Es noticia
Elecciones gatopardianas para que todo siga igual
  1. España
  2. Mientras Tanto
Carlos Sánchez

Mientras Tanto

Por

Elecciones gatopardianas para que todo siga igual

España ha perdido el impulso reformista. Las elecciones municipales y autonómicas han pasado de largo por la modernización del modelo territorial, que es confuso y adolece de la necesaria eficacia administrativa

Foto: Feijóo, Ayuso y Almeida. (EFE/Fernando Alvarado)
Feijóo, Ayuso y Almeida. (EFE/Fernando Alvarado)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

El mayor bulo de la historia, como hace unos días recordaban los analistas de Intermoney en un texto enviado a sus clientes, lo desmontó en 1440 el humanista Lorenzo Valla, quien demostró que la supuesta donación de Constantino a la Iglesia católica de la ciudad de Roma y de amplios territorios del imperio (incluida la península ibérica) era falsa.

Valla, mediante un estudio histórico-filológico, acreditó que aquel documento, por el que la Iglesia asentó su poder terrenal gracias a la donación del emperador convertido al cristianismo, era, en realidad, una falsificación realizada al menos cuatro o cinco siglos después de la supuesta dádiva. El documento, sin embargo, fue esgrimido por el papa León IX para consolidar su poder frente a Bizancio y, pese a su falsedad, permitió a la Iglesia disponer de los llamados Estados Pontificios durante siglos, además de un sinfín de privilegios.

Foto: Los colegios electorales se preparan para el 28-M.

La política siempre tiene algo de documento apócrifo, como la supuesta donación de Constantino. Probablemente, porque juega con las emociones. Al final y al cabo, la sociología electoral ha demostrado que el elector, en el momento de depositar su voto, mira más hacia el futuro que hacia el pasado, lo que habilita un enorme campo de juego para la creación de expectativas que pueden cumplirse, o no. El elector no escéptico tiende a creer los cantos de sirena y solo rectifica cuando se inicia otro nuevo proceso electoral.

A partir de este razonamiento, parece coherente que la campaña electoral haya buscado, sobre todo, ofrecer soluciones simples a problemas complejos, como la vivienda, la mejora de la sanidad pública, la dependencia o la política de regadíos, pero sin abordar las insuficiencias del Estado autonómico desde el punto de vista de la gobernanza a la luz de un hecho cierto: la existencia de un reparto competencial mal definido y peor ejecutado entre las distintas administraciones.

Incomparecencia del poder político

No parece que esto preocupe a la vista de que este país hace tiempo que perdió el impulso reformista, que nada tiene que ver con tomar muchas medidas para dar apariencia de que las cosas están cambiando. Cada Gobierno autonómico —también el central— proclama sus soflamas sin tener en cuenta que la ejecución de las promesas dependerá de la colaboración entre administraciones, lo cual es especialmente importante a la vista del confuso reparto competencial que recoge la Constitución, como han acreditado muchos especialistas. La confusión es tal que en la práctica ha supuesto que sea el propio Tribunal Constitucional quien se ha visto obligado a configurar los límites competenciales ante la incomparecencia del poder político, que es en quien descansa la representación de la soberanía popular. Muchos juristas, de hecho, hablan de que se ha producido una auténtica mutación constitucional por la vía de los hechos.

Por eso sorprende que en la agenda pública no hayan aparecido ni la revisión del actual modelo de financiación autonómica (vencido hace nueve años) ni una idea —ni mucho menos un horizonte temporal— para avanzar en la necesaria modernización del Título VIII de la Constitución, cuya redacción quedó manifiestamente incompleta en 1978. Ni, por supuesto, existe un debate político de alguna enjundia sobre la necesidad de repensar el marco jurídico de las grandes ciudades. En particular, Madrid, cuya potencia económica ha desbordado a los propios límites territoriales de la Comunidad.

Foto: Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, a las puertas de Moncloa. (EFE/J.J. Guillén) Opinión

Un dato lo explica casi todo. La mitad de los madrileños trabaja en una población distinta a la que reside, lo que provoca una enorme movilidad diaria que afecta, como es lógico, a las infraestructuras, al medio ambiente y al propio desarrollo de las urbes afectadas por este ingente éxodo diario.

Es evidente que esta realidad no es única de Madrid o de Barcelona, que al menos funciona como un área metropolitana más o menos integrada, pero la diferencia estriba en que otros estados han abordado esta problemática para hacer una administración más eficiente atendiendo las necesidades generales.

No es el caso de España, pese a la confusión que introduce la Constitución con tres niveles de autogobierno mal definidos, sin contar la singularidad que supone la coexistencia de los regímenes forales o del sistema canario, y que en la práctica provocan muchas disfunciones. Precisamente, por las insuficiencias del ordenamiento jurídico-institucional y la ausencia de reformas de calado que vayan más allá que una subvención o una política de incentivos que a menudo tiene más un carácter clientelar que de eficiencia económica. Ni siquiera hay una discusión serena sobre el mal funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por supuesto, del Senado, convertido en una cámara fantasmagórica. Es de aurora boreal que la cámara de representación territorial, tal como la perfila la Constitución, mire para otro lado en unas elecciones autonómicas que afectan a 12 territorios.

Una asimetría

El resultado es obvio. Se arrastran problemas que tienen malas consecuencias —se ha hablado de una España inviable por su configuración territorial si no se le dotan de los instrumentos necesarios— para los agentes económicos, que padecen duplicidades, alta burocracia o, simplemente, deben pagar con sus impuestos gasto público inútil por ausencia de una articulación ineficiente de las políticas públicas. Básicamente, por no disponer de herramientas jurídico-políticas que son propias de un estado cuasi federal, como es el español, si bien compatibles, en su estado actual, con la existencia de una asimetría entre ingresos (dependencia de la Hacienda estatal) y de gastos (autogobierno casi total).

En su día se habló de una segunda transición autonómica que pasaba por una redefinición de las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, dando a los primeros mayores responsabilidades en asuntos más cercanos al ciudadano, pero nada se ha hecho. Obviamente, porque las segundas no quieren oír hablar de renunciar a sus competencias, aunque estén duplicadas, por ejemplo en servicios sociales o ayudas a las familias.

Es posible que también debido a que el clima político se ha construido a partir de la confrontación y no de la colaboración, que es la base del funcionamiento de un estado tan descentralizado como es el español. Algo que puede explicar la obsesión de las comunidades autónomas y del propio Gobierno central por legislar sin ton ni son sin atender a la propia complejidad del Estado solo para ganar votos y transmitir la sensación de que con leyes de parte (como la ley de vivienda en lo que corresponde a competencias sobre la ordenación del territorio) se solucionan los problemas. ¿El resultado? Una auténtica hemorragia legislativa que en última instancia embarra un poco más el campo de juego de la política.

Cualquier proceso electoral de carácter territorial se convierte en una elección nacional, lo cual es absurdo

No puede extrañar, por eso, la deliberada confusión que se ha instalado en la democracia española, donde los electores no conocen con precisión, en ocasiones ni siquiera de una manera aproximada, las competencias de las diferentes administraciones, lo que explica que al final cualquier proceso electoral de carácter territorial se convierta en una elección nacional, lo cual es absurdo. La consecuencia es que el gestor de turno se esconde y no rinde cuentas a su electorado haciendo, al mismo tiempo, invisibles a los parlamentos regionales. Sin embargo, votar al alcalde o al presidente de una comunidad en función de quien reside en la Moncloa, independientemente de que se trate de un partido o de otro, es lo mismo que echar una carta en un buzón con la dirección equivocada.

La desinformación, al margen de quien la ejerza, es también un fraude electoral, como lo fue la presunta donación de Constantino.

El mayor bulo de la historia, como hace unos días recordaban los analistas de Intermoney en un texto enviado a sus clientes, lo desmontó en 1440 el humanista Lorenzo Valla, quien demostró que la supuesta donación de Constantino a la Iglesia católica de la ciudad de Roma y de amplios territorios del imperio (incluida la península ibérica) era falsa.

Elecciones municipales y autonómicas Ayuntamiento de Madrid
El redactor recomienda