El Constitucional, el dinero de las pensiones y el País Vasco
El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco tiene más un componente político que económico. Se trata de capitalizar el pago de las pensiones
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En el último párrafo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se habilita la transferencia de las pensiones a las CCAA, se encuentra, probablemente, la clave de bóveda de la España de las autonomías. “El correcto funcionamiento del sistema autonómico depende en buena medida de que el Estado y las comunidades autónomas desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación”.
La reflexión puede parecer irrelevante, pero no lo es. En un Estado cuasi federal como el español (aunque con evidentes asimetrías en la relación gastos/ingresos) se puede dar por hecho que existen la cooperación y el acuerdo que reclama el Constitucional, pero es solo una ilusión política.
La realidad es muy diferente. La litigiosidad entre CCAA y Estado es algo más que frecuente, lo que explica que sea el propio TC quien se vea obligado a pedir una cordura que no existe.
¿Y por qué no existe? Simplemente, porque los mecanismos actuales (las conferencias sectoriales o el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera) son insuficientes (el actual Senado es una anomalía constitucional) para vertebrar un Estado administrativa y políticamente muy complejo, como es el español, y que, en buena medida, se ha construido a partir de la correlación de fuerzas existente en cada momento entre el Gobierno de la nación y los partidos nacionalistas, convertidos históricamente en formaciones bisagra.
La transferencia de las pensiones al País Vasco, en este sentido, será una nueva prueba de fuego. Como ha dicho el TC, la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social (sin capacidad normativa sobre las pensiones) se ajusta a la Constitución. Y, de hecho, son muchas las comunidades autónomas que han recogido en sus estatutos de autonomía la transferencia, tanto del PP como del PSOE, lo que indica que en este asunto no debería haber discusión más allá del ruido político que siempre introduce cualquier cesión (en el sentido administrativo del término, no político) que se hace a una comunidad autónoma, sobre todo si está gobernada por nacionalistas. El último ha sido de estatuto el Canarias, publicado en el BOE hace poco más de tres meses con el visto bueno de todos.
Y es que el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro en diferentes sentencias que no se rompe la caja única por hacer la transferencia. Entre otras cosas, porque una disposición transitoria del Estatuto de Guernica aclara que ese traspaso debe ser compatible “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Cosa muy distinta es la señal política que se ofrece al ejecutar esta transferencia. La tentación primigenia es hablar de una nueva cesión a los nacionalistas. Y es probable que así sea si el Gobierno central no obra con esa racionalidad de la que hablaba el TC.
Por el momento, lo ha hecho. Frente a lo que se filtró el miércoles, cuando se conoció el traspaso, el Gobierno habla ya de culminarlo a finales de 2021. Es decir, dentro de casi dos años (un mundo en política). Y lo que es bastante más importante, incardina la transferencia en los acuerdos a los que se pueda llegar en el seno del Pacto de Toledo. Es decir, que dada la relevancia del asunto, será materia a discutir por todas las fuerzas políticas y no solo en la comisión bilateral Gobierno central-País Vasco, lo que hubiera supuesto un auténtico disparate político.
Básicamente, porque si todas las CCAA que la tienen en sus estatutos reclaman ‘su’ transferencia, la Seguridad Social se convertiría en una cáscara administrativamente vacía. Pagaría las pensiones, pero sin funcionarios.
Ya el Tribunal Constitucional dejó claro en 1989 que el traspaso de las pensiones debía “conciliarse” con las “competencias exclusivas que sobre la gestión del régimen económico la Constitución ha reservado al Estado, en garantía de la unidad y solidaridad del sistema público de Seguridad Social”. Por lo tanto, se trata de un asunto de Estado que no puede ventilarse con un mero acuerdo bilateral.
Sistema asimétrico
Dicho en otras palabras, lo que se territorializa son los dineros, pero no su titularidad, que sigue articulándose a través de la caja única, que mantendrá su unidad presupuestaria. Entre otros motivos, porque el sistema de pensiones es altamente asimétrico. Solo Madrid, Canarias, Baleares y Murcia tienen superávit. Algo que puede explicar por qué el Gobierno vasco no quiere saber nada de transferir no solo la gestión económica, sino las cotizaciones, que son la clave del sistema de pensiones.
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¿Y por qué quiere el País Vasco esta competencia si su capacidad de maniobra es mínima? La respuesta es más política que económica. Como diría Jordi Pujol (año 2011), “después de hacer país, debes hacer Estado, ya que si no el país lo puedes perder”. Es decir, el PNV consigue un objetivo estratégico: engordar el autogobierno con una materia tan poderosa como son las pensiones, pero renunciando a la vía unilateral que han escogido los independentistas catalanes. Entre otras cosas, porque así lo contempla su estatuto, que es una ley orgánica aprobada por las Cortes generales, lo que da plena validez al traspaso. No es un invento de Sánchez para seguir en el poder, aunque le venga estupendamente.
Y hay pocas dudas de que las pensiones son el mayor instrumento para ‘hacer país’. Aunque la caja única no se rompa y el Estado continúe recaudando y garantizando las cotizaciones (de las que se nutre la Seguridad Social), el interlocutor ante los ciudadanos vascos será el Gobierno de Vitoria, y no el de Madrid, lo que le permitirá poner el logo de la Lehendakaritza en la correspondencia que tenga con los pensionistas vascos. Es decir, mientras que el riesgo (también político) corre a cargo del Estado (también las malas noticias), el Gobierno vasco podrá capitalizarlo sin coste alguno.
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