Barcelona y Fuenteovejuna, todos a una

Ya hay pocas dudas de que el siglo XXI será el siglo de las ciudades. Naciones Unidas ha estimado, por ejemplo, que al acabar esta década alrededor del 60% de la población mundial vivirá en grandes urbes. La proporción puede parecer aún pequeña, pero hay que tener en cuenta que en buena parte del planeta la agricultura todavía supone el principal medio de subsistencia, y de ahí su anclaje al medio rural.

La consecuencia de tan rápida urbanización del territorio es el nacimiento de nuevos problemas para las ciudades como el hacinamiento, la falta de infraestructuras básicas, la proliferación de residuos o la sobreexplotación de recursos, lo que en última instancia provoca efectos dramáticos sobre el clima. Se habla ya de ciudades-estado, lo que inevitablemente evoca a la antigua Grecia, construida en torno a la polis. En el otro extremo están los pequeños municipios, en la inmensa mayoría condenados a desaparecer.

Las ciudades de más de 100.000 habitantes suponen hoy el 40% de la población, pese a representar apenas el 0,70% de los municipios

España, como es lógico, no es una excepción. Aunque evidentemente sus problemas son los del primer mundo, utilizando la vieja terminología de Naciones Unidas, existen algunos paralelismos. En 2022, por ejemplo, solo dos ciudades, Madrid y Barcelona, sumaban el 10,3% de la población española, pese a que ambos municipios son una proporción microscópica de los más de 8.100 ayuntamientos del país. Si a la lista se incorporan otras grandes urbes, en relación con el tamaño de España, resulta que las ciudades de más de 100.000 habitantes suponen hoy el 40% de la población, pese a representar apenas el 0,70% de los municipios. Nunca antes se había producido un nivel de concentración humana tan relevante en torno a las ciudades.

Lo singular, sin embargo, es que en paralelo no se ha producido una reducción en el número de municipios, que lejos de disminuir han crecido, aunque sea muy ligeramente. El resultado es inapelable: el 85% de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes, lo que les hace difícilmente sostenibles en la medida que no son capaces de generar actividad económica suficiente para sobrevivir.

Gasto corriente

Su presupuesto, de hecho, es un monumento al gasto corriente a la luz de su mínima capacidad de inversión. El gasto ordinario supone el 84% del presupuesto, mientras que los gastos de capital, que a medio y largo plazo son un multiplicador del crecimiento, apenas representan el 11%. El 5% restante son gastos financieros.

Esta falta de inversión es, precisamente, lo que les impide competir con las grandes urbes, lo que hace que su oferta de servicios públicos sea claramente insuficiente. Un dato lo refleja con nitidez. El gasto medio por habitante en los municipios españoles equivale a 1.082 euros, siendo un 42% más elevado en los ayuntamientos de más de un millón de habitantes. Esto explica que incluso las urbes medianas, que hasta ahora eran el destino forzado de los vecinos de los municipios más pequeños, hayan comenzado a perder población en favor de las grandes. Se trata de un proceso imparable que refleja una realidad incómoda. El futuro pasa por mega urbes más importantes que los propios estados. Lo mismo que muchas multinacionales son hoy más grandes que muchos países, también las ciudades lo serán respecto de sus estados.

La mancha azul o roja varía en función del momento político nacional

La legislación española, sin embargo, continúa siendo ajena a este proceso. El diseño del modelo territorial se construyó en torno a las comunidades autónomas, lo que a la postre ha generado, en particular en las regiones uniprovinciales, una paradoja. Muchas capitales de provincias son política y económicamente más importantes que la propia comunidad autónoma. El caso más llamativo es el de Madrid, aunque hay otros de naturaleza similar: Barcelona respecto de Cataluña o Bilbao frente al País Vasco. La capital de España representa el 50% de la población de la región, y su importancia económica es notablemente mayor, pero el ayuntamiento, por falta de autonomía municipal, es subsidiario de lo que se decide en la puerta del Sol, sede de la presidencia.

No se trata de un problema puntual vinculado a un determinado liderazgo político, sino que esconde una realidad preocupante. Las comunidades autónomas han tendido a sustraer competencias municipales, una especie de neocentralismo autonómico, pese a que la importancia de los grandes municipios no ha dejado de crecer. El resultado, como no podía ser de otra manera, es la existencia de múltiples duplicidades en la gestión de determinados servicios públicos, principalmente en servicios sociales, gestión cultural o desarrollo de infraestructuras. Y lo que no es menos relevante, una ineficiencia crónica, incluso en la política urbanística, derivada de una legislación pensada para una época que ya no existe.

En su día se habló de una segunda Transición enfocada a la recuperación de competencias municipales secuestradas por los gobiernos autonómicos pese a la existencia de un principio constitucional favorable a acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. Sin embargo, y tras varias reformas del régimen local poco se ha avanzado. Ni Madrid ni Barcelona ni otras grandes ciudades del país tienen un estatus propio, sino que la legislación trata prácticamente igual a un municipio de medio millón de habitantes que a otro que supere por poco los 5.000.

Una singularidad

En paralelo, y aquí está otra de las paradojas, miles de municipios languidecen o están a punto de desaparecer sin que haya una legislación propia que recoja su singularidad. Por ejemplo, introduciendo la figura de un gestor profesional encargado de movilizar y maximizar los recursos disponibles y de llevar el día a día de la corporación, lo que no es incompatible con la figura del alcalde elegido por los vecinos. Es decir, una gestión más profesionalizada para aprovechar mejor los recursos públicos.

Es obvio que esa segunda Transición territorial, que incluye la concentración efectiva de corporaciones locales que hoy son únicamente una identidad sin sustancia administrativa alguna, solo se puede hacer desde un clima político sosegado. No es el caso. En su lugar, se ha optado por la confrontación, lo que ha convertido en crónicos problemas que deberían haberse encauzado hace tiempo. Por ejemplo, el papel de las diputaciones provinciales, que es completamente redundante con las comunidades autónomas, y que hoy, como lo fueron durante el franquismo, pero con un modelo territorial completamente distinto, se han convertido en un instrumento de control político gracias a los cuantiosos recursos que manejan.

Lo ocurrido en Barcelona es un acierto de Feijóo que demuestra que los grandes partidos pueden colaborar en torno a un mismo fin

La pérdida de identidad de los ayuntamientos en favor de las comunidades autónomas no es políticamente desdeñable. Los ciudadanos tienen menos incentivos para fiscalizar a sus alcaldes en las urnas y, por el contrario, lo hacen en función de otros parámetros que nada tienen que ver con su gestión. En particular, introduciendo en el debate público cuestiones de política general que tienen poco que ver con la labor municipal, cuya función principal no es otra que la prestación de servicios públicos. Ni la política de redistribución de rentas, ni la política económica general, por poner dos ejemplos, tienen nada que ver con la gestión de los alcaldes. Claro está, salvo que las grandes urbes dispongan de un estatuto propio de autonomía. En el caso de Madrid, de una ley de capitalidad.

Es verdad que lo que sucede en las grandes ciudades, como no puede ser de otra manera, tiene una proyección nacional, y de ahí, precisamente, que deban gozar de un estatuto propio que no las convierta en rehenes de los gobiernos autonómicos. Y la votación de este sábado en Barcelona, donde gracias al Partido Popular el socialista Collboni ha sido elegido alcalde, lo refleja con claridad. Sin duda, un acierto de Feijóo en la medida de que se puede visualizar que es posible que los dos grandes partidos del espacio público pueden colaborar en torno a determinados fines y no pasa nada. Forma parte de la política pragmática que debe guiar la cosa pública.

Lope de Vega no hubiera podido escribir hoy Fuenteovejuna, que es el símbolo de la lucha de un pueblo contra la injusticia

El Partido Popular, salvo contadas excepciones, se ha beneficiado de esta realidad (el voto en clave nacional) en las pasadas elecciones, pero es probable que en el futuro sea el PSOE, o cualquier otro partido, quien obtenga los réditos de la debilidad de los ayuntamientos como sujeto político. A ello ayuda, sin ninguna duda, la coincidencia en el tiempo de los ciclos electorales, lo que impide al votante diferenciar en la competencia electoral los diferentes ámbitos territoriales. Creando, por el contrario, una confusión deliberada que unas veces favorece a un partido y en otras ocasiones a otro en la medida en que el sistema pivota sobre un bipartidismo imperfecto que hoy tiende a reforzarse. Es curioso observar, en este sentido, como la mancha azul o roja varía en función del momento político nacional, lo cual solo revela un cierto desprecio a la autonomía municipal que ampara la Constitución.

La existencia de un voto cautivo completamente ajeno a la gestión municipal es una mala noticia porque va contra los tiempos. Si las ciudades van a ser más importantes, parece razonable pensar que deben contar con los instrumentos adecuados para hacer frente a los nuevos retos. Pero para eso se necesitan reformas que hoy ni están ni se esperan. Es por eso por lo que hay razones para pensar que Lope de Vega no hubiera podido escribir hoy Fuenteovejuna, que es el símbolo de la lucha de un pueblo contra la injusticia en favor de la mujer ultrajada. O tal vez sí lo hubiera podido escribir en caso de que lo ocurrido este sábado en Barcelona —un pacto a tres— se hubiera generalizado en más municipios. Se llama razón de estado. Y el PP, que a veces juega con fuego, lo ha demostrado este sábado en la capital catalana.