La precariedad mata: el intento de suicidio de Anas K.

El pasado ocho de noviembre, en Lyon, un joven estudiante de ciencias políticas, muy activo en el sindicato Solidaires, intentó suicidarse prendiéndose fuego para protestar contra la precariedad en la que viven muchos jóvenes franceses. Anas K., que sufre quemaduras en el 90% de su cuerpo, no eligió al azar el lugar. Lo hizo ante un centro oficial encargado de ofrecer asistencia social a los estudiantes.

Anas K. (22 años) dijo en su cuenta de Facebook que culpaba a Macron, Hollande, Sarkozy y a la Unión Europea “por matarme creando incertidumbre sobre el futuro de todos". También acuso a Le Pen y a los medios por crear miedo en lugar de procurar mejorar el sistema universitario. Recordó, asimismo, que su subvención mensual de 450 euros, que le permitía vivir, había sido revocada porque inició un segundo año de licenciatura por tercera vez.

El joven, ha conocido la prensa francesa, vivió hasta el pasado verano en una habitación de estudiantes en un edificio insalubre "con cucarachas, chinches y humedad", dijo uno de sus compañeros a 'Le Parisien'. El sindicato de estudiantes ha calculado que la mitad de los universitarios franceses tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo para sobrevivir, ya que el Estado ha recortado las ayudas, haciendo más onerosa la Universidad. Algunos estudios han acreditado que el rendimiento escolar es peor cuando el estudiante tiene que compatibilizar clases y trabajo, normalmente en horarios intempestivos.

La mitad de los universitarios franceses tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo para sobrevivir, ya que el Estado ha recortado las ayudas

Tras el acto, los estudiantes se han movilizado en las redes y han creado el 'hashtag' #LaPrecariteTue (la precariedad mata) que desembocará en una huelga general el 5 de diciembre en todo el país, y que coincidirá con la convocada por los sindicatos contra la reforma de las pensiones de Macron. Hace unos días, y en el marco de las protestas, decenas de estudiantes irrumpieron en la Universidad de Lille en un acto en el que participaba el expresidente Hollande rompiendo públicamente su último libro.

Vivir y estudiar

El Ministerio de Educación Superior ha recordado, sin embargo, que el Estado gasta 5.700 millones de euros al año en asistencia social para estudiantes, "más que el presupuesto de Asuntos Exteriores" y que el 40% de los estudiantes universitarios, más de 700.000, reciben ayudas sociales por dificultades económicas que no les permiten emprender o continuar sus estudios superiores.

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Las ayudas, sin embargo, son insuficientes (234 euros de media) y no bastan para financiar una residencia (una habitación o un estudio de menos de 20 metros cuadrados) y, al mismo tiempo, pagarse la comida o vivir con decencia. Una habitación cuesta a un estudiante en promedio 80 euros al mes y un estudio equipado de 18 m2, entre 150 y 200 euros al mes, según el centro nacional para ayudas estudiantiles, Crous, el lugar, precisamente, en el que Anas K. intento suicidarse.

La precariedad no es un asunto nuevo. Como ha recordado* el profesor Rafael Muñoz de Bustillo, ya Engels, en 1845, decía que “mucho más desmoralizador que la pobreza es el efecto que tiene sobre los obreros ingleses la incertidumbre sobre su situación vital”. Mientras los campesinos en Alemania eran pobres y a menudo sufrían estrecheces, decía el pensador germano, su situación era mejor ya que, al menos, no dependían del azar, sino de su trabajo.

La incertidumbre y la precariedad, que no solo se circunscriben al ámbito laboral, son las dos caras de una misma moneda. Y el caso de Anas K. no es más que una señal de que algo está fallando. Como han puesto de relieve algunos estudiosos, el problema de fondo no es tanto que Francia no destine suficientes recursos a la asistencia social de los estudiantes, o que se despreocupe de las universidades. Al contrario, Francia es uno de los países que más gastan, pero el problema es la desbordante sensación de que la universidad ha segregado entre quienes pueden pagarse una buena licenciatura (en centros privados) y entre quienes no tienen más remedio que acudir a centros públicos, dotados de menos recursos y, por ende, menos útiles para encontrar un empleo.

La universidad se ha segregado entre quienes pueden pagarse una buena licenciatura en centros privados y entre quienes acuden a centros públicos

La cualificación profesional, por lo tanto, ya no garantiza un empleo decente, sino que depende de las redes sociales que cada familia sea capaz de tejer en un mercado laboral cada vez más fragmentado y estratificado por clases. Y las más pobres, en este sentido, tienen todas las de perder.

Francia no es una isla en el descontento. En países como España aún no ha estallado una revuelta similar, pero ya existen condiciones objetivas que la hacen posible. Y es probable que, cuando se produzca, la historia tiende a repetirse, el sistema político habrá llegado, de nuevo, demasiado tarde.

La precariedad, de hecho, ya no se explica por la crisis, que ha sido el discurso que durante años se empleó para justificar la temporalidad, sino que tiene un carácter permanente, estructural. La generación mejor preparada, como se repite de forma tópica, es, a la vez, la que sufre más angustia por un futuro incierto que impide su emancipación.

Nada indica que el futuro será mejor para los que hoy estudian, y que, afortunadamente, son muchos. Nada menos que el 88% de la población de 16 a 19 años y el 58% de la población de 20 a 24 años cursaba estudios al cierre de 2017, según un informe de CCOO, porcentajes muy superiores a los que había una década antes.

Muchos jóvenes observan cómo los ascensores sociales, esos que procuraban la igualdad de oportunidades, se han averiado

Algunos datos, sin embargo, dan cuenta de la situación de precariedad e incertidumbre -una mezcla que puede llegar a ser explosiva- en que viven muchos jóvenes que ven cómo los ascensores sociales, esos que procuraban la igualdad de oportunidades, se han averiado. Entre otras cosas, porque los estados de bienestar nacidos desde 1945 son incompatibles con la competencia de los países emergentes y con la elusión fiscal en la que vive la nueva economía digital, cuyo rendimiento no pasa por las haciendas nacionales.

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La Agencia Tributaria acaba de publicar que la renta medial anual de los jóvenes asalariados entre 18 y 25 años se situó el año pasado en 6.881 euros. Pero es que en el caso de quienes tienen entre 26 y 35 años (ya más integrados en el mercado laboral) apenas alcanza los 15.731 euros al año. Ambos colectivos suman algo más de seis millones de asalariados, casi la tercera parte de la fuerza laboral. Lo llamativo no es sólo la cifra, sino que es, incluso, inferior a la renta media de los mayores de 65 años (16.422 euros).

Esta precariedad salarial, que limita la autonomía del individuo y los hace más vulnerables ante una ralentización del crecimiento, coincide, además, con otra característica muy acendrada en el mercado laboral español, en el que la temporalidad es el deporte nacional.

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Un estudio del Ministerio de Trabajo recordaba que la tasa de temporalidad entre los más jóvenes alcanza el 71%, pero es que aunque se amplíe hasta los 29 años, nada menos que el 56% vive con la incertidumbre de si su contrato será renovado por el patrón.

Un problema que se convierte en una tragedia en un país en el que las migraciones interiores, de campo a la ciudad, han vuelto a resurgir con fuerza a la luz del despoblamiento que sufre gran parte del país, lo que obliga a los jóvenes (estudiantes o asalariados) a trasladarse (un auténtico éxodo) a las grandes urbes en condiciones extremadamente precarias.

Es más, como admitía el propio Gobierno, la tasa de temporalidad involuntaria de los jóvenes en España es más del doble de la media de la Unión Europea.

Se trata, por lo tanto, de un mal español al que nadie es capaz de poner coto. No está claro si habrá que esperar a alguna tragedia para tomar cartas en el asunto.

Rafael Muñoz de Bustillo. Mitos y realidades del Estado de bienestar. Alianza Editorial 2019.