Hablemos de regeneración política: la paja en el ojo ajeno

El último número de la revista Temas, una publicación que edita la Fundación Sistema, presidida por José Félix Tezanos, centra su atención en lo que llama regeneración política. El editorial con que se abre el número es una declaración de principios. "En las sociedades actuales", sostiene, "se está dando tal grado de envilecimiento de la política que resulta urgente emprender un profundo proceso de regeneración". Nada que objetar. Lo singular es que quien presumiblemente lo ha escrito, y desde luego asumido, preside el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), probablemente la institución más desprestigiada del universo público.

En ese mismo número, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, publica un artículo en el que afirma que "defender la democracia es reconocer la legitimidad del adversario político, proteger las instituciones y velar por su correcto funcionamiento", además de "respetar la independencia de los contrapesos entre los distintos poderes y alentar la calidad en el debate político".

Tampoco hay nada que objetar. Lo singular vuelven a ser las contradicciones. Es verdad que tanto el envilecimiento de la vida política como el deficiente sistema de contrapesos entre los poderes del Estado es una obra coral a la que también ha colaborado la oposición, pero hay pocas dudas de que también desde el actual Gobierno se ha contribuido a crear el clima irrespirable que se ha instalado en la vida política. El célebre muro del que habló en su día el presidente del Gobierno es el mejor ejemplo, pero sobre todo la existencia de una estrategia de polarización artificial alentada en muchas ocasiones desde la Moncloa –en particular en periodos electorales– que necesariamente ha llevado a la situación actual. La polarización política, en España y en otros países, no ha caído del cielo, es fruto de estrategias irresponsables de laboratorios de ideas que han llevado a la coyuntura actual.

El envilecimiento de la vida política y el deficiente sistema de contrapesos es una obra coral a la que también ha colaborado la oposición

No puede extrañar, por eso, que de vez en cuando la política española rescate el término regeneración como la solución de todos los males, aunque una vez pasado el sofocón se olviden las buenas intenciones. Sucedió en la primera mitad de los 90, cuando los casos de corrupción (incluido el terrorismo de Estado) colapsó el Gobierno de Felipe González, ahora tan ufano y soberbio, y volvió a ocurrir tras la crisis financiera de 2008, que desembocó en el 15-M y en la posterior reclamación de regeneración política.

Hasta la obscenidad

Al calor de ese momento histórico nacieron nuevos partidos políticos (ya castigados por sus propios errores) e incluso la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentó en 2013 en la Moncloa un ambicioso informe sobre la regeneración política, un término manoseado hasta la obscenidad desde los tiempos de Joaquín Costa. El plan del Gobierno Rajoy (mayoría absoluta) constaba de 40 medidas que debían afectar a una decena de leyes articuladas en tres bloques: control de la actividad económica de los partidos políticos, regulación del ejercicio de cargo público y una respuesta penal más efectiva contra la corrupción. Poco se hizo.

Dos años después, en noviembre de 2015, fue el PSOE (ya con Pedro Sánchez como máximo dirigente) quien presentó su plan en favor de la regeneración democrática. Entre las medidas se proponía, por ejemplo, limitar a dos el mandato del presidente del Gobierno (?), no abusar de los decretos leyes (?) o la regulación de las comparecencias urgentes del jefe del Ejecutivo y de los ministros para que no las pudieran rehuir (?).

De nuevo, poco se ha hecho pese a los golpes de pecho de unos y de otros. Probablemente, porque al tratarse de un problema estructural que afecta a leyes fundamentales, incluso a la propia Constitución, en la medida que pueden afectar al sistema electoral o a los mecanismos de elección de órganos constitucionales, la solución exige un clima político idóneo que este Gobierno, desde luego, ha sido incapaz de crear por falta de voluntad política. El PP ha hecho el resto. Precisamente, porque el camino elegido para la confrontación política, inherente a las democracias liberales, ha sido la polarización. Justo el caldo de cultivo que alimenta los populismos en sus diferentes versiones.

Poco se ha hecho pese a los golpes de pecho de unos y de otros. Probablemente, porque la solución exige un clima político idóneo

Solo hay que comprobar que cinco años después de la moción de censura no se ha aprobado ninguna reforma institucional ambiciosa, sino que a golpe de escándalo se han ido tomando medidas aisladas que solo han buscado sofocar el chaparrón cuando el agua alcanzaba el cuello. Eso sí, sin afectar a los problemas de fondo, que tienen que ver con un ciclo político que empezó con la Transición y que hoy está agotado en tantos aspectos: independencia del poder judicial, una Administración eficiente y neutral, fiscalización del trabajo de los grupos de presión y, por supuesto, rendición de cuentas. En definitiva, no puede ser normal que solo se hable de regeneración política cuando el partido en el Gobierno se ve directamente concernido. Antes era el PP, atosigado por numerosos juicios, y ahora el Gobierno por el caso Begoña Gómez y otros adyacentes.

El presidente Sánchez, como se sabe, ha anunciado que próximamente presentará sus propuestas, y, aunque son un misterio, es muy probable que en el centro esté la regulación de los medios de comunicación, cuya legislación (más allá del artículo 20) se ha construido mediante una numerosa doctrina constitucional. Lo que reclama el Gobierno, por lo poco que se sabe, más allá de transponer a la legislación nacional la llamada EMFA (Ley Europea de los Medios de Comunicación, por sus siglas en inglés), es mayor transparencia en la empresa periodística. De nuevo, nada que objetar.

El mercado de la información

Es una evidencia que las barreras de entrada al mercado de la información, que también se rige por criterios de oferta y demanda, aunque se trate de un derecho fundamental, se han abaratado tanto por razones tecnológicas (internet) que el intrusismo, la golfería y la desinformación campan a sus anchas. Sin duda, por las vulnerabilidades del Estado democrático, que se ha dejado influir por minorías perniciosas que únicamente buscan el lucro particular poniendo sus bastardos intereses al servicio del poder.

El problema vuelve a ser la coherencia entre la teoría y la práctica. O expresado de forma más coloquial, una cosa es predicar y otra dar trigo. Lo cierto es que es el propio Gobierno –no es el único, también lo hacen las comunidades autónomas o los ayuntamientos, a quienes desgraciadamente se presta menos atención– quien pone dificultades para conocer el destino de la publicidad institucional, como ha acreditado este periódico haciendo bueno aquel viejo principio de los periodistas: es más difícil cerrar un periódico que crear uno nuevo.

Opinión

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Ángel Villarino

No solo eso. El Ejecutivo colabora –como lo hacen los gobiernos autonómicos– en la supervivencia de una red clientelar, como antes lo hicieron otros, que divide el ecosistema informativo entre amigos y enemigos. Las ruedas de prensa sin preguntas, el señalamiento injusto de medios de comunicación por el simple hecho de publicar noticias veraces, las filtraciones sesgadas e interesada de información corrompiendo la naturaleza misma del periodismo, que se basa en la obtención de información en igualdad de condiciones, o, en definitiva, el amiguismo como forma de actuar para influir en la opinión pública, son el pan de cada día.

Es posible que debido a una cultura patrimonialista de la información que convierte el bien a proteger –el derecho de la opinión pública a disponer de una información veraz– en un instrumento mendaz de la lucha política. O lo que es lo mismo, existe una deficiente cultura de lo público que explica los numerosos casos de corrupción o el mal uso de los fondos públicos.

Nada nuevo

Hablar de regeneración como parte de una operación defensiva, como se ha dicho, no es nada nuevo. Todos los gobiernos, unos más que otros, han seguido esa práctica, pero lo cierto es que el deterioro de la calidad institucional del país, y ahí está la infame política de nombramientos en órganos constitucionales, tampoco ha caído del cielo. Por el contrario, forma parte de una forma de entender la política incompatible con la propia democracia, que esencialmente se basa en la tolerancia respecto de opiniones críticas. Justo lo contrario de esa visión un tanto binaria de la política basada en la conocida tesis de Carl Schmitt cuando planteaba la cosa pública como un conflicto permanente entre amigo-enemigo.

Existe una cultura patrimonialista de la información que convierte el bien a proteger en un instrumento mendaz de la lucha política

Es decir, estamos ante una instrumentalización de las leyes con fines torticeros, lo que en definitiva viene a ser una forma sutil de escapar de una necesidad imperante, como es la regeneración, que no es fruto de un calentón, sino más bien una formar de obrar y de gobernar. El instrumento elegido es la creación de mecanismos que enajenan a la misma política de su esencia, y que necesariamente hay que vincular a la ética individual.

Como ha escrito el catedrático Manuel Villoria, en las sociedades democráticas modernas, el ejercicio del poder político depende en gran medida del poder simbólico (prestigio, reputación y confianza), y si no se tiene, ya sea este o cualquier Gobierno, difícilmente se puede afrontar un objetivo tan ambicioso como necesario. Y a lo mejor, y en paralelo a la mejora del ecosistema informativo con medidas que garanticen la transparencia sobre su propiedad y sus intereses, incluso poniendo el foco en la trazabilidad de la empresa periodística, habría que empezar por una revisión en profundidad de los mecanismos de elección de las élites políticas, que en definitiva, aunque parezca una verdad de perogrullo, es la cuestión de fondo.

Ninguna ley, por muy bienintencionada que esté, aunque se llame pomposamente de regeneración democrática, puede sobrevivir a la incuria o al sectarismo, y a veces a la maldad, de quienes tienen la obligación de ejecutarla con pulcritud y mesura. Y lo cierto es que el envilecimiento de la vida política, como sostiene Tezanos, empieza a veces por uno mismo.