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Los hombres de negro llegarán a España vestidos de gris
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Los hombres de negro llegarán a España vestidos de gris

Los 750.000 millones anunciados ayer por la Comisión Europea no caerán del cielo. No habrá hombres de negro, pero el control presupuestario obligará a fijar condicionalidad

Foto: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters)
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Es un tópico decir que la Unión Europea avanza a trompicones. Cuando está a punto de caer de bruces, tiende súbitamente a erguirse como si nada hubiera pasado. Y es entonces, cuando está al borde del precipicio, cuando tira de chequera y reivindica de forma pomposa viejas expresiones de la época de Robert Schuman: solidaridad, pacto generacional o futuro compartido.

Von der Leyen, incluso, propuso este miércoles acabar con los viejos prejuicios entre naciones, en clara alusión a los frugales del norte, como si eso fuera fácil. Al fin y al cabo, Europa se ha construido, como en tiempos de Westfalia, sobre las cenizas de la guerra. Y ya se sabe que no hay nada más traicionero que la memoria. Sobre todo, cuando hay dinero de por medio.

Foto:  Paolo Gentiloni (EFE)

Paradójicamente, un bicho que no mide ni un miserable milímetro ha logrado el milagro. Los viejos europeístas llevan años reclamando un incremento del raquítico presupuesto de la Unión Europea, apenas un 1% de la renta nacional bruta, para que Bruselas pueda hacer política. Nunca ha sido posible. Ha sido el covid-19, con su malignidad, quien ha conseguido que esos 1,1 billones de presupuesto se vayan a convertir, incluyendo todas las partidas extraordinarias, en 2,4 billones, aproximadamente dos veces el PIB de España. Esa será la potencia de fuego de la Unión Europea en los próximos años para abatir la pandemia económica si se suma su presupuesto ordinario.

La cantidad, sin embargo, no es lo más relevante. Lo más significativo es que al menos hasta 2058 —que es el plazo final para devolver los créditos— se ponen las bases de un presupuesto común —incluida la creación de algún impuesto para las empresas que facturen más de 750 millones de euros o nuevas tasas medioambientales— verdaderamente digno de tal nombre, y que es el primer paso para lograr la unión fiscal. Sin duda, la pata que le falta a Europa para avanzar en la construcción europea. El euro, de hecho, seguirá estando a la intemperie mientras no haya un presupuesto verdaderamente único, lo cual, lógicamente, supondría el fin de las soberanías fiscales nacionales. Algo que espanta a los vecinos del norte.

placeholder Sede de la Comisión Europea, en Bruselas. (EFE)
Sede de la Comisión Europea, en Bruselas. (EFE)

Lo anunciado este miércoles no es el ‘momento Hamilton’, como reclamó en su día Paul Volcker, pero algo se le parece. El primer secretario del Tesoro de EEUU, como se sabe, propuso que el Gobierno federal asumiera las cuantiosas deudas generadas por las colonias durante la guerra, y eso alivió las tensiones y permitió avanzar en el federalismo fiscal.

Reglas fiscales

Es verdad que esos 2,4 billones dan para mucho, y, sobre todo, los 750.000 millones que se destinarán a las políticas de recuperación, pero no caerán del cielo. No son gratis total. Como todo presupuesto común, supone compartir riesgos, y ahí es donde entran en juego las famosas ‘reglas fiscales’, el instrumento preferido de Alemania y los países del norte para contener a los gobiernos manirrotos. Esa es la nueva condicionalidad que exige el paquete europeo.

Eso quiere decir que, en esta ocasión, no será necesario que vengan los hombres de negro para controlar los endémicos déficits de España, sino que al integrarse ese gasto extraordinario —los 750.000 millones— en el presupuesto comunitario, el margen de maniobra de este o de futuros gobiernos será muy estrecho. Habrá que gastarlo donde diga la Comisión Europea, que, al fin y al cabo, es garante de lo acordado. A cambio, España se podrá beneficiar de tipos más bajos al emitir la UE, que tiene triple A en los mercados.

Foto: Una persona pasa frente a la entrada de la Comisión Europea. (EFE)

España, en concreto, tendrá acceso a unos 63.000 millones vía créditos que habrá que devolver a tipos prácticamente cero. Otros 34.000 millones llegarán a fondo perdido.

Es verdad que recibirá 77.000 millones en subvenciones sin reembolso, pero se olvida que también tendrá que aportar al presupuesto comunitario su parte correspondiente, unos 43.000 millones, por lo que el saldo positivo, según algunas fuentes, se situará en el entorno de esos 34.000 millones, más el ahorro por los tipos de interés más bajos.

Es decir, se trata de una especie de mutualización de la deuda, el viejo sueño de la vicepresidenta Calviño, por la puerta de atrás, pero con una diferencia. Los eurobonos suponían no distinguir entre virtuosos y libertinos, pero ahora serán los funcionarios de la UE quienes digan quiénes están cumpliendo las reglas fiscales —ahora congeladas por la pandemia— y quiénes no.

Ingeniería fiscal

Es más, se abre la puerta a una armonización, aunque sea parcial, de las bases imponibles del impuesto de sociedades, incluyendo una carga específica para las grandes empresas, como adelantó Johannes Hahn, el comisario del presupuesto, con un argumento impecable. Las grandes empresas son las que más se benefician del mercado único, pero son, paradójicamente, las que pagan menos impuestos porque tienen capacidad para hacer ingeniería fiscal aprovechando las ventajas de determinados territorios: Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo.

El control del presupuesto no es un fenómeno nuevo, pero es evidente que hoy se hace de una manera más liviana, ya que el gasto descansa en las cuentas nacionales. En el futuro, sin embargo, y cuando se articule la propuesta presentada este miércoles por Von der Leyen, lo que le toque a España —en función de su peso y de la gravedad de la situación económica— se integrará en el presupuesto de la UE, lo que quiere decir que sus funcionarios podrán venir a España a ver cómo se gasta, como históricamente ha sucedido con los viejos fondos estructurales o el fondo social europeo.

placeholder La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. (Reuters)
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. (Reuters)

No es un tema menor. Entre otras razones, porque el acuerdo debe ser ahora aprobado en cada país, y los frugales —Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia— necesitan argumentos para convencer a sus parlamentos nacionales de que todo está atado y bien atado.

Y es que la UE ha aprendido de los errores del pasado, como hace unos días reconocía el exministro Schäuble. Ahora, prefiere intervenir por la puerta de atrás. Es decir, obligando a los Estados a ajustarse a un presupuesto, y eso supone no solo aceptar las reglas fiscales sino, además, hacer reformas estructurales para poder tener acceso, precisamente, al dinero europeo. Algo que explica que los nuevos fondos se vincularán al llamado semestre europeo, lo que significa lisa y llanamente un mayor control. Ahí está la clave del anuncio de ayer.

No hará falta, por lo tanto, la visita de los hombres de negro. Bastará con abrir o cerrar el grifo presupuestario cuando a algún Gobierno se le vaya la mano o no ataque problemas estructurales, como las pensiones o un mercado laboral ineficiente. Todo con el objetivo de aumentar el potencial de crecimiento de la economía. El premio se llama financiación más barata y no ser estigmatizado por los mercados, que es lo que más temen algunos gobiernos. Nada es gratis.

Es un tópico decir que la Unión Europea avanza a trompicones. Cuando está a punto de caer de bruces, tiende súbitamente a erguirse como si nada hubiera pasado. Y es entonces, cuando está al borde del precipicio, cuando tira de chequera y reivindica de forma pomposa viejas expresiones de la época de Robert Schuman: solidaridad, pacto generacional o futuro compartido.

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