El enemigo del pueblo

En el Museo de la Garrotxa, en Olot, se exhibe el cuadro que mejor representa los antagonismos de una época. Lo pintó Ramón Casas en 1903 y refleja, desde una perspectiva modernista, una carga de la Guardia Civil contra obreros en huelga. Los hechos habían sucedido un año antes, cuando los trabajadores industriales se alzaron en Barcelona reclamando más salarios y mejores condiciones de vida y trabajo.

El óleo, de grandes dimensiones, muestra en un primer plano, aunque Casas no quiso situar a los personajes en el centro de la pintura, sino a un costado para dar mayor realce a los manifestantes, a un guardia civil a caballo coronado por su tricornio reglamentario blandiendo un sable y pateando a un obrero que cae aparatosamente al suelo bajo las pezuñas del animal como si se tratara de un muñeco de trapo.

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Al fondo del cuadro se divisa, entre brumas, la silueta de la basílica de Santa María del Mar, y junto a ella, altivas, chimeneas humeantes, como queriendo mostrar la fuerza de la industria en una Barcelona que había visto emerger en pocas décadas, al calor de los avances técnicos, una nueva clase social: los obreros industriales. Pero también una burguesía que se sentía poderosa.

Aquella huelga fue mucho más que un paro obrero, y, de hecho, una institución como la Caixa nació de aquel conflicto. Por primera vez, la burguesía catalana, herida en su propia dignidad, se dio cuenta de que la miseria en la que vivían miles y miles de familias era una amenaza a su propio bienestar, y de ahí que tras la huelga hubiera una movilización general de las viejas familias industriales barcelonesas para buscar una fórmula de previsión social capaz de atender situaciones de necesidad.

Estos cambios sociales, sin embargo, fueron imperceptibles para el sistema político de entonces, que, atrofiado y condescendiente con sus propias limitaciones, no supo integrar a las nuevas clases sociales emergentes, lo que a la postre, pocas décadas después, acabaría siendo una tragedia para España.

Los conmilitones

Es verdad que los movimientos subterráneos que afectan a la sociedad no son fáciles de observar, precisamente porque están bajo tierra y escapan a la vista de todos, pero ya no hay ninguna duda de que en los últimos años —no es fácil situar el comienzo— este país ha cambiado, y mucho. Y en todo lo que rodea al caso Rubiales lo que aflora, justamente, es un profundo cambio social —la revolución de las mujeres y de las nuevas formas de entender la vida y las relaciones personales— de indudable trascendencia que ni el interesado ni muchos de sus conmilitones han sido capaces de identificar.

Probablemente, por su propia incompetencia y por el desprecio que siempre tienen los advenedizos hacia las transformaciones sociales —desprecia cuanto ignora, que decía Machado refiriéndose a la Castilla petrificada en su molicie—; pero, sobre todo por la incapacidad de la arquitectura institucional que rodea al mundo del fútbol para regenerarse, lo que en última instancia solo refleja la existencia de un sistema clientelar que, por su propia naturaleza, es extremadamente conservador e, incluso, reaccionario. El silencio, a veces, es tan cómplice como la palabra.

Opinión

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El caciquismo y el clientelismo son hijos de la tradición, toda vez que se reproducen generacionalmente como si se tratara de un patrimonio familiar. Y el ridículo atrincheramiento del todavía presidente de la Federación española de fútbol, aplaudido de manera infame por sus correligionarios, solo muestra lo anquilosadas que están determinadas estructuras que viven ajenas a los cambios sociales. Hasta el punto de que en su delirio —qué es eso de ofrecer medio millón de euros en público como si se tratara de un patrimonio personal— son capaces de arrastrar al mundo del fútbol en su descenso a los infiernos.

Todos los cambios de época son, sin duda, complejos y contradictorios en la medida que se reproduce el viejo principio gatopardiano: lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no acaba de triunfar, y de ahí que la única buena noticia del escándalo Rubiales sea que haya aflorado lo peor de nosotros mismos, y que estaba agazapado a la espera de un exceso grosero y repugnante visto por televisión. Es posible que por la incapacidad del sistema político, siempre ensimismado en sus numerosas mezquindades, para regenerar determinadas instituciones que viven en su particular siglo XIX.

La pobre respuesta inicial del Gobierno, y en particular del ministro de Cultura, Miquel Iceta, es prueba de ello. En lugar de aprovechar la ocasión para sanear una estructura podrida como es la Federación española de fútbol, ahí están las denuncias hechas por este periódico sin que pase nada, lo único que parece interesarle es que Rubiales se marche y no le cree más complicaciones, cuando su figura no es más que la representación formal de un problema que va mucho más allá de su dimisión y que este Gobierno ha ignorado. El hecho de que sea la FIFA quien primero haya inhabilitado a Rubiales, un organismo manchado que no es precisamente ningún referente ético, lo dice todo.

Nadie dijo nada

Entre otras razones, porque la Federación, aunque sea una entidad de derecho privado, ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo, lo que la convierte necesariamente en colaboradora de la Administración Pública. El Gobierno, por lo tanto, tiene mucho que decir, como sucedió hace tiempo con la SGAE y no se dijo nada hasta que estalló el escándalo. Como tantas veces ha ocurrido en la universidad, en el aparato de justicia o, incluso, en la cúpula policial autoproclamada patriótica. Solo cuando el estiércol rebosa se actúa de forma precipitada y aparatosa para dar la impresión de que se hace algo, pero si no hay escándalo público casi nunca pasa nada. ¿Qué fue de la regeneración política? ¿Dónde están los controles internos del Estado si no es por la denuncia de la prensa?

Los cambios sociales, obviamente, no tienen únicamente que ver con la incorporación de la mujer al trabajo o a profesiones anteriormente ocupadas por hombres, sino que existen otros muchos ámbitos en los que las instituciones se han quedado atrás sin que el sistema político, paralizado por atender solo las urgencias del día a día, haya hecho nada al carecer de una dirección estratégica. También en el plano de la política territorial una vez que han transcurrido cuatro décadas desde que las comunidades autónomas iniciaran su recorrido y hoy están plenamente consolidadas. No se ha hecho nada por mejorar su arquitectura institucional. Solo hay una cosa peor que no hacer nada, intentar resolver problemas nuevos con recetas viejas.

Esta modorra institucional, resiliente al cambio, es lo que explica que de vez en cuando aparezcan los enemigos del pueblo, a quienes la opinión pública sacrifica en una especie de auto de fe, y en el caso que nos ocupa con toda la razón, como antes le sucedió a Villarejo o a cualquier otro sujeto que se aprovecha de las debilidades institucionales de un Estado con serias dificultades para modernizarse al ritmo que marcan los cambios sociales. Pero si en el enemigo del pueblo de Ibsen, el doctor Stockmann, era un referente moral que luchaba contra la incomprensión de sus vecinos y de su entorno, aunque fueran mayoría, Rubiales y lo que representa son justamente lo contrario. En este caso, la mayoría tiene razón.