"Desengáñese, Pemán, Europa está equivocada"

Los varapalos judiciales que ha recibido España en Europa deben hacer reflexionar a algunos jueces. No todo vale en aras de detener la deslealtad independentista

Foto: Manifestantes caminan junto a un cartel que pide la libertad de Junqueras. (Reuters)
Manifestantes caminan junto a un cartel que pide la libertad de Junqueras. (Reuters)
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Es conocido que, en una ocasión, tras una de las muchas entrevistas que celebró José María Pemán en el Pardo con Franco, este zanjó la conversación -el escritor lo contó en un libro censurado al final de la dictadura- con un elocuente: ‘Desengáñese, Pemán, Europa está equivocada’. A lo que el gaditano respondió: ‘Mi general, ¿y por qué no nos equivocamos con ella?’.

La anécdota responde a una vieja tensión entre la España que quería acercarse a Europa, aunque el protagonista fuera un político profundamente reaccionario, y la que veía en el orden liberal a la francmasonería y el comunismo. Y que es, exactamente la misma, la que hoy desprecia el pluralismo de una sociedad necesariamente compleja obligada a aceptar las diferencias.

Es decir, el viejo sectarismo que está detrás de la intolerancia hacia quien piensa distinto, y que, en realidad, explica que este país lleve más de cuatro años sin un Gobierno en condiciones. Como si votar con el adversario político fuera una traición de lesa humanidad.

No hay dos justicias, hay solo una porque España es miembro de las instituciones europeas. Y los jueces europeos son tan españoles como los nacionales

De hecho, no son pocos los que piensan que los numerosos varapalos judiciales que ha recibido España en Europa desde 2017 responden a una especie de persecución política, pero bien haría este país en ‘equivocarse’ justamente en la línea de lo que hace y decide Europa, que no está haciendo otra cosa que poner límites a los excesos de la justicia a la hora de interpretar la ley penal española, que forma parte indubitable del acervo comunitario.

No hay dos justicias, hay solo una porque España es miembro pleno de las instituciones europeas. Y los jueces europeos son tan españoles como los nacionales.

Esos excesos, probablemente, sean consecuencia de una urgencia histórica que tiene que ver con el desafío y la deslealtad soberanista aprovechando que ninguna legislación podía prever una operación política de esas características. Es más, se trataba de desmontar un movimiento separatista echando mano exclusivamente de la vía judicial en un contexto en el que la acción política había desparecido.

Derecho de participación

Esta realidad es la que ha llevado a los tribunales -también al Supremo y a la propia Fiscalía General del Estado- a ser especialmente restrictivos a la hora de interpretar figuras jurídicas de extraordinaria importancia, como son la prisión provisional, el derecho de participación y representación política o, incluso, el delito de rebelión. En ocasiones, incluso, se ha banalizado el terrorismo o su enaltecimiento con condenas completamente desproporcionadas.

Si se endurecen las leyes penales más allá de lo razonable, pierden todos, y no solo los autores intelectuales o materiales del 'proces'

O expresado de otra forma, los tribunales han sustituido al sistema político, lo que ha obligado al sistema judicial a caer en el exceso con demasiada frecuencia. Y no hay nada peor que paguen justos por pecadores. O que la justicia se aparte de la prudencia necesaria en aras de lograr determinados fines políticos.

Si se endurecen las leyes penales más allá de lo razonable, pierden todos, y no solo los autores intelectuales o materiales del 'procés'. Conviene no olvidarlo porque en el futuro muchos de los candados legales que se están poniendo ahora serán difíciles de abrir. También en otras materias que no tienen nada que ver con el 'procés' y que han convertido el derecho penal en una carrera por ver quién castiga con más dureza mediante condenas desproporcionadas y fuera de lugar que lejos de impartir justicia acaban siendo venganza. Como si el reproche social pudiera ser sustituido por años de cárcel.

Merece la pena, en este sentido, poner de manifiesto un párrafo de la sentencia de Luxemburgo al que se le ha dado poca relevancia y en el que se recuerda (genera cierto desamparo tener que remarcarlo a estas alturas) que “a tenor del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, apartado 1, el funcionamiento de la Unión se basa en el principio de la democracia representativa”. Es decir, la representación política expresada a través de las urnas es sagrada y es el bien a proteger, porque es el fundamento de la democracia. Sin participación política no hay democracia.

Consecuencias jurídicas

Es probable, sin embargo, que la primera tentación del sistema judicial español sea respirar por la herida ninguneando las consecuencias jurídicas de la decisión de Luxemburgo, pero eso sería lo mismo que hurgar en el error.

La justicia tiene que entender que su papel no es convertirse en el parapeto contra el desafío independentista, eso corresponde a los políticos

La justicia tiene que entender que su papel no es convertirse en el parapeto contra el desafío independentista, eso corresponde a los políticos, sino aplicar la ley con proporcionalidad y, de acuerdo, a los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea.

De hecho, no tendría sentido que el Tribunal Supremo hubiera planteado una cuestión prejudicial a Luxemburgo para decir a continuación, que es lo que ya se sugiere desde diversos ámbitos, que la sentencia no tiene consecuencias. Es decir, es papel mojado.

¿Qué hubiera pasado si la sentencia de la cuestión prejudicial planteada por el Supremo se hubiera conocido antes de dictarse la condena de Junqueras? Como ha recordado en este periódico el penalista Gonzalo Quintero fue el Supremo quien planteó la cuestión prejudicial sin que nadie se lo pidiera, y, por lo tanto, toca ahora cumplir las consecuencias.

Insistir en esa línea, es decir, en una especie de nihilismo judicial, solo ayudará, paradójicamente, a la causa independentista, empeñada en demostrar que la democracia española no existe. Existe, y de eso no hay ninguna duda. Pero los jueces están obligados a cumplir con su papel y, en ningún caso, deben sustituir al poder político, porque ello arrastraría al propio sistema judicial, que es la garantía de que la ley se cumple.

Corresponde, por lo tanto, a los políticos resolver la cuestión catalana, y cuando un juez se mancha la toga con el polvo del camino, en uno u otro sentido, lo que está haciendo, en realidad, es prostituir la democracia y la separación de poderes. ¿O es que no resulta chocante que el Tribunal Constitucional, que ha mantenido una firme unanimidad a lo largo del todo el ‘procés’ comience a agrietarse ahora, cuando se abre, precisamente, una vía de negociación política? No se trata de una hipótesis. Es justamente lo que ha sucedido recientemente en relación a la prisión provisional de Junqueras. La Justicia huele mal cuando se pone al servicio de la política. De cualquier política.

Mientras Tanto
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