Poli bueno, poli malo: Iglesias vs. Calviño

Un viejo dicho sostiene que todo Gobierno es, en realidad, un Ejecutivo de coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de sus colegas debido a que el titular de Hacienda es una especie de 'primus inter pares'. Es decir, tiene el mismo rango administrativo que sus compañeros de gabinete, pero todos le deben pleitesía. No en vano, es él —o ella— quien debe autorizar determinados créditos presupuestarios —por ejemplo, en política de personal— o quien está obligado a cumplir los objetivos de déficit, lo que obliga a imponer restricciones no deseadas por sus colegas, cuya propensión al gasto es, lógicamente, mayor.

Esta aparente contradicción, inevitable en cualquier Gobierno, normalmente se ha resuelto dando galones al responsable de las cuentas públicas. Tanto Boyer como Solchaga, en los gobiernos de Felipe González, fueron ministros de Economía y Hacienda, lo que les dio un poder adicional respecto de otros ministros sin necesidad de ser vicepresidentes, aunque Boyer lo intentara y al final tuviera que dimitir porque aquella batalla la ganó Guerra. También Solbes, cuando sustituyó a Solchaga, mantuvo ambas áreas en un mismo departamento.

Opinión

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Aznar, por el contrario, sí elevó el rango en 1996 dándole todo el poder a Rato, pero mantuvo unidos Economía y Hacienda. En su segundo Gobierno, sin embargo, desgajó Hacienda para dárselo a Montoro, pero manteniendo a Rato como vicepresidente, lo que era una señal inequívoca de quién mandaba en la política económica.

Zapatero volvió a la tradición del PSOE, y en su primer Gobierno nombró a Solbes vicepresidente de Economía y Hacienda, mientras que, en el segundo, tras el estallido de la crisis, Salgado retuvo las dos áreas. Rajoy, sin embargo, en aras de su estrategia de repartir el poder, aunque fuera a costa de la eficacia, separó ambas áreas en sus respectivos gobiernos, lo que explica los frecuentes enfrentamientos entre De Guindos y Montoro.

Las cuentas públicas

Sánchez rompió aquella tradición socialista, inaugurada en 1982, y en su primer Gobierno mantuvo separadas Economía y Hacienda. En su segundo Ejecutivo, incluso, y pese a que Calviño fue nombrada vicepresidenta, lo hizo sin la competencia de Hacienda, que quedó, como se sabe, en manos de Montero.

El resultado es una cierta sensación de caos en la tramitación y negociación de los presupuestos, que aparecen desligados de la política económica general, que no solo atiende a las cuentas públicas, sino que tienen que ver con la productividad, la competitividad, el modelo de crecimiento, el comercio exterior y, por supuesto, con la política de competencia. Además del mercado de trabajo o las pensiones.

En todas estas áreas, como es obvio, la política presupuestaria juega un papel determinante. Entre otras cosas, porque el gasto público representa ahora, por razones extraordinarias, más de la mitad del PIB, lo que da idea de su influencia en la política económica.

La política presupuestaria juega un papel determinante cuando el gasto público representa ahora más de la mitad del PIB

El desorden en la tramitación del presupuesto es todavía mayor si se tiene en cuenta que el líder de uno de los socios del Gobierno, Pablo Iglesias, negocia por su cuenta con algunos grupos parlamentarios. En particular, ERC y Bildu en aras de mantener viva la llama del bloque de investidura, sin duda porque la operación tiene un valor estratégico para Unidas Podemos y para el propio presidente del Gobierno. Sánchez sabe que mientras UP esté en el gabinete podrá contar con los votos de los partidos nacionalistas e independentistas, y por eso le deja hacer.

La supeditación de la coherencia de la política económica a las estrategias electorales no es nueva, ni es gratis. Tiene sus costes. Por un lado, vacía de contenido a la vicepresidenta Calviño, cuyo papel queda absolutamente desdibujado durante la tramitación de una ley tan relevante como es la de los Presupuestos, mientras que, en paralelo, la política económica se fractura por toda clase de incongruencias cada vez que se aprueban medidas que neutralizan otras decisiones.

Es evidente que esta incoherencia no es fruto de la casualidad. Se trata de una estrategia deliberada de Sánchez con la que construye los clásicos arquetipos en la política binaria: el poli bueno —Calviño— y el poli malo —Iglesias—, lo cual le sitúa a él en el centro del tablero político. Aunque es moderado cuando lo considera oportuno —este viernes habló de no hacer caso a "enfrentamientos políticos estériles"—, es más radical cuando lo ve pertinente. Es decir, se sitúa en una posición intermedia entre el rigor de Alemania y el izquierdismo ciertamente infantil de origen latinoamericano que tanto daño ha hecho a la nueva izquierda española. Felipe González siempre buscó una estrategia parecida cuando se situó en el centro del PSOE, entre Guerra y Solchaga, aunque al final optó por este último.

Las cicatrices de la incoherencia

Es verdad, sin embargo, que esas incongruencias en política económica están hoy difuminadas, ocultas, porque los 27.000 millones que ha adelantado España de los fondos europeos —llegarán a lo largo de 2021— engrasan al Gobierno de coalición. Hay dinero para casi todo, pero en la medida que la situación económica se vaya revirtiendo saltarán las contradicciones y se verán las cicatrices de tanta incoherencia.

No hay ninguna duda, por ejemplo, en que en un contexto como el actual hay que diseñar políticas expansivas de gasto público, pero para hacerlo sostenible en el tiempo se necesitan decisiones de política económica que enmarquen la política presupuestaria, y que hoy son irrelevantes. Precisamente, por culpa de ese perfil bajo de la vicepresidenta Calviño, difuminada, y casi ninguneada, en la discusión presupuestaria.

Hay evidencias de que el manguerazo de dinero público pierde su eficacia cuando no se incardina en una estrategia coherente de política económica. Y España lo sabe mejor que nadie: durante años, este país recibió decenas de miles de millones de euros de la UE a través de los fondos de cohesión, pero buena parte de ese dinero se gastó en infraestructuras innecesarias, es decir, políticas presupuestarias carentes de rigor, que apenas fueron capaces de aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Ni siquiera permitieron registrar avances significativos de la productividad.

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La política industrial, por ejemplo, requiere identificar con precisión lo que se quiere hacer con la estructura productiva del país, no solo consiste en tapar los agujeros de los sectores con mayores dificultades para adaptarse a la digitalización y al cambio tecnológico con paladas de euros.

Durante años, igualmente, este país ha gastado miles de millones de euros en políticas activas de empleo, pero, sin embargo, España siempre ha batido todos los récords de paro en la Unión Europea, lo cual es algo más que una incoherencia. Es derrochar el dinero. Y es que gastar más no es siempre sinónimo de hacer buenas políticas públicas, como tampoco una economía es más eficiente jibarizando el sector público con recortes innecesarios y socialmente injustos, como se ha demostrado con la pandemia.

Modelo productivo

En todos los casos, la ineficiencia del gasto público tiene que ver con la incapacidad de la política económica —demasiadas veces contradictoria por razones de oportunismo electoral— a la hora de identificar un modelo productivo propio en un contexto exterior muy competitivo, y en el que los países se adaptan con rapidez a los avances tecnológicos y al cambio de los flujos de inversión extranjera. Esa es, de hecho, la mejor contribución que puede realizar un Gobierno a la nación.

Es decir, se ha hecho mucha política presupuestaria —ahora auspiciada por las compras masivas de los bancos centrales— para satisfacer los caladeros electorales a costa de políticas económicas estratégicas, para lo cual es una condición necesaria que haya coherencia entre los departamentos de Economía y de Hacienda, y a partir de ahí con el resto de ministerios.

Entre otras razones, porque la actual recesión, como todas las crisis, supondrá una reasignación de los factores productivos, por lo que toca elegir los sectores de futuro en aras de lograr una mayor diversificación de la economía española.

La anterior crisis penalizó especialmente a España por su exposición al inmobiliario con crédito ajeno; y la actual, por el sesgo en favor del turismo

Todo el mundo sabe que la anterior crisis penalizó especialmente a España por su exposición al inmobiliario con crédito ajeno, y en la actual ha ocurrido lo mismo por el sesgo en favor del turismo y la hostelería en detrimento de la industria y los sectores de alto valor añadido. Por eso, además de otros factores estructurales relacionados con el mercado de trabajo (indecente precariedad laboral y baja formación de los trabajadores), España sufre más que el resto en las crisis.

Ante esta realidad, parece razonable tejer acuerdos de amplio consenso. No solo en el seno del propio Gobierno, sino también con la oposición, lo que obligaría a hacer cambios en el sistema de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en aras de encontrar incentivos para que el partido en el Gobierno —al margen de quien sea— acepte enmiendas de la oposición, lo que daría mayor consistencia a la política económica.

Precisamente, para evitar unos de los grandes males de la democracia española, que cae frecuentemente en el error de desandar el camino iniciado por el anterior Gobierno, lo cual impide madurar los programas de gasto y sostenerlos en el tiempo, con el resultado ya conocido. Una política errática que hace a la economía muy vulnerable cuando cambia el ciclo económico.

Opinión

Un tongo en toda regla

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Esa estrategia es la que haría posible hacer unos presupuestos de país, no de medio país, como sucederá, desgraciadamente, con la llamada Ley Celaá, destinada a ser remendada por el siguiente Ejecutivo conservador. Con razón, como dice el profesor Xavier Vives, uno de los mejores economistas académicos, "no es casualidad que España esté en la primera línea del impacto sanitario y económico de la pandemia entre los países desarrollados".

Hoy ese consenso estratégico, que va mucho más allá de la simple aritmética parlamentaria, no existe. Probablemente, porque la política económica ha sido devorada por la presupuestaria, que, como se sabe, es una manta que debiera cubrir a todos, pero que tiende a desplazarse de un lado a otro de la cama en función de la correlación de fuerzas de cada contrincante y de sus intereses electorales. Y hoy Calviño tiene los pies fuera.