia sensata está dispuesta a revivir.

El daño está hecho, más allá del coste de oportunidad que supone para un país haber entrado en un largo periodo de incertidumbre política

Alguien engañó al pueblo haciéndole creer que eso era posible, pero no era más que una inmensa mentira. Pero también alguien lo engañó convirtiendo a Cataluña en un suculento botín electoral —ahí está la loca carrera para ver quién impone antes el artículo 155— para ganar votos en el resto del país, lo que en nada ha ayudado a resolver un problema que se le ha ido de las manos al sistema político.

El daño, en todo caso, está hecho, más allá del coste de oportunidad que supone para un país haber entrado en un largo periodo de incertidumbre política, precisamente, por la pérdida de la centralidad que se le debe exigir al sistema político, con clara tendencia a irse a los extremos buscando no se sabe muy bien qué.

Y el mejor exponente de esa tendencia es la guerra civil que viven los nacionalistas catalanes en busca de la hegemonía interna del independentismo, lo que tensa innecesariamente la cuerda ante el temor de que ERC o los descendientes políticos de Pujol sean llamados 'botiflers'. Ese disparate que una parte de los independentistas llama 'Tsunami Democràtic' es la mejor expresión de esa confrontación interna que hoy existe en Cataluña, y que recuerda, desgraciadamente, a la guerra civil, cuando unos querían hacer la revolución en medio de la contienda. Al final, ni hubo revolución ni se ganó la guerra.

Independentistas

El daño, como se ha dicho, está hecho. Basta recordar que en 2010, en el momento de la sentencia del Estatut, según el Centro de Estudios de Opinión (el CIS catalán), un 24,3% de los catalanes creía que Cataluña debería ser un Estado independiente, pero ahora ese porcentaje alcanza el 34,5%, después de haber tocado techo en junio de 2013, cuando tras las grandes movilizaciones con ocasión de la Diada, casi la mitad (el 48,5%) reclamaba la independencia. En todo caso, lo que no deja lugar a dudas de que muy cerca del 50% de los electores (el 47,4%) votó a una opción independentista en los últimos comicios.

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Se trata, por lo tanto, de un fenómeno que no tiene nada de pasajero y que no está solo vinculado al comportamiento de las élites, como a veces se ha querido ver, sino que ha venido para quedarse. Que nadie piense que Cataluña (cerca del 20% del territorio) no seguirá marcando la agenda política tras la sentencia.

Entre otras cosas, como ha escrito Lluís Rabell, "porque el desorden global, el inicio de una nueva fase de recesión en la economía mundial, las incertidumbres que pesan sobre Europa… seguirán favoreciendo las tendencias a los repliegues nacionalistas e identitarios". Y en Cataluña, no se olvide, existe una alianza tácita, con fuertes elementos simbólicos, entre las comarcas del interior, con un comportamiento claramente endógeno basado en la idiosincrasia propia, y las nuevas élites profesionales que han desbordado a la vieja burguesía de la Lliga.

Un tercio de los catalanes se declara independentista, pero es que un 61% considera que la autonomía es "insuficiente"

Es por eso por lo que un tercio de los catalanes se declara independentista, pero es que un 61% considera que la autonomía es "insuficiente". De ahí que la inmensa mayoría, el 81%, apueste por "una política de diálogo y negociación", que es justo lo contrario al rosario de impugnaciones y recursos que saturan el Constitucional desde las dos partes.

Los jueces han hablado

Aquí está la clave. "Diálogo y negociación" es la única salida posible después de que la sala de lo penal del Tribunal Supremo dicte sentencia. Sin duda, mediante la actualización del pacto territorial de 1978, al que se le han roto muchas de sus costuras.

Obviamente, porque el tiempo todo lo arruga, pero también porque en demasiadas ocasiones ciertos partidos han renegado del mandato constitucional, que deja bien claro un modelo autonómico que necesariamente debe ser revisado cada cierto tiempo. En particular, todo lo relacionado con las instituciones encargadas de coordinar un modelo territorial cuasi federal, como es el español, lo que exige lealtad al Estado, que en última instancia es el garante de las libertades.

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El paradigma de filtración de una sentencia del Supremo fue la que se produjo con la de la condena de Alfredo Sáenz, consejero delgado del Santander en 2011, pendiente de resolución firme

La justicia ha hecho su trabajo, y ahora son los políticos los que deben hacer el suyo. Como ha expresado Vargas Llosa, poco sospechoso de bailarle el agua a los independentistas, en una entrevista en 'La Vanguardia', "mientras Cataluña forme parte de España, todas las concesiones son legítimas". Incluso, atendiendo a las circunstancias penales de los condenados, como, por cierto, ampara la Constitución.

El poder judicial, que también en una fuente del derecho como una ley, está a punto de hablar y ahora es el turno de la política. Ni impunidad ni venganza, como ha afirmado con acierto Joan Coscubiela.