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"Todos invocan el dulce nombre de la patria"
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Carlos Sánchez

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"Todos invocan el dulce nombre de la patria"

La España política se agrieta un poco más. La económica resiste. El resultado es una creciente distancia entre el sistema político y los ciudadanos

Foto: Vista general del Congreso de los Diputados. (EFE/J. J. Guillén)
Vista general del Congreso de los Diputados. (EFE/J. J. Guillén)
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Los sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, han escrito para Funcas un valioso opúsculo —aquí el texto— que han titulado Cuarenta años después: la sociedad civil española, de un primer impulso a una larga marcha. Aunque su publicación ha coincidido en el tiempo con las cuatro décadas del triunfo socialista en 1982, no pretenden hacer una disección de lo que ha cambiado España durante ese periodo, sino un análisis sereno sobre lo que somos. Como ellos mismos sostienen, de lo que se trata es de interpretar qué es lo que llamamos sociedad civil entendida en un sentido amplio. Es decir, "un modelo de sociedad que combina una democracia liberal y una economía de mercado, un tejido asociativo plural y una cultura de la libertad".

Esas características pueden parecer superfluas a muchos, incluso banales, porque ya están superadas: objetivo cumplido, pero con solo echar un vistazo a los últimos 200 años de nuestra historia cabe pensar que vivir en libertad no es cosa pequeña para un país como España. Es por eso por lo que Pérez-Díaz y Rodríguez identifican una serie de riesgos que conviene no olvidar. El primero de ello, en la esfera política, la construcción de una polis dividida, fracturada, caracterizada por tacticismos de corto alcance [¿les suena?] y por un debate público confuso y beligerante; más propio de un estado despótico sometido a la voluntad de un partido o a unas oligarquías.

La España política, no en el ámbito de los derechos civiles, continúa viviendo de los dividendos de la Transición por falta de reformas

El segundo riesgo que identifican es la deriva hacia una economía más intervenida, estatista y colectivista, con niveles bajos de productividad e innovación y un alto desempleo que se ha convertido en estructural, y con el que se convive de forma natural (el doble que en Europa desde hace décadas salvo en la burbuja inmobiliaria). El tercero, la deriva hacia una sociedad desconectada y fragmentada, incluso atomizada, desconfiada de sí misma, y, como tal, incapaz de articular su voz en el espacio público. Y por último, una deriva hacia una cultura del "yo/nosotros por encima de todo", lo que los anglosajones podrían llamar una cultura del me first o us first. Es decir, con un grado modesto de altruismo o empatía, y con una educación moral de vuelo corto. El actual debate fiscal, en lo que hay mucho de egoísmo de clase, tiene mucho que ver con esta advertencia.

La distancia

La principal conclusión del ensayo, sin embargo, es que la España de las últimas décadas es un claro ejemplo de notable distancia de la ciudadanía respecto de la clase política intensificada en los últimos años. Al menos, desde que puede medirse esa actitud mediante encuestas. Ese distanciamiento, recuerdan, no es un fenómeno tan común en Europa como a veces se ha sostenido en el marco del debate académico.

La tesis es oportuna porque es innegable que España, en estas últimas cuatro décadas, aunque tal vez habría que decir desde 1977, ha avanzado de forma evidente en el plano económico y social (derechos y oportunidades impensables durante la dictadura), pero a nadie se le escapa que, en el marco político e institucional, las cosas no han ido por ahí. Al menos, de una forma similar. Cabría decir, de hecho, que la España política, no en el ámbito de los derechos civiles, que han aumentado de forma evidente, sigue viviendo de los dividendos de la Transición. Ha sido incapaz de poner al día su arquitectura institucional, lo que explica las causas de muchos problemas. Obviamente, por su ineptitud a la hora de centrar la agenda pública en los asuntos que de verdad importan.

La crisis en el poder judicial, cuyo origen está en la irresponsable actitud del PP de poner zancadillas a la renovación de un órgano constitucional, es el último ejemplo de una actitud cerril. Pero también el secuestro de la autonomía del parlamento por el poder ejecutivo mediante el abuso de decretos leyes, la degradación del sistema político con la elección de los acólitos al jefe de turno o la ausencia de evaluación real de las políticas públicas para hacer más eficiente el gasto público y disponer así de recursos suficientes para atender las demandas sociales son otros ejemplos de que la distancia entre la situación económica, en el sentido amplio y no estrictamente coyuntural, y la calidad del sistema político ha tendido a ensancharse.

Muchos ven con naturalidad que no se renueven los órganos constitucionales para castigar a Sánchez, pero ellos son los perjudicados

Probablemente, por algo muy prosaico. La economía española está plenamente integrada en Europa, que es quien marca el campo de juego, y ahí están el euro, la disciplina fiscal o, incluso, los fondos de emergencia que periódicamente han beneficiado a España desde la crisis de 2008, mientras que la esfera de la política interna la marca nuestro propio sistema parlamentario, que adolece de graves deficiencias en su funcionamiento. En particular, por el escaso prestigio de sus miembros, que actúan más como funcionarios del partido que como líderes emergidos de la propia sociedad, lo que explica en parte el distanciamiento de la política y hasta la mala calidad de la técnica jurídica. Para hacer carrera no es necesario ser un referente en cualquier ámbito social, académico o profesional, sino que lo más rápido y eficaz es apuntarse a un partido político a los 18 años y, a partir de ahí, pegarse a quien tiene mejores expectativas de triunfo.

También por la escasa cultura de la autonomía en el ejercicio de los cargos públicos, lo que hace, por ejemplo, que en más del 90% de los casos se sepa lo que va a votar un miembro del TC, del Poder Judicial o de cualquier órgano constitucional, y que en realidad es lo que está detrás del actual colapso institucional. Produciendo lo que algunos han llamado el papel "deseducador" de la clase política con los ciudadanos, lo que contribuye poderosamente a no tener acceso a lo que Pérez-Díaz y Rodríguez denominan "senda nórdica". Muchos ciudadanos ven con naturalidad que no se renueven los órganos constitucionales porque así se castiga a Sánchez, cuando en última instancia ellos son los perjudicados por una justicia de calidad deficiente o porque el Constitucional está saturado de expedientes sin resolver.

Polarización política

El resultado, como no puede ser de otra manera, es que la política tiende a convertir en una mera disputa entre partidos, en un ring, cuyo incentivo no es dar respuesta a los problemas de la sociedad, sino más bien situarse en una posición de privilegio ante la siguiente convocatoria electoral. Esto es lo que explica el auge de la polarización política y la consiguiente erosión de la democracia, entendida como un espacio de civilización y racionalidad y no como el ámbito de las emociones. Cuanto peor, mejor.

Frente a la vertebración, por el contrario, se ha optado por la polarización. Precisamente, porque es más rentable en términos electorales

En otras palabras, una especie de renuncia a la vertebración del sistema social, que en definitiva es la esencia de los modelos representativos de participación pública. Frente a la vertebración, por el contrario, se ha optado por la polarización. Precisamente, porque es más rentable en términos electorales e ideológicamente más barato, lo que convierte las elecciones en un plebiscito —o ganan ellos o ganamos nosotros— y no en una competencia entre programas políticos.

El deterioro del sistema político no es, desde luego, patrimonio de España. Y, de hecho, el populismo anida en su interior en muchos países. Sin duda, porque el desprestigio de la política favorece lo que muchos han llamado la desintermediación de la cosa pública, ahora alimentada por las redes sociales, lo que lleva inevitablemente al desorden, que es el material sobre el que se levantan los sistemas autoritarios a partir de una supuesta legitimidad de origen. En nombre del pueblo se han hecho infinitas tropelías.

Foto: Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, en la Moncloa. (EFE/J.J. Guillén) Opinión

No se pacta porque de forma torticera se ha hecho creer que eso sería lo mismo que traicionar los principios, lo cual lleva a la destrucción de la democracia en su sentido más profundo. Y lo que no es menos relevante, arrastra a la economía, que, por razones evidentes, no es inmune a la ausencia de políticas de Estado. Sin embargo, al igual que existe un principio de legalidad, también existe otro de responsabilidad (artículo 9.3 de la Constitución), que es el que a menudo se olvida.

Hace siglo y medio ya lo vio venir Amadeo de Saboya en su célebre carta de despedida de España: "Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los qué con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles, todos, invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males".

Los sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, han escrito para Funcas un valioso opúsculo —aquí el texto— que han titulado Cuarenta años después: la sociedad civil española, de un primer impulso a una larga marcha. Aunque su publicación ha coincidido en el tiempo con las cuatro décadas del triunfo socialista en 1982, no pretenden hacer una disección de lo que ha cambiado España durante ese periodo, sino un análisis sereno sobre lo que somos. Como ellos mismos sostienen, de lo que se trata es de interpretar qué es lo que llamamos sociedad civil entendida en un sentido amplio. Es decir, "un modelo de sociedad que combina una democracia liberal y una economía de mercado, un tejido asociativo plural y una cultura de la libertad".

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