Feijóo y las pensiones: la historia oficial

Puede parecer arqueología política, pero no lo es. El 30 de marzo de 1995, hace ahora casi tres décadas, la Comisión de Presupuestos del Congreso, entonces presidida por Rodolfo Martín Villa, aprobó el informe emitido por la ponencia que redactó el llamado Pacto de Toledo, que debe su nombre a que se acordó en el parador de turismo de la ciudad de las tres culturas. Ponencia, por cierto, que nació como una iniciativa de CiU cuando era un partido de Estado.

Durante su intervención, el portavoz del Partido Popular, el exministro Juan Carlos Aparicio, entonces en la oposición, dijo sin rodeos: “La sinceridad de las intenciones se demuestra por la vía de los hechos y es la hora de demostrar que todos estamos dispuestos a alejar de las batallas electorales, partidarias, materias tan importantes y delicadas socialmente como son las pensiones”. Es evidente que era otra España.

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Uno de los puntos esenciales del Pacto de Toledo era, efectivamente, que un asunto tan delicado —hoy existen 9,02 millones de pensionistas que perciben de media 1.319,41 euros— había que sacarlo fuera de la riña electoral. Otra de las recomendaciones relevantes era que las pensiones debían revalorizarse en la misma cuantía que los precios, y así ocurrió.

En julio de 1997, ya con Aznar en la Moncloa, se aprobó la llamada Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que dejaba bien claro que “las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”, y si el IPC era superior a lo estimado, “se procederá a la correspondiente actualización”. Es decir, no se contemplaba la posibilidad de que los pensionistas pudieran perder poder de compra, pese a que por aquellos años España luchaba por entrar en la primera fase de la unión monetaria, lo que exigía reducir el déficit público al 3% del PIB.

Durante algunos años, tampoco muchos, los partidos centrales del sistema se ajustaron más o menos al guion, pero las sucesivas crisis con que ha tenido que lidiar la economía española en lo que va de siglo han hecho estallar por los aires ese principio.

El camino fácil

Lo paradójico es que en cada una de sus renovaciones —tres desde 1995— siempre se recuerda que entre las 15 recomendaciones iniciales del Pacto de Toledo estaba, efectivamente, el compromiso de que los partidos adoptarán las medidas necesarias para asegurar la viabilidad y suficiencia del sistema de pensiones y, paralelamente, “evitar la utilización electoralista del sistema de pensiones por el camino fácil de prometer mejoras irrealizables o sembrar dudas sobre la intención o la capacidad del adversario político para garantizar la pervivencia del sistema público de pensiones”.

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Es evidente que no ha sido así. Todo empezó a torcerse en el célebre pleno de mayo de 2010, cuando Rodríguez Zapatero, presionado por las políticas de austeridad impulsadas por la canciller Merkel, bajó el sueldo de los empleados públicos, recortó gastos y, sobre todo, congeló, por primera vez en democracia, las pensiones públicas. La siguiente vuelta de tuerca se produjo un año después, cuando el mismo Gobierno, también de forma unilateral, aunque con la aprobación de sindicatos y patronal, retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años.

El mal estaba hecho. Lo que pretendía hacerse por consenso, dado que se trata de una asunto especialmente sensible —los pensionistas no están en condiciones de encontrar rentas alternativas cuando están jubilados—, ha acabado finalmente como el rosario de la aurora. Todos disparan contra todos, lo que refleja que el Pacto de Toledo es papel mojado.

El Partido Popular dio el siguiente paso y su reforma de las pensiones de diciembre de 2013 culminó con una ley de nombre un tanto farragoso —Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social— que en síntesis condenaba a subir las pensiones un 0,25% (como mínimo y como máximo) hasta que el sistema de pensiones estuviera financieramente saneado, algo verdaderamente complicado en la medida en que los baby boomers se aproximaban a la edad de la jubilación. Y lo más singular, la subida sería independiente de cuál fuera la evolución del IPC.

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Lo significativo de aquella reforma volvió a ser la inconsistencia del PP, que si en 2011 votó en contra del aumento de la edad de jubilación junto a EH Bildu, ERC, UPyD o IU, unos meses más tarde no tocó ni una coma cuando llegó al Gobierno con mayoría absoluta. El trabajo sucio lo había hecho el anterior Ejecutivo.

No hace falta pasar por la Facultad de Economía de Harvard ni ser un experto en sociología política para entender que el artículo 7 de dicha ley, el que recogía ese 0,25%, solo podía sostenerse si la inflación era muy baja o, por supuesto, negativa. Y eso es lo que ocurrió hasta 2018, el año en que los precios volvieron a subir, aunque desde luego en una cuantía muy inferior a la de los últimos años. Y fue precisamente —sorpresas que da la vida— un Gobierno del PP el que tumbó su propia norma. Los últimos presupuestos de la era Rajoy, aprobados apenas unas semanas antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa, incluían ya un incremento situado entre el 1% y el 3%, aunque no solo eso. En plena marcha atrás de sus propias leyes, el PP no solo incumplió su ley inicial, sino que congeló el factor de sostenibilidad hasta 2023, cuya aplicación hubiera supuesto un recorte adicional de las pensiones, al tener en cuenta factores como la demografía y la esperanza de vida.

Las cartas de la baraja

Las pensiones, definitivamente, entraban en el carrusel político, pero no para encontrar soluciones conjuntas en el ámbito del Parlamento, que era lo que se pretendía con el Pacto de Toledo, sino para marcar posición. El caso más singular es el del Partido Popular, que en los casi 30 años de vida del Pacto de Toledo ha jugado con todas las cartas de la baraja. Unas veces apoyando una revalorización de las pensiones en línea con el IPC, en otras ocasiones aprobando su congelación en la práctica (ese 0,25%) y últimamente moviéndose en tierra de nadie.

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Lo que salió de la última reunión del Pacto de Toledo —noviembre de 2020— fue lo siguiente (recomendación segunda): “La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema”.

¿Quién o quiénes aprobaron esta recomendación? Pues básicamente toda la Cámara, salvo los dos diputados anticapitalistas de la CUP, que votaron en contra, y la abstención de Vox, ERC, EH Bildu, Foro Asturias y el BNG. En total, 262 votos a favor.

Opinión

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Con este amplio respaldo, cabría esperar que la polémica que envuelve las pensiones se enterrara durante algún tiempo, pero a la vista de cómo marcha la campaña, no parece que ese sea el caso. Obviamente, porque ha aparecido un cisne negro, que se llama inflación, que ha servido, de nuevo, para fijar posición. La del Gobierno no cabe duda y está plasmada en una ley: todas las pensiones, independientemente de su cuantía, deben subir lo mismo que el IPC. Más difícil es conocer la del PP, que juega con la ambigüedad. No dice que derogará la norma en caso de llegar a la Moncloa, pero para desgastar al Gobierno sugiere que el sistema de pensiones tal y como está hoy diseñado es insostenible, lo que hace albergar alguna sospecha de que si algo no es sostenible vendrán los ajustes, y la parte del león, obviamente, es la revalorización en un contexto inflacionista.

Este es, precisamente, el caos en el que vive Feijóo, y de ahí lo errático de sus comentarios y el origen de su patinazo, por no utilizar otro calificativo, en TVE. Hacerse el gallego en un asunto tan serio, sin embargo, no parece razonable. Ya le pasó a Pablo Casado, quien con su política de acoso y derribo al Gobierno llegó a la incongruencia de votar en contra de las recomendaciones del Pacto de Toledo que su grupo parlamentario había aprobado.

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“Señorías, las recomendaciones del Pacto de Toledo no son perfectas, y lo sabemos”, sostuvo en el pleno el diputado Cabezón Casas, portavoz del PP en la reforma de las pensiones, “pero podemos decir orgullosos que este acuerdo fortalece la Seguridad Social y sus principios fundamentales: sistema público de reparto, solidaridad intergeneracional y caja única”. Que se sepa, la actual ley no quiebra ninguno de esos principios, pero el grupo popular —su portavoz volvió a ser el diputado Cabezón Casas— votó a favor de devolver al Ejecutivo el proyecto de ley.

Obviamente, no lo consiguió, pero aquel gesto deja bien clara la ambigüedad en que vive el PP en materia de pensiones, Sí, pero no. O no, pero sí. Como se prefiera. Solo hay una cosa clara. Casi tres décadas después de la aprobación del primer Pacto de Toledo, solo está claro que las reformas que se hacen por consenso permanecen, y la de 2013 duerme hoy el sueño de los justos.