Algunos mitos falsos sobre los impuestos que pagan los ricos

¿En qué país de la Unión Europea se grava más la riqueza? ¿Y dónde pagan menos los ricos? La respuesta tiene muchos matices, pero hay una realidad incontestable: la percepción subjetiva no siempre se corresponde con la realidad de los datos. Un ejemplo. Si se pregunta a muchos ciudadanos sobre si Portugal es un país amable a la hora de gravar la riqueza, es probable que un porcentaje elevado diga que así es habida cuenta de que el país puso en marcha hace años (recientemente ha corregido la legislación) las llamadas 'golden visa' para incentivar la relocalización patrimonial. O expresado de forma más directa, aprobó beneficios, en particular la concesión de permisos de residencia, para captar ahorro externo.

¿Es cierta esa impresión? Lo que sostiene el reciente informe de la propia Unión Europea sobre tendencias impositivas en la región no es precisamente eso. Portugal es el tercer país de la UE que más grava la propiedad, solo por detrás de Luxemburgo y Bélgica, aunque no solo eso. En la última década, se trata del cuarto país de Europa en el que más ha crecido la imposición a la riqueza, únicamente por detrás de Luxemburgo, nuevamente, Países Bajos y Francia.

¿Cuál sería la respuesta si lo que se pregunta es cómo gravan la riqueza los países de más altos impuestos, Dinamarca o Suecia? Es probable que la mayoría pensara que esa es una fuente importante de recaudación en la medida que históricamente han sido –y todavía lo son– países de alta tributación. Lo cierto, sin embargo, es que ambos países, respectivamente, se encuentran en las posiciones 18 y 19 en la carga fiscal sobre el patrimonio. ¿Cómo lo compensan? Con más IVA y con tipos más elevados y progresivos en el impuesto sobre la renta.

Una impresión irreal

¿Qué ha pasado con España? Pues que desde 2012, pese a que la presión fiscal global se sitúa 2,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE (40,2% frente al 37,7% incluyendo cotizaciones sociales) se mantiene entre los cinco países que más gravan la riqueza patrimonial. En 2022, que corresponde a los últimos datos publicados por la UE, se situó en cuarta posición, justo por detrás de Portugal, mientras que en 2012, un año muy representativo porque significó el comienzo del fin de la crisis financiera, se situaba en el segundo puesto.

Es decir, ha descendido dos posiciones pese a la impresión generalizada de que en los últimos años las mayores fortunas pagan más en relación al resto de contribuyentes, lo que no es óbice para que en la última década (descontando la tributación inmobiliaria) la imposición de la riqueza haya crecido 0,7 puntos porcentuales respecto del conjunto de la recaudación, hasta el 4,5%.

La Unión Europea distingue, en línea con lo que hace la OCDE, seis categorías de impuestos a la propiedad. Por un lado, los tributos de carácter permanente sobre los bienes inmuebles, en el caso de España el IBI; por otro, los impuestos recurrentes sobre la riqueza neta, es decir el patrimonio. En tercer lugar, los impuestos sobre sucesiones y donaciones y en cuarto lugar, los gravámenes sobre transacciones financieras y de capital. En quinto lugar, otros tributos no recurrentes (de carácter extraordinario) sobre la propiedad, y, por último, otros específicos de cada país que gravan la riqueza.

Lo significativo, en el caso de España, es que pese al fuerte peso que tiene el patrimonio inmobiliario en la economía desde hace décadas (muy superior al de los países del centro y del norte de Europa) su fiscalidad no es tan elevada en relación al resto de tributos relacionados con la riqueza. España, en esta clasificación, baja hasta la sexta posición. Eurostat, en concreto, calcula que los impuestos recurrentes que gravan la propiedad inmobiliaria representan apenas el 1,1% del PIB, incluso una décima por debajo del nivel de hace una década. Los países que más gravan la propiedad de casas y tierras son Grecia y Francia, que duplican el porcentaje de España. En ambos casos, alrededor del 5% de todo lo que recauda el Estado procede directamente de las propiedades inmobiliarias en cualquiera de sus formas.

Esto puede explicar que la adquisición de inmuebles sea en países de baja tributación el principal objetivo de los inversores extranjeros, ya que no sólo se consigue el permiso de residencia, sino que también los tipos impostivos sobre la propiedad son bajos respecto de otros activos o bienes. La ley exige invertir apenas medio millón de euros en la compra de inmuebles para obtener el permiso.

Los ricos y la redistribución

La escasa relevancia de la imposición patrimonial sobre el conjunto de la recaudación (un 4,5% en el caso de España o un 7,4% si se tienen en cuenta todas las partidas) tiene que ver con las deducciones, las exenciones y, por último, con la cuantía de los tipos impositivos, lo que limita, como sostenía un reciente trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) su capacidad redistributiva. En concreto, según el trabajo de Nuria Badenes Plá, el 1% más rico en términos de patrimonio paga un tipo medio efectivo en el impuesto sobre el patrimonio equivalente al 0,03%, es decir, una tasa similar al 20% con menos patrimonio, mientras que la media para el total de declarantes es del 0,26%. Es decir, los superricos tributan por debajo de lo que lo hacen los ricos.

No es neutral en términos desigualdad este hecho. Como dice la autora del estudio, la no inclusión de los superricos en las bases de datos que habitualmente se utilizan para la medición de la desigualdad provoca una infraestimación de la misma. Es más, si se incluye la riqueza de las 135 primeras fortunas a los datos de las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio, el índice de Gini del patrimonio pasa del 0,4413 al 0,6233. Como se sabe, el índice Gini es el principal indicador de desigualdad. El 0 es el nivel máximo (igualdad absoluta) y el 1 es la desigualdad extrema (uno lo tiene todo). Por lo tanto, cuanto más se aproxima al 1, mayor desigualdad.

Algunos estudios académicos han llegado a la conclusión de que el mayor margen que tiene la economía española para elevar la imposición patrimonial es actuar sobre los inmuebles, al igual que sucede en otros países. Precisamente, la actividad económica hacia la que se han dirigido las inversiones de quienes se han beneficiado en los últimos años de las 'golden visa'.

Se suele poner de ejemplo el caso de EEUU, cuya Hacienda no dispone de un impuesto sobre el patrimonio como tal, pero, por el contrario, las autoridades estatales aplican tipos impositivos altos que gravan la propiedad. No es el caso, por ejemplo, de Alemania, un país tradicionalmente volcado al alquiler, pero que grava la propiedad inmobiliaria muy por debajo del promedio de la UE. Se sitúa, en concreto, en el puesto número 18 de 27. En Dinamarca, por el contrario, la imposición sobre los bienes inmuebles se sitúa entre los niveles más elevados (puesto tres). Los datos, en todo caso, reflejan una gran heterogeneidad, pero siempre sobre bases reducidas.