Por qué Madrid se ha convertido en algo políticamente tóxico

Madrid es la comunidad autónoma con mayor peso económico de España, representa el 19,4% del PIB, y posee, igualmente, la renta por habitante más elevada del país: 34.821 euros. Pese a su reducida superficie —30 provincias españolas tienen un tamaño superior— se trata de la tercera región con mayor población, 6,74 millones de habitantes, lo que supone el 14,2% del total. Solo Andalucía y Cataluña tienen mayor número de habitantes, pero ambas regiones cuentan con una superficie notablemente superior.

La Comunidad de Madrid, igualmente, concentra casi el 70% de la inversión extranjera en España, lo que tiene mucho que ver con el efecto sede. Aunque una empresa multinacional vaya a destinar su inversión a otros lugares de España donde tenga sus intereses, la canaliza a través de donde ha localizado su residencia, lo que explica que la Comunidad de Madrid capte, por ejemplo, siete veces más inversión extranjera que Cataluña o 54 veces más que Andalucía pese a que esta última región tiene más población y diez veces más superficie.

Madrid concentra el 29% de los empleados públicos, pero sube al 36% si se eliminan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

Madrid, de la misma manera, es la comunidad autónoma con mayor inversión en Investigación y Desarrollo (el 26,3% del total), aunque solo el País Vasco la supera si analiza esa relación por habitante. Es, igualmente, la que solicita un mayor número de nuevas patentes, lo que tiene mucho que ver con que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo que más patentes solicita, tenga su sede en Madrid. La capital, de hecho, está aprovechando como nadie la creciente concentración del talento y de la innovación en las grandes ciudades, un fenómeno que desde luego no es exclusivo de España.

Donde destaca Madrid, sin embargo, es en relación con su peso político y administrativo. Madrid concentra el 29,5% de los empleados públicos del Estado, pero si eliminan las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya implantación está desplegada por todo el territorio nacional, el resultado es que el 36,1% de los empleados públicos vive en Madrid, casi el doble que su peso económico. Cataluña, por ejemplo, apenas absorbe el 6,7% de los empleados del Estado, la tercera parte de su peso económico.

Modelo radial

Ni que decir tiene, sin embargo, que la importancia de Madrid es, sobre todo, política, habida cuenta de que todos los órganos de decisión —Gobierno central, parlamento, poder judicial o Tribunal Constitucional, además de otras muchas instituciones como las academias, la Biblioteca Nacional, los museos nacionales o las fundaciones privadas— tienen su sede en la capital, que además cuenta con un privilegio que ninguna comunidad posee. El modelo radial de infraestructuras, en lugar de un sistema basado en red que abarque el conjunto del territorio, hace que desde 1720 las seis principales carreteras nacionales tengan su origen en Madrid. Incluso la alta velocidad ha copiado el sistema radial, lo que ha dejado a muchos territorios con graves problemas de movilidad. Hoy es más rápido desplazarse entre Madrid y Barcelona que entre dos capitales de provincia de la misma comunidad autónoma.

Este desequilibrio territorial no se puede comparar, sin embargo, con el peso político de Madrid, que ha irradiado sus asuntos internos —y habría que decir que a veces hasta el clima— al resto de territorios. Quien preside la Comunidad de Madrid tiene una visibilidad nacional de la que carece cualquier otro presidente autonómico. Y no puede ser casualidad, desde luego en el caso del Partido Popular, que en los últimos años al menos tres líderes conservadores, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón o Isabel Díaz Ayuso, se hayan barajado como posibles candidatos a presidir el partido. Sin duda, por la enorme proyección política que supone gobernar Madrid, que a menudo es el perejil de todas las salsas políticas. El PSOE ha hecho justo lo contrario, posiblemente porque ni González ni Zapatero ni Sánchez han querido tener un adversario político en Madrid de entidad, lo que les ha llevado a presentar siempre candidatos menores. Casado lo hizo con Díaz Ayuso, pero le salió rana.

Aquello puede explicar que la agresividad de la política madrileña --no sólo en relación a Madrid como comunidad autónoma, sino a lo que sucede en el Congreso de los Diputados, empapado de zafiedad-- no sea comparable a la que existe en otras comunidades autónomas, donde hay una confrontación, digamos razonable, entre líderes de diferentes partidos, pero para nada comparable con el nivel de enfrentamiento en Madrid, y cuya intensidad ha ido creciendo con el tiempo. Incluso el expresidente de Madrid, Joaquín Leguina, que dejó la comunidad hace 28 años, tiene todavía presencia pública, lo que da idea de la relevancia del cargo. No sucede con ningún otro expresidente, probablemente con la excepción de Pujol. ¿Alguien se acuerda de Joan Lerma o de Juan Vicente Herrera, quien presidió Castilla y León durante 18 años?

La agresividad de la política madrileña no es comparable a la de otras comunidades, donde hay una confrontación, digamos, razonable

Madrid, sin embargo, y al contrario de lo que proclama la actual inquilina de la Real Casa de Correos, no es España. Entre otras razones, porque la Constitución ha diseñado un modelo territorial cuasi federal, lo que permite a los gobiernos regionales gozar de una amplia autonomía en materias tan relevantes como la sanidad o la educación, además de múltiples servicios sociales o urbanísticos. Esta relevancia, sin embargo, no suele reflejarse en el debate público, lo que explica que las sucesivas elecciones suelen girar en torno a cuestiones de política nacional.

Preocupaciones ciudadanas

Esto es así porque además se da un hecho insólito que algún día habrá que corregir. La proximidad en el tiempo, apenas unos meses, entre las elecciones locales y autonómicas, por un lado, y las generales, por otro, hace que la competencia electoral se convierta en realidad en una confrontación sobre quién debe ser el próximo presidente del Gobierno, marginando, de esta manera, el debate sobre cuestiones que están en el centro de las preocupaciones ciudadanas.

Es verdad que, a medida que se ha ido consolidando el Estado democrático, los electores —y hay múltiples ejemplos— han ido matizando su sentido del voto en función de si el alcalde de la localidad o el presidente de la comunidad autónoma lo ha hecho bien o mal, pero no hay ninguna duda de que la influencia de la política nacional es muy superior a lo que debería corresponder en un Estado tan descentralizado como el español.

La tentación de muchos gobernantes, de hecho, como se vio en Madrid en las autonómicas de 2021, es convertir las elecciones regionales en un plebiscito sobre el inquilino de la Moncloa, lo cual, en su caso, tuvo indudables réditos. Apenas se debatieron cuestiones que afectan a los madrileños, sino que el debate público giró sobre los independentistas catalanes, la política de alianzas del PSOE o sobre terrorismo, lo cual le permitió a Ayuso estar cerca de la mayoría absoluta.

Hay una España que discute con moderación y prudencia cosas que importan y otra que grita sin argumentos para llamar la atención

Ni que decir tiene que la consecuencia de esa estrategia de polarización no solo es un empobrecimiento del debate público sobre cuestiones muy relevantes que afectan al día a día de la ciudadanía, sino que encanalla la vida pública en la medida que el nivel de confrontación siempre es mayor en unas elecciones generales que en unas locales o autonómicas. Al fin y al cabo, lo que se juega es quien escribe el BOE.

El resultado, y, como no puede ser de otra manera, dado el enorme peso que tiene la política madrileña desde el lado de la oferta mediática, es que se da la falsa impresión de que en la mayoría de los municipios, capitales de provincia o comunidades autónomas el grado de confrontación es similar al de Madrid, lo cual es completamente falso.

Quince minutos de gloria

De hecho, ya es algo más que una obviedad la existencia de una cierta toxicidad de la política madrileña respecto del conjunto del país, lo cual ejerce una cierta mala influencia sobre gobernantes desaprensivos que han encontrado su razón de ser en la confrontación política. La parte positiva es que hay una España que discute con moderación y prudencia cosas que importan y otra que grita sin argumentos solo para llamar la atención. Los célebres quince minutos de gloria, que decía Andy Warhol.

No es un asunto menor habida cuenta de que las ciencias sociales han encontrado evidencias de que la cohesión territorial, en la medida en que evita la competencia por captar rentas públicas, es una de las herramientas más útiles para evitar la polarización y los nacionalismos excluyentes. También los localismos anacrónicos más propios de otra época.

En Alemania o Suecia, por el contrario, el equilibrio territorial es mayor y eso explica que, por el contrario, la polarización sea menor

O lo que es lo mismo, la cohesión social, que surge de identificar correctamente las necesidades de cada territorio, reduce de forma significativa los agravios comparativos, y que a la postre son una de las fuentes del descontento social.

El Brexit, de alguna manera, es hijo de las crecientes diferencias entre Londres y los condados del interior del Reino Unido, y algo parecido sucede en Francia respecto de París y el resto de regiones. En Alemania o Suecia, por el contrario, el equilibrio territorial es mayor y eso explica que, por el contrario, la polarización sea menor gracias a la existencia de políticas locales que ahuyentan la fuga de talento y promueven la especialización productiva. Obviamente, como consecuencia de un debate sereno sobre los problemas internos de cada territorio, sin que los asuntos nacionales puedan emponzoñar el debate público. Conviene tenerlo en cuenta. Inditex tiene su sede en Arteixo (A Coruña) y Mercadona en Tavernes Blanques (Valencia) y no pasa nada. Madrid es Madrid y Murcia es Murcia.