El salario mínimo, Extremadura y el populismo agrario

A Churchill, siempre Churchill, se le atribuye una frase muy ingeniosa: solo me creo, decía el 'expremier' británico, las estadísticas que yo mismo manipulo. Es probable que a muchos políticos les suceda lo mismo. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que desviar la atención poniendo en duda las estadísticas.

Otros políticos, sin embargo, son más prudentes, como el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que, con buen criterio, ha pedido una entrevista con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para conocer los efectos nocivos que pudiera tener la subida del SMI sobre el empleo en su región. En particular, sobre el agrario, toda vez que hay quien piensa que los incrementos (un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020) son inasumibles para el sector.

¿Es eso cierto? ¿Puede estar deslocalizándose un número indeterminado de explotaciones agrarias hacia más allá de la raya de Portugal para aprovechar costes salariales más bajos? ¿O es que el Gobierno de Fernández Vara se moviliza por razones políticas porque muchos extremeños no entienden la política de alianzas de Sánchez?

Lo primero que hay que decir es que los problemas de empleo de Extremadura, con un 23,48% de tasa de paro (la más alta de España, sin contar Ceuta y Melilla), no son nuevos, y, de hecho, tienen poco que ver con la cuantía del salario mínimo. Algunos datos lo acreditan. Cuando en 2014 la economía española volvió a crecer tras años en recesión, el paro en Extremadura se situaba en el 29,79%, por encima de la media nacional, situado en el 24,44%. Había, por lo tanto, una distancia de 5,35 puntos porcentuales.

¿Qué es lo que decía la última EPA de 2018 antes del incremento del SMI? Pues que el diferencial se había ensanchado hasta los 8,39 puntos, pese a que entre 2014 y 2018 el salario mínimo apenas se actualizó. Es decir, los problemas de empleo de Extremadura poco tienen que ver con el SMI.

Temporada turística

¿Qué ha pasado en 2019? Lo que refleja la EPA es que en el cuarto trimestre, la ocupación (incluye a los empleados públicos y los autónomos) cayó un 4,98%, por lo tanto, muy por encima de la media nacional, que avanzó un 0,47%. A Extremadura, de hecho, solo la supera en términos negativos Baleares (-8%), lo que obviamente se debe al fin de la temporada turística.

¿Se pueden extrapolar esos datos al conjunto de 2019? Es decir, a los cuatro trimestres del año, con lo que se elimina la estacionalidad y permite hacer una comparación más homogénea. No parece.

El empleo en Extremadura apenas varió (-0,05%) en el conjunto del año. Es verdad que en todo el país creció un 2,06%, pero no está claro que se pueda achacar al salario mínimo. Entre otras razones, porque en la otra comunidad donde el empleo agrario tiene mayor importancia en términos económicos y laborales, Murcia, el empleo avanzó un 1,21%, y a las dos les subieron el SMI en la misma cuantía.

Es más, en el País Vasco, donde los salarios son más elevados y, por lo tanto, el incremento relativo del SMI es menor, la ocupación solo creció un 0,29%, lo que sugiere causas más profundas que tienen que ver con la estructura económica, el tamaño de las explotaciones agrarias (las pequeñas sufren más) y, por supuesto, con la coyuntura.

En todo caso, tampoco hay que olvidar que el empleo agrícola en Extremadura no es determinante para su economía, aunque sí significativo, y por eso preocupa a las políticas públicas.Supone, en concreto, el 6,8% de todos los asalariados (20.400 en el último trimestre de 2019), pero lejos de Murcia, donde representa un 10,8%, más de tres veces por encima de la media nacional.

La conflictividad en Extremadura a causa del SMI no es nueva, y lo que ha sucedido es que las palabras del presidente Fernández Vara han avivado una polémica que viene de lejos. Sólo hay que recordar que en mayo de 2019 tuvo que ser un laudo el que obligó a las patronales del campo a cumplir el Real Decreto-ley de revalorización del salario mínimo aprobado por el Gobierno. Hasta entonces se negaron a subirlo.

Problemas estructurales

Es decir, como sostiene la última 'Memoria anual' del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura: “Son diferencias que podemos catalogar de estructurales, pues, en primer lugar, se mantiene inalterable el hecho de que la población extremeña ocupada en la agricultura [no solo los asalariados, que es a quienes afecta la subida del SMI] supera por más del doble el porcentaje de la población española en ese sector: 13,60% frente a 4,20%”.

La estructura productiva, por lo tanto, es muy relevante para explicar las consecuencias de un incremento del SMI, pero también la coyuntura, evidentemente vinculada a las distintas campañas agrícolas. Tampoco hay que olvidar que la renta agraria cayó en 2019 en el conjunto del país un 8,6%, lo que puede explicar el enorme descontento de los agricultores extremeños, como ayer se visualizó durante un feria del sector que acabó con cargas de la policía.

No solo de Extremadura. De hecho, COAG y otras organizaciones ya están movilizando a agricultores de Castilla-La Mancha, Castilla y León (tractorada este jueves en Salamanca), Aragón o Andalucía para protestar por causas que van mucho más allá del SMI.

En particular, según Asaja, por la caída de los precios agrícolas, que ha llevado a alguna explotación, por ejemplo en Novelda (Alicante), a destruir con motosierras 10.000 parras, con 100.000 kilos de uva sin recolectar, porque no es rentable debido a los bajos precios que se pagan. Movilizaciones que, en todo caso, y en el caso de Extremadura, coinciden en el tiempo con la negociación del convenio colectivo del campo, y que la patronal Asaja Extremadura ya ha dicho que no firmará. El campo, en total, se articula a través de 32 convenios colectivos provinciales, lo que significa que las condiciones laborales (excepto el salario mínimo qjue fija el Gobierno) tienen ya en cuenta las circunstancias de cada territorio.

También merece recordar que el año 2018, con el que se comparan los resultados de la EPA, fue excepcional desde el punto de vista agrícola, por lo que cualquier comparación está desenfocada si no se introduce esta realidad. Como recuerda el propio CES de Extremadura en su informe, “en 2018, las personas ocupadas del sector agrario ascendían a 51.600, registrando el mayor ascenso interanual, un 13,66%”. Es decir, más de cuatro veces lo que aumentó el empleo en el conjunto del país, lo que relativiza el impacto. El informe 'Situación Extremadura', publicado por BBVA Research, incide en esta misma idea.

Ahora, por lo tanto, se estaría produciendo una ‘normalización’ estadística. Los datos de CCOO van en esa línea. Según sus cálculos, la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario se cerró el año 2019 con 28.689 personas cotizantes que realizan jornadas reales, mientras que en 2018 esta misma cifra baja a 27.017, cuando el salario mínimo era inferior. Es decir, la ocupación en el sector no solo no habría bajado, sino que ha mejorado en más de 1.500 personas, un 5,7% más.