Los jueces y la insensata política de tierra quemada
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Los jueces y la insensata política de tierra quemada

La política de tierra quemada se ha impuesto. El único objetivo es ganar las siguientes elecciones, aunque sea a costa de las instituciones

placeholder Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

Es probable, como dijo en alguna ocasión Jorge Semprún, y así lo dejó escrito en su autobiografía, que a Pedro Sánchez le suceda lo que a Santiago Carrillo, que su mérito fue sobrevivir a todos sus errores. Algo parecido podrá exhibir Casado si tras las próximas elecciones es capaz de armar una coalición de gobierno: "Yo sobreviví a los míos".

Se dirá que en esto consiste la política, esperar al desgaste del Gobierno de turno, aunque sea haciendo una oposición de tierra quemada, pero, tal vez por eso, merezca hacer caso a una reflexión reciente del intelectual mexicano Enrique Krauze: "La política nunca tiene las respuestas correctas, las tiene la historia".

Y la historia, tarde o temprano, juzgará de forma severa a quienes han contribuido al descrédito de las instituciones —aquí está el origen del populismo— trasladando la batalla electoral, y este es el meollo del asunto, no la presunta autonomía de los jueces —que es una mera cortina de humo—, a un ámbito que obviamente es de naturaleza política, qué otra cosa es la justicia. Pero que debe responder a criterios de independencia, que es justo lo contrario que poner a disposición de quien gane las elecciones el poder judicial. Y no hay ninguna razón para creer que si Casado fuera presidente del Gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente estaría proponiendo un cambio en el método de elección de los vocales del CGPJ. Su partido, desde luego, no lo hizo cuando tenía mayoría absoluta y él era portavoz.

Hacer política mirando por el retrovisor las maniobras de Vox, convierte al PP en un partido vulgar sin hechuras europeas

Sánchez se equivocó al principio de la legislatura, y aún hoy lo hace con frecuencia, creando un clima de hostilidad con el principal partido de la oposición. Probablemente, porque envalentonado tras la moción de censura de 2018 pensó que alimentando a la fiera, Vox, el PP entraría en barrena. A punto estuvo de conseguirlo, pero hoy, guste o no, está obligado a tender puentes al PP. No porque sea su mejor estrategia electoral, sino porque es lo mejor para el país. Como ha dicho en estas mismas páginas Sosa Wagner, la estrategia de crear bronca artificial por parte de los partidos políticos (no solo es una patología propia del PP y del PSOE) termina calando en la sociedad.

Correas de transmisión

También Casado tiene la obligación de hacerlo. Y también porque es lo mejor para el país. Hacer política mirando por el retrovisor las maniobras de Vox, convierte al PP en un partido vulgar sin hechuras europeas. Un partido de rompe y rasga, como el que ha diseñado Casado en Génova —afortunadamente no sucede lo mismo en los territorios que gobierna—, no hace más que empobrecer la política. No basta con ser oposición, hay que ser alternativa, y pensar que la independencia de los jueces depende del método de elección es un sofisma. Lo relevante, por el contrario, es que cada uno de los vocales actúe según su propia conciencia, y hoy, desgraciadamente, no sucede eso porque la historia ha demostrado en 40 años de CGPJ que muchos se han comportado como auténticas correas de transmisión del partido que los aupó al cargo.

No puede ser casualidad la larga lista de vocales que han acabado por ser ministros o altos cargos en diferentes administraciones, tanto socialistas como conservadoras, lo que estadísticamente no es posible, salvo que sean unas mentes privilegiadas y estén llamados a formar parte de las altas esferas del Estado por ley natural.

Por allí han pasado los exministros José Antonio Alonso, Juan Carlos Campo, Javier Moscoso, Juan Alberto Belloch, María Teresa Fernández de la Vega, Margarita Mariscal de Gante, Margarita Robles, Cristina Alberdi, el exfiscal general Eligio Hernández, los consejeros autonómicos Enrique López o Gabriela Bravo, independentistas como Alfonso López Tena o diputados como Pablo Castellano, Emilio Olabaría (PNV), además de Manuela Carmena o Gómez Benítez, abogado de confianza de Felipe González y uno de los negociadores con ETA, lo que da idea de su compromiso político (obviamente, legítimo). O el corrupto, así lo dijeron los jueces, Pascual Estevill, en el epicentro de la corrupción en Cataluña en tiempo de Convergència, y a quien quitaron de en medio para que no siguiera cobrando comisiones.

No es casualidad la lista de vocales que han acabado de ministros o altos cargos, salvo que los miembros del CGPJ sean mentes privilegiadas

Hay muchos más, pero solo hay que echar un vistazo a la lista para entender por qué la renovación quinquenal de los vocales del CGPJ es de forma recurrente un asunto polémico. No sin razón, el Constitucional ya advirtió en su sentencia de 1986 que la "la verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos". Es más, el propio TC advertía que "los riesgos no son consecuencia obligada del sistema", sino de quienes lo pretenden subvertir. La lógica del Estado de partidos, reconocía el TC, empuja a actuaciones de este género, "pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial".

"Desde detrás"

Y tenía razón el TC sobre los riesgos (ya hace 35 años) porque muchos vocales —desde luego no todos— son vasos comunicantes con el Gobierno de turno, y de ahí la polvareda. Lo paradójico es que no se trata de un problema nuevo. De hecho, el método de elección se ha cambiado varias veces, con los límites que marca la Constitución, y periódicamente los consensos saltan por los aires, en particular cuando el PP está en la oposición. ¿O es que Ignacio Cosidó no era un dirigente conservador cuando dijo en un WhatsApp a sus allegados que controlando el CGPJ se podía controlar la sala segunda del Supremo "desde detrás"?

La realidad ha demostrado, sin embargo, que, como sucede con las leyes electorales, no hay un sistema mejor que otro. Lo relevante es que los vocales actúen con independencia, y esto puede suceder, o no, con uno u otro método de elección. Nadie diría que EEUU o Reino Unido son democracias imperfectas porque tienen un sistema electoral mayoritario, frente al proporcional (con los matices que se quieran) imperante en Europa continental. O que el Tribunal Supremo de EEUU es ilegítimo porque la elección es vitalicia. Lo relevante, por el contrario, es que quien es elegido no se comporte como un correveidile, o que los propios partidos políticos no presionen a quienes un día eligieron como candidatos.

No hay un sistema mejor que otro. Lo relevante es que los vocales actúen con independencia, y esto puede suceder, o no, con uno u otro sistema

De hecho, ya se han puesto en funcionamiento varias fórmulas y el resultado siempre ha sido el mismo: bronca en cada renovación, hasta llegar a la irresponsabilidad actual. Hay que recordar que la primera Ley orgánica de 1980 estableció que los doce vocales de procedencia judicial fueran elegidos entre jueces y magistrados (tres procedentes del Supremo), pero como el sistema de elección era tan exigente (los candidatos debían estar avalados por el 10% de los electores) el resultado fue que la asociación mayoritaria (conservadora) copó todos los puestos, cuando la mitad de los jueces no están afiliados.

¿Evitar bloqueos?

En la reforma de 1985 —a propuesta del diputado Bandrés—, se cambió el sistema para que fueran el Congreso y el Senado quienes eligieran a los 20 vocales, a la luz de un principio explicitado en la exposición de motivos: "los poderes del Estado emanan del pueblo" (el célebre Montesquieu ha muerto de Alfonso Guerra). Como el método tampoco gustó, la reforma del PP de 2001 volvió a dar mayor protagonismo a las asociaciones de jueces, que debían seleccionar a 36 candidatos para que, a su vez, entre ellos, tanto el Senado como el Congreso eligieran a seis cada uno. El resultado fue que pese a que la mitad de los jueces no pertenece a ninguna organización, las Cortes eligieron nueve candidatos asociados y solo tres no asociados. En 2013, se volvió a la carga en la reforma del CGPJ, y esta vez, aunque suene a chiste, con la intención de evitar los bloqueos.

Ya lo dijo Cosidó a sus compañeros del Senado tras el acuerdo con el PSOE: "Controlaremos la sala de lo penal por detrás"

Tanta reforma, en realidad, solo esconde el interés de los partidos por controlar el poder judicial. Y lo que no es menos grave, por ganar votos, aunque sea degradando la calidad de las instituciones. Lo último que le preocupa a Casado es la independencia judicial, si no desgastar al Gobierno, aunque sea a costa de poner en entredicho a una de las instituciones claves del Estado (antes se esgrimió que no se negociaría con Pablo Iglesias en el Gobierno). No sin razón, muchos juristas han propuesto que tal vez la única solución sea recortar las competencias del CGPJ a la hora de nombrar magistrados en los altos tribunales, sustituyendo el método actual por uno basado en concurso-oposición. O caminar hacia una reforma de mayor calado similar a la de los bancos centrales, donde los consejeros ejecutivos se renuevan parcialmente cada ocho años (no renovables) para no convertir la elección en una batalla política.

Cualquier sistema, en todo caso, está condenado al fracaso si no se aceptan las reglas de juego. Ya lo dijo con absoluta sinceridad Cosidó a sus compañeros en el Senado tras pactar con el PSOE en 2018 y llevar al juez Marchena a la presidencia: "Con la negociación, el PP tiene nueve vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11", recalcó. "En otras palabras", continúa el portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, [Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además, controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, [competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos]". Nada más, señoría.

Es probable, como dijo en alguna ocasión Jorge Semprún, y así lo dejó escrito en su autobiografía, que a Pedro Sánchez le suceda lo que a Santiago Carrillo, que su mérito fue sobrevivir a todos sus errores. Algo parecido podrá exhibir Casado si tras las próximas elecciones es capaz de armar una coalición de gobierno: "Yo sobreviví a los míos".

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