La productividad y la nefasta política de nombramientos

Todo nombramiento colectivo tiene algo de paleta de colores. Se supone que quien elige a sus miembros los escoge de un lado y de otro en aras de pintar una composición equilibrada y así atender todas las sensibilidades. Es evidente que esto no siempre sucede. Pero hay ocasiones que se hace de forma tan descarada que la decisión de quien hace la selección lo que en realidad revela es que no había intención alguna de elegir una composición rica en tonalidades. Algo así como si se hubiera querido castigar a Vincent van Gogh a pintar en blanco y negro.

Este es el caso del llamado Consejo de la Productividad, cuya tramitación legislativa ha echado a andar tras la publicación en audiencia pública del proyecto de Real Decreto. La norma prevé que el Consejo esté constituido por doce miembros con voz y voto, mientras que otros cinco vocales podrán participar en las reuniones, pero sin votar. Lo singular es que, como en las democracias orgánicas, los miembros con derecho a voto representarán a los ministerios económicos del Gobierno, lo que en realidad es lo mismo que convertirlos es una especie de subdelegados del correspondiente departamento ministerial, aunque sean elegidos entre personas que tengan “reconocida competencia”. No es incompatible cumplir las dos condiciones. De hecho, se puede ser competente, pero no idóneo.

Las democracias orgánicas, aunque de democracia no tenían nada, como se sabe, eran herederas del corporativismo fascista italiano, y fue la dictadura franquista quien copió el modelo, como no podía ser de otra manera, dando lugar a eso que se llamó sindicatos verticales, donde estaban representadas todo tipo de corporaciones sociales.

En el caso que nos ocupa, un representante del Ministerio de Economía, otro del departamento de Trabajo, otro de Ciencia, Innovación y Universidades, otro de Hacienda y otro de Transformación Digital y Función Pública. Además de uno elegido por el Banco de España (cuyo gobernador es elegido por el Gobierno). Es decir, el equipo económico casi al completo (faltan Agricultura y Vivienda). Por si fuera poco, también formará parte el presidente del Consejo Económico y Social (nombrado por el Gobierno), mientras que el director/a de Análisis Macroeconómico (también de Economía) actuará de secretario, aunque sin voto.

Lo singular es que, como en las democracias orgánicas, los miembros con derecho a voto representarán a los ministerios económicos

Lo más singular, sin embargo, es que la propia norma habilita el nombramiento de tres expertos independientes (sic), lo que no deja de ser un reconocimiento tácito de que el resto no lo son, sino que se trata de representantes del Gobierno.

¿Y quién elegirá a los tres independientes? Pues ni más ni menos que la presidencia del Consejo (que elegirá Economía) entre expertos, pero siempre que reciban el voto favorable de al menos cuatro miembros del Consejo (casi el número de ministerios representados). Los otros dos vocales independientes los elegirá el vicepresidente del Consejo (el que elegirá Trabajo). En definitiva, todo queda en casa. Para que no falte de nada, al Consejo podrán asistir, aunque sin voto, dos representantes de los sindicatos y otros dos de la patronal.

Parece razonable pensar que con tanta influencia de los miembros del Gobierno en la elección del Consejo de la Productividad poco se puede esperar de él. Entre otras razones, porque cada vez que se convoque un encuentro más parecerá una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (donde también están todos los ministerios interesados) que un Consejo destinado a analizar con rigor y autonomía intelectual uno de los dos mayores problemas que tiene hoy la economía española, que es la productividad. El otro es la demografía.

Ocupación del espacio público

La política de nombramientos no es un asunto menor. Es, de hecho, la clave de bóveda de los sistemas políticos en la medida que quienes son elegidos —sean o no funcionarios— tienen la responsabilidad de ejecutar las orientaciones emanadas del Gobierno de turno, que a su vez representa la soberanía popular. Son también, por decirlo de alguna manera, representantes del Estado, y de ahí su importancia.

La ocupación del espacio público por parte de camarillas, ya sea por razones ideológicas o, simplemente, de amiguismo, lo que a menudo es la puerta de entrada a la corrupción, no es nueva. Pero sorprende la contumacia en la ausencia de mecanismos de control en aras de evitar una de las lacras de la administración española en sus distintos niveles, que se resume en la vieja expresión "crear equipos" para esconder que en realidad lo que se pretende es colocar a los más cercanos y, por ende, despreciar a quien no se considera un conmilitón.

La razón de la ausencia de mecanismos de fiscalización —los célebres contrapoderes— es probable que tenga que ver con las insuficiencias del propio parlamento, también de carácter material, para fiscalizar la idoneidad de los altos cargos. Y, en general, de una deficiente interpretación de la cultura de lo público a través de una cierta patrimonialización de la propia administración.

La ocupación del espacio público por parte de camarillas, ya sea por razones ideológicas o simple amiguismo, no es nueva

Es verdad que stricto sensu los miembros del futuro Consejo de la Productividad no son altos cargos, pero habida cuenta de que se trata de un asunto esencial en la estrategia económica de cualquier Gobierno, parece razonable pensar que su composición debe estar guiada por el principio de independencia respecto de quien le corresponde aprobar las orientaciones generales de política económica. Por cierto, como proclama de forma artificiosa el propio proyecto de Real Decreto, inspirado formalmente, aunque no en su espíritu, en la recomendación del Consejo Europeo, que habla de autonomía de sus miembros respecto de las autoridades a través de unos procedimientos de nombramiento "basados en su experiencia y competencia". En ningún caso lo plantea como un sistema de representación de los diferentes departamentos ministeriales. No parece que se vaya a cumplir ese precepto, el de la independencia, cuando sus miembros, muy probablemente, serán la extensión del departamento de turno.

Tampoco, como se ha dicho, es nuevo. Aquella Oficina económica de Moncloa que creó el primer Aznar, luego residió en el palacio presidencial otro Aznar totalmente distinto, acabó siendo devorada, tras la defenestración del economista José Barea, por el sistema político y hoy su actual inquilino no es más que un subordinado del presidente sin autonomía y sin personalidad política alguna. Tampoco el Consejo Económico y Social (CES) ha cumplido sus expectativas y hoy es un barco a la deriva porque ni dispone de medios materiales ni políticamente se le quiere dar significado alguno, lo que le convierte a menudo en un órgano meramente administrativo sin influencia en la agenda pública.

El ejemplo alemán

Eso no significa, sin embargo, que no haya otros modelos que funcionan, como el Consejo de Asesores Económicos del presidente de EEUU (tres miembros) o el Consejo alemán de expertos económicos, los llamados cinco sabios, cuya autoridad radica, precisamente, en que no son una extensión del canciller de turno. Pero también, en el caso de EEUU, porque el Senado tiene algo que decir en la política de nombramientos.

En España, desgraciadamente, se ha optado por repetir un modelo con escasa funcionalidad, y ahí está el fantasmagórico Consejo Asesor de Asuntos Económicos, cuyo presidente ahora es el ministro Carlos Cuerpo, y cuyos informes y debates son, como dijo Churchill de la Unión Soviética, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma.

Lo componían, en su versión inicial, nada menos que 17 miembros, es posible que para dar la sensación de que cuántos más nombres mejor, lo cual, además de poco operativo, es incongruente si lo que se busca es un debate profundo y no una fotografía tras cada reunión para mostrar una presunta pluralidad. En el caso del Consejo de la Productividad, igualmente, muchos nombres en lugar de hacer una composición de tres o cinco miembros de reconocido prestigio y con absoluta independencia funcional del Gobierno de turno. Entre otras razones, porque eso convertiría a sus miembros en una auténtica autoridad respetada por la opinión pública. Hay pocas razones para esperar que saque los colores al Gobierno de turno.