Madrid y Cataluña, la guerra de los idiotas

Pocas cosas hay más absurdas que fomentar la competencia (desleal) entre las regiones. Mientras el mundo avanza sobre la base de la cooperación, ahí están las cadenas globales de valor, la integración de mercados o la construcción de nuevos bloques regionales para negociar con terceros desde una posición de fuerza, España ha iniciado una carrera a ninguna parte entre comunidades autónomas que tiene su epicentro en Madrid y Cataluña.

La primera, como ha publicado Alberto Pérez Giménez en este periódico, ha puesto en marcha una estrategia destinada a convertirse en una especie de Gobierno en la sombra de la Moncloa. Es decir, se anuncia que la política del Madrid de Díaz Ayuso será idéntica o, al menos, muy parecida, a la que haría Casado si llegara al poder.

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El planteamiento es de trazo tan grueso que no hay por donde cogerlo. Es como si la realidad de la región más rica de España (Madrid) fuera la misma que la de Extremadura, ahora en el centro de las reclamaciones regionales, o la de Galicia, con una estructura productiva y demográfica radicalmente diferente a la de Madrid.

O, dicho con otras palabras, es como si la Comisión Europea decidiera hacer la política de cohesión o de inversiones pensando en lo que le interesa a Berlín o París, ignorando lo que sucede en Grecia o los países bálticos, cuyas realidades socioeconómicas, culturales y hasta políticas son completamente distintas.

Parece evidente que la política fiscal, el sistema educativo o la atención sanitaria, que son los ejes del discurso de Ayuso/Casado para diferenciarse de Sánchez, hay que adecuarlas a las características de cada territorio, y lo que puede ser bueno para Madrid no tiene por qué serlo para Castilla y León (con un dramático problema demográfico y de envejecimiento) o para Asturias, incapaz de encontrar su propio modelo productivo.

Dumping fiscal

Las dos regiones necesitan cubrir servicios sociales esenciales que solo desde el ámbito de lo público se pueden satisfacer (simplemente porque no hay una masa crítica para que sea rentable atender a poblaciones diseminadas y envejecidas), mientras que en Madrid el mercado podría hoy cubrir determinadas actividades dada sus características poblacionales y de renta per cápita. Es por eso por lo que las necesidades de recaudación de aquellas son mayores. Y de ahí que hacer 'dumping fiscal', como hace Madrid, sea su muerte prematura. Competir bajando impuestos sería su suicidio.

El caso de Cataluña, aunque 'a priori' parezca muy distinto, no lo es tanto. Lo que quieren los independentistas —ante el innegable fracaso del 'procés'— es recuperar la vieja idea pujolista de la bilateralidad, abandonada después de que la antigua Convergència se echara al monte. Es decir, se pretende convertir a Cataluña en un sujeto político que constitucionalmente no existe, y que sería el inicio de la destrucción de Europa tal y como se ha conocido en los últimos 75 años.

La bilateralidad llevada a sus últimas consecuencias, de hecho, sería algo muy parecido a un Estado confederal, y parece obvio que ningún Gobierno sensato puede aceptarla más allá de gestos políticos que hoy, en realidad, y todavía, son más simbólicos que reales.

Entre otras razones, porque ya las leyes prevén la existencia de comisiones bilaterales de cooperación como instrumento útil para articular el diálogo entre administraciones. La bilateralidad, por lo tanto, tiene sus límites y hacer política solo para satisfacer la demanda de los independentistas, a cambio de sostener al Gobierno, sería una verdadera calamidad.

Las estrategias

El hecho de que tanto el PSOE como el Partido Popular, los dos partidos centrales del sistema parlamentario, centren sus estrategias en Madrid y Cataluña, ambos en aras de amarrar o entrar en la Moncloa, no es un asunto menor. Entre otras cosas, por el enorme peso de ambos territorios respecto del conjunto del país: un 38,2% del PIB nacional; el 30,2% de la población; el 36% de las exportaciones totales; el 30,5% del PIB industrial o el 48,3% de lo que España compra en el exterior pasa por Cataluña o Madrid, lo que da idea de su importancia estratégica. Sin contar su relevancia en el sector servicios, que hoy es el que mueve el mundo, y que ya supone las tres cuartas partes del empleo en España.

Esta disputa entre ambos territoriales no es gratuita. Ni, por supuesto, es inocua en términos políticos. Lo que se ha llamado la rebelión del campo, como otros fenómenos similares, no es más que la expresión de un malestar general (como detecta el CIS) que tiene que ver con esa España bipolar que gira en torno a lo que sucede en Madrid o a lo que implora una parte de Cataluña, lo que necesariamente solo puede provocar desapego por el avance de los desequilibrios regionales.

Y que llega a la inmoralidad cuando Madrid o Cataluña compiten por la reubicación de macro eventos o congresos internacionales, lo cual solo mengua la capacidad de negociación de quien en ese momento se beneficia de la inversión o disputa por atraerla.

Lo que se ha llamado la rebelión del campo no es más que la expresión de un malestar general que tiene que ver con esa España bipolar

No es un fenómeno nuevo. Ya ocurrió en los años 90, cuando muchas empresas extranjeras se instalaron a coste cero en España (el ayuntamiento, la diputación o la comunidad lo pagaba todo) aprovechando la debilidad de los negociadores porque siempre había una oferta más favorable. Sin embargo, pasado un tiempo, y recogidas las subvenciones, muchas de esas inversiones emigraron hacia otros territorios en busca de una financiación adicional.

Sálvese quien pueda

Ni que decir tiene que esta estrategia de 'sálvese quien pueda' que antepone la competencia a la cooperación (una de las cosas que ha enseñado la Unión Europea en 60 años de construcción) solo beneficia a los poderosos y perjudica, por lógica, a quienes se sitúan en una posición más débil de la cadena, que es, justamente, lo contrario, al mandato constitucional. Y lo que no es menos importante, introduce en el discurso político un sesgo territorial de imprevisibles consecuencias. ¿O es que no se conoce la historia de Europa?

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No es casualidad que la oposición a Pedro Sánchez dentro del PSOE (García Page, Lambán o Fernández Vara) no sea por razones estrictamente ideológicas (¿alguien sabe si están más a la izquierda o la derecha del secretario general del PSOE?), sino territoriales; y lo mismo sucede en el caso del Pablo Casado, cuya oposición interna está, precisamente en Galicia (Feijóo) y País Vasco (Alfonso Alonso). Ni siquiera Ciudadanos, un partido creado con un discurso antiautonómico que hoy ha recogido Vox, se ha escapado en su Congreso a la sustitución de la ideología por los intereses locales. ¿O es que España Suma no es más que una visión medieval de la política que convierte a los territorios en sujetos políticos?

Bien haría Sánchez, por eso, en visitar otros territorios en aras del entendimiento y de la fluidez institucional. Y bien haría Casado en construir un discurso político coherente y no basado en sumas artificiales de peras y manzanas. España no es la suma de Madrid y Cataluña.