Por qué hay que negociar sin complejos con Esquerra Republicana de Catalunya

En ocasiones, merece la pena mirar al pasado para entender el presente. El 26 de abril del año 2000 se celebró el segundo debate de investidura de la era Aznar. El expresidente, como se sabe, había ganado las elecciones generales por mayoría absoluta (183 diputados), y en su turno de intervenciones el entonces líder de ERC, Joan Puigcercós, único diputado de los republicanos, le espetó: “Usted ha puesto como ejemplo la República Federal de Alemania. Ya nos conformaríamos con el modelo alemán en cuanto a financiación o la relación de los länder con el gobierno federal en cuanto a la Unión Europea. Pero Alemania es un mal ejemplo, es un Estado con una sola nación; España, no”.

La intervención de Puigcercós, hoy retirado de la vida política, dejaba entrever dos mensajes. Por un lado, asumía que el modelo federal alemán, basado en la lealtad entre territorios, era un objetivo deseable, mientras que, por otro lado, deslizaba la vieja idea de que España es un Estado plurinacional, lo cual no quiere decir nada. Obviamente, siempre que esas naciones no sean el equivalente a un Estado, algo que hoy está fuera de toda lógica.

Cataluña, mientras no cambie el marco constitucional, nunca será independiente. Ahí están las leyes y la capacidad coercitiva del Estado para impedirlo. Y ni siquiera un pacto entre ERC, PSOE y Unidas Podemos podría cambiarlo. Lógicamente, salvo que el presidente del Gobierno se sitúe fuera de la ley, lo cual parece poco probable.

Cuando Vox dice que hay que volver al Estado centralista se olvida que el franquismo fue el mejor caldo de cultivo del nacionalismo

Lo relevante, por lo tanto, es la primera parte de la intervención de Puigcercós, en la que anhelaba un marco federal capaz de articular un país diverso que ni la dictadura pudo reprimir. Cuando Vox y algunos ultranacionalistas hablan de que hay que volver al Estado centralista se olvida que el franquismo fue el mejor caldo de cultivo del nacionalismo, como lo demostró el auge de las demandas periféricas durante la Transición.

Jordi Pujol, de hecho, forjó su proyección pública después de pasar por la cárcel tras liderar una revuelta contra un viejo franquista, Luis de Galinsoga, director de ‘La Vanguardia Española’ (que así se llamaba el rotativo por entonces). El periodista, en un arranque de sutileza intelectual, había dicho, tras asistir a una misa en catalán, que los catalanes eran una “mierda” (sic), lo que fue aprovechado por Pujol para agitar las aguas del catalanismo.

La Constitución de 1978 supo encauzar el debate territorial y, de hecho, no se entiende el éxito de España como nación en estos últimos 40 años (solo hay que leer las estadísticas históricas del INE para ver cómo era este país en 1977) para llegar a la conclusión de que la integración de las demandas territoriales fue una buena idea.

Desgaste de materiales

Pero como siempre ocurre, los Estados son organismos vivos que tienden a degradarse con el paso del tiempo si no son capaces de ponerse al día. Por decirlo, de alguna manera, también la política sufre desgaste de materiales si no se reparan los daños en función de las nuevas realidades sociales y políticas.

Esto explica las demandas federales de Puigcercós en aquella primavera del año 2000, y que hoy muchos constitucionalistas considerarían razonables en aras de cerrar el Estado autonómico, que cuando se diseñó tuvo mucho de improvisación. Sin duda, porque lo prioritario era consolidar la democracia, lo que dejó colgando muchos flecos. Por ejemplo, el papel del Senado o una definición más precisa de las competencias exclusivas del Estado.

Por mucho que quiera Sánchez (120 diputados de 350) su capacidad de maniobra es irrelevante. La Constitución está ahí, como bien sabe Junqueras

Es verdad que llorar por la leche derramada en pleno motín independentista solo puede conducir a la melancolía, pero no estará de más recordarlo ahora que Sánchez y ERC están negociando la investidura y un posible pacto de legislatura.

Se ha dicho, con razón, que produce “escalofrío” pensar que el Gobierno de España pueda depender, precisamente, de un partido que quiere romperla, pero conviene no olvidar que por mucho que quiera Sánchez (120 diputados de 350) su capacidad de maniobra (romper España) es algo más que irrelevante. Entre otras cosas, porque tanto las leyes, como el sistema judicial, con sus deficiencias, están ahí, como bien saben en carne propia Junqueras y compañía.

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Por lo tanto, no hay que confundir unas negociaciones políticas con la derrota del Estado. Ni el presidente del Gobierno puede pactar el derecho a decidir (una manera amable de reclamar la autodeterminación, y que el juez Marchena calificó en la sentencia de “eufemismo”) ni la amnistía (prohibida por la Constitución mediante la expresión ‘indultos generales’). Ni siquiera competencias que vayan más allá que el perímetro impuesto por el Tribunal Constitucional en la célebre sentencia de 2010, que marca los límites sobre lo que se puede hacer y sobre lo que no se puede hacer. Otra cosa es que se cambie la Carta Magna, pero para eso se necesitarían mayorías cualificadas que Sánchez no está en condiciones de asegurar. Ni siquiera la gestión del tercer grado a los presos de Lledoners es ya una competencia de Moncloa.

Los principios no se negocian

Estamos, por lo tanto, más ante una cuestión de principios (es decir, si es legítimo negociar con los independentistas) que de contenido formal de unas negociaciones. Y como decía Kissinger, que de esto sabía un rato, los principios no se negocian. Lo que se negocia son cuestiones muy concretas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Este es el núcleo central de la discusión. ¿O es que era más legítimo negociar con ETA, algo que han hecho todos los gobiernos de la democracia, que con ERC o Unidas Podemos?

Lo que sucede en Cataluña es un problema de España, no una disputa interna entre catalanes. Torra, aunque le pese, es tan español como Abascal

Es curioso, en este sentido, que se argumenta, con buen criterio, que el Estado no puede depender de los independentistas, pero sorprende que se pretenda encauzar la cuestión catalana (otra cosa es resolverla) sin el concurso de los partidos que gobiernan en la Generalitat, y que representan a cerca de la mitad de los votantes. Máxime cuando Cataluña, y lo que allí pasa, es lo que está contaminando la política española hasta el extremo de que el sistema parlamentario se ha situado al borde del abismo. ¿No sería más fuerte el Estado si fuera capaz de integrar a todos?

Lo que sucede en Cataluña es, por lo tanto, un problema de España, no solo una disputa interna entre catalanes, como a veces se dice, porque si esto fuera verdad sería lo mismo que decir que ese territorio no forma parte del Estado, lo cual solo se lo creen los independentistas lunáticos. Torra, aunque le pese, es tan español como Abascal.

Es muy probable que la opción ERC no sea la mejor de las alterativas posibles, entre otras cosas por el desastre político que es el impredecible y vacilante Junqueras, pero mientras el resto de fuerzas política no esté dispuesto a mover ficha, más allá de declaraciones retóricas que solo pretender confundir, no hay nada que hacer. Claro está, salvo que alguien pretenda que el pueblo español vote tantas veces como sea necesario hasta que salga lo que quieren algunos políticos.

Pero es que, incluso, en el hipotético caso de que hubiera un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para gobernar, algún día habría que negociar con los independentistas para encontrar una salida a un problema que se ha enquistado en la política española hasta hacerla irreconocible, y que realmente se ha vuelto venenoso. Algo que olvidan los firmantes de un manifiesto (Guerra, Ibarra, Margallo, Tamames...) que huele a naftalina. Obviamente, salvo que los constitucionalistas desalojen de la Generalitat a los soberanistas, algo que hoy parece improbable.

Lo mismo que es repugnante y profundamente antidemocrático que los independentistas quieran gobernar contra la mitad de los catalanes, carece de sentido explorar una salida para Cataluña sin la implicación de los soberanistas.

Negociar con la nariz tapada

En política, ya sabe, hay veces en que hay que negociar con la nariz tapada, lo que exige arrojo y decisión. ¿O es que no se vive hoy mejor en el País Vasco que cuando había terrorismo? ¿O es que no le temblaban las piernas a Suárez cuando restituyó la Generalitat de Tarradellas bajo la amenaza de un golpe de Estado por parte de los militares franquistas? ¿O es que la paz en el Ulster no llegó después de los acuerdos del Viernes Santo?

Negociar no es renunciar a los principios, es, por el contrario, la esencia de la política. Y guste o no en España hay exetarras en el parlamento que gobiernan decenas de municipios en el País Vasco; independentistas que quieren volver al siglo XIX poniendo fronteras interiores, y ultranacionalistas españoles que cada mañana escuchan al cura Merino aprovechando la incapacidad del sistema político para poner orden en tanto caos político. Y que viven, precisamente, del desconcierto y de la anarquía política.

Pero a todos ellos, aunque algunos les pese, les une que son tan españoles como el rey Felipe VI. Y entre todos habrá que dar soluciones a un problema tóxico que hace al país ingobernable, como bien sabe Ciudadanos, que ha sido víctima de su propia estrategia. Claro está, salvo que se quiera volver a esa tragedia que fue para este país la identificación de algunos planteamientos políticos con la anti-España. Y que ha traído históricamente unos resultados dramáticos.