Bienvenidos a la nueva lucha de clases

En octubre de 2017, hace apenas dos años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en circulación un ‘paper’ en el que advertía de que los niveles excesivos de desigualdad podían “erosionar la cohesión social, conducir a la polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico”.

El documento pasó sin pena ni gloria. Probablemente, porque en aquel momento la economía mundial crecía un 3,7% (la tasa más elevada desde 2011), y nada hacía prever una intensificación de la guerra comercial iniciada por Trump, y que, por entonces, despuntaba. Hoy, no hay que decirlo, la desigualdad está en el centro del debate, aflorada por los sucesos en Latinoamérica (Chile, Argentina, Ecuador…), pero también en Europa, donde la ultraderecha y otros populismos están socavando el sistema de clases medias heredado del pacto social surgido después de 1945.

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Es evidente que el FMI llegaba tarde a la discusión sobre la desigualdad, pero aquel documento era relevante porque procedía de una institución históricamente ajena a ese tipo de preocupaciones, aunque bien es verdad que en los últimos años su producción analítica ha crecido con fuerza.

El FMI, de hecho, partía de una consideración: “Cierto grado de desigualdad es inevitable en un sistema económico de mercado”, pero dicho esto alertaba sobre la existencia de una “desigualdad excesiva” que pudiera enfrentar internamente a sociedades vulnerables. En particular, a las de economías emergentes.

Aunque los economistas del fondo reconocían que, en las últimas décadas, la desigualdad mundial, medida entre todos los ciudadanos del planeta, haciendo abstracción de las fronteras nacionales, viene disminuyendo gracias al “vigoroso aumento del ingreso en algunas economías de mercados emergentes grandes, como China e India”, su interpretación era inquietante para los países ricos. “La desigualdad de ingresos”, sostenía, “es más marcada en la mayoría de las economías avanzadas”.

Polarización de ingresos

Para llegar a esa conclusión, tiraba de investigaciones propias que demostraban que una mayor desigualdad puede inducir a los hogares de ingresos bajos y medianos a endeudarse excesivamente, lo cual, sostenía, “puede desencadenar a la larga una crisis”. Y se ponía como ejemplo a EEUU, donde la polarización de ingresos desde el año 2000 “ha tenido un impacto negativo en la economía y ha frenado el principal motor de crecimiento: el consumo”. La crisis de la 'subprime', en ese sentido, no fue más que un episodio de alto endeudamiento por parte de familias que no estaban en condiciones de devolver los préstamos.

La influencia de la desigualdad sobre el consumo, sostenía el FMI, tenía que ver con un hecho muy acreditado por la literatura económica. La propensión al consumo es mayor entre las rentas bajas que entre las altas, y cuando una pequeña porción de ciudadanos acumula mucha riqueza (el célebre 1% que suelen esgrimir muchos economistas frente al 99% restante), el consumo agregado de los hogares (que en el caso español representa el 57,3% del PIB) se debilita.

Expresado en román paladino, y trasladado también a España: Amancio Ortega no está en condiciones de consumir, por razones obvias, lo mismo que un millón de españoles.

Lo mismo ocurre a nivel territorial. Cuando la riqueza tiende a concentrarse en determinadas regiones (Alemania y el norte de Europa) el resto de territorios tiende a empobrecerse. Máxime cuando carecen de los instrumentos de política económica de los que han tirado en situaciones de emergencia, como las devaluaciones de la moneda para aganar competitividad.

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Alemania, por ejemplo, acredita imponentes superávits, tanto fiscales como exteriores, mientras que otros países del mismo área monetario lucen abultados déficits. Un desequilibrio que lejos de reducirse se ensancha en la medida en que los países más saneados son también los que están en condiciones de aprovechar mejor el efecto multiplicador que tienen las inversiones (públicas y privadas) sobre la economía.

Descontentos sociales

Lo mismo sucede, incluso, dentro de los propios países ricos. Las diferencias regionales (véase el este y el oeste de Alemania) tienden a crecer, lo que genera descontentos sociales que se canalizan políticamente hacia los extremos. Es decir, diferentes tipos de desigualdades que hoy son mucho más complejas que las históricas derivadas de la obtención de diferentes niveles de renta.

Este es el caso, por ejemplo, del efecto que tienen las políticas monetarias ultraexpansivas sobre la desigualdad. Está ampliamente demostrado que crece la desigualdad cuando se aumenta de forma artificial (la expansión cuantitativa) el precio de los activos financieros.

La razón es muy simple. Ese tipo de activos son, sobre todo, poseídos por los más ricos. Algunos estudios muestran que en EEUU el 10% de la población posee el 85% de las acciones y fondos de inversión. Es decir, colectivos que, a menudo, también obtienen buena parte de sus rentas de los precios de la vivienda, que tienden a subir porque muchos inversores han convertido un piso en un activo financiero.

Es evidente que cualquier comparación mecánica entre lo que sucede en el subcontinente americano y Europa carece de sentido, pero hay elementos comunes que tienen que ver con factores como los avances tecnológicos, el cambio climático, las políticas fiscales regresivas o la productividad, aspectos que están influyendo en la rebelión de amplios sectores que se sienten maltratados por el reparto de la riqueza, lo que ha provocado, en palabras del FMI, “crecientes tensiones sociales y políticas”. Una manera suave de decir que el sistema económico tiene sus límites.

El propio FMI alerta en su reciente informe de perspectivas de la economía mundial que, en promedio, “las regiones rezagadas tienen peores resultados en materia de salud, menor productividad laboral y mayor proporción de empleo en los sectores de la agricultura y la industria que otras regiones dentro del mismo país”. Es decir, que la desigualdad exacerbada, la que no es inherente al propio sistema económico, ya no tiene que ver solo con la distribución primaria de la renta (los ingresos), sino con factores estructurales.

Más protección social

De forma intuitiva se podría pensar que los llamados ‘shocks’ comerciales (la competencia con los países más competitivos por sus bajos salarios) estarían detrás de este ensanchamiento de la desigualdad, pero los economistas han encontrado otro factor más relevante. Los llamados ‘shocks’ tecnológicos, representados por la caída de los costes de los bienes de capital en maquinaria y equipos, elevan el desempleo en las regiones que son más vulnerables a la automatización, perjudicando especialmente a las regiones retrasadas más expuestas. Es decir, también son los avances tecnológicos los que explican un cierto regreso a la lucha de clases del XIX y la primera mitad del siglo XX.

¿Qué recomiendan los economistas del FMI para compensar, al menos, este aumento de la desigualdad? Pues fomentar la creación de mercados más abiertos (mayor competencia) y, al tiempo, proporcionar una “robusta red de protección social”. Es decir, justamente lo que no han hecho ni Macri en Argentina (otro político que piensa que un Estado se gobierna como una empresa privada) ni Sebastián Piñera, en Chile.

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No ha ocurrido lo mismo en México, donde el gasto social ha paliado en parte el ensanchamiento de la desigualdad primaria de rentas y el aumento de la pobreza. Tampoco en Bolivia.

Como ha puesto de relieve el propio FMI (poco sospechoso de ser un aliado estratégico de Evo Morales) el país andino tenía comienzos de siglo uno de los niveles más altos de desigualdad del ingreso en América Latina. Cuando los precios de las materias primas se dispararon, Bolivia registró una marcada disminución de la desigualdad que situó al país en el medio del escalafón regional. Pero con el “afán de preservar los avances”, como ha recordado el fondo monetario, el Gobierno se propuso entender las causas de esa disminución y formular políticas que atajaran el repunte de la desigualdad a raíz del reciente descenso de los precios de las materias primas.

¿El resultado? La desigualdad ha disminuido porque la riqueza derivada de las exportaciones de materias primas había sido compartida con el resto de la economía a través de una mayor inversión pública, transferencias sociales y un aumento del salario mínimo. Un aviso para navegantes.