El error Escrivá

Toda política de nombramientos tiene algo de simbólica. Es una especie de código de señales que, por su carácter metafórico, se envía al mercado en el sentido más amplio del término. Ya sean los electores, los afiliados, los ciudadanos en general y, por supuesto, los agentes económicos y sociales más directamente concernidos por el nombramiento.

Pedro Sánchez, desde que es presidente del Gobierno, ha atendido más a los dos primeros objetivos que a los últimos. Probablemente, porque el actual sistema de representación está construido, y nadie ha querido cambiarlo, en torno a una cierta exclusividad de los partidos políticos, que por su propia naturaleza son codiciosos en la medida que operan en un mercado muy competitivo que necesariamente pasa por las urnas. Fruto de esa competencia —que es la esencia de las democracias liberales— quien gana tiende a pensar que cuenta con suficientes razones para barrer para casa si, con carácter previo, no se ha establecido institucionalmente un fuerte sistema de contrapoderes que evite que el ganador se lo lleve todo.

No es que el Gobierno de turno no tenga derecho a elegir cargos de su confianza, todo lo contrario, sino que ese sentido del monopolio ha llevado a un cierto avasallamiento en la política de nombramientos sin atender al mérito, el conocimiento y la independencia. Se premia a los más sumisos, por regla general, que a quienes tienen criterio, lo que a la postre genera un sistema de dependencia insano e ineficiente en términos sociales y económicos.

El actual sistema de representación está construido, y nadie ha querido cambiarlo, en torno a una cierta exclusividad de los partidos

Es decir, opera una especie de numerus clausus en el que solo entran los elegidos. Es paradójico, en este sentido, que el nivel de exigencia sea mucho mayor en la Administración central que en la periférica, cuando más de las dos terceras partes del gasto público reside, precisamente, en las administraciones autonómica y local, donde los casos de clientelismo son frecuentes.

Ineficiencias

La marginación en los procesos de selección incluye a los propios empleados públicos, sean de carrera o no, lo que genera un desapego dañino hacia la función pública, construida en torno a nomenclaturas trufadas de un cierto sectarismo. No es un juicio de valor. Algunos estudios de la OCDE sitúan a España entre los países donde el número de mandos que cambian tras unas elecciones es mayor, lo que necesariamente genera ineficiencias. Por decirlo de una manera directa, el adanismo se apodera de la política española cada cuatro años.

Es en este contexto en el que hay que situar el nombre del ministro Escrivá como posible sucesor del exgobernador Hernández de Cos. Todo parece indicar que dirigentes del Partido Popular están detrás de la filtración, ya que es conocido que el Gobierno y la oposición están negociando las vacantes en el Banco de España y otros organismos públicos.

Con la filtración, parece evidente, se ha tratado de reventar el posible nombramiento de Escrivá, cuya elección depende exclusivamente del presidente del Gobierno. Esto es así porque ni siquiera es necesaria una audiencia previa en el parlamento del interesado, lo que sin duda es una anomalía del actual Estatuto de autonomía del Banco de España.

¿Alguien cree que tendría credibilidad un informe del Banco de España sobre las pensiones cuando su titular ha sido ministro del ramo?

El parlamento, aunque parezca mentira, no tiene nada que decir salvo escuchar las razones de la elección en una comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sería, dicho sea de paso, el más perjudicado si finalmente sale adelante la candidatura de Escrivá, cuyo su peso político es sustancialmente mayor, aunque solo sea porque lleva más de cuatro años sentado en consejos de ministros presididos por Pedro Sánchez. ¿Alguien cree que tendría credibilidad un informe del Banco de España sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando su titular ha sido ministro de Seguridad Social durante casi cuatro años? ¿A quién hará caso Sánchez a Cuerpo o a Escrivá?

Hay razones para pensar, aunque el secretismo es total, que Escrivá está en la partida por dos razones. La primera es que el Gobierno no lo ha negado, lo que le hubiera sido relativamente fácil, y la segunda, la más preocupante, es que su elección sería coherente con la política de nombramientos del jefe del Ejecutivo, acostumbrado a ocupar el espacio público con nombres cercanos. Ni siquiera hace falta dar detalles.

Escrivá, sin embargo, sería un error porque así como los jueces hablan por sus sentencias, el Banco de España se comunica con la sociedad a través de informes redactados por su potente servicio de estudios, de largo el más poderoso del país. Y en este sentido solo hay que recordar el papel del banco central durante la crisis financiera tras la elección de Fernández Ordóñez, quien antes había pasado por todos los niveles de los gobiernos socialistas. Aquello fue un desastre y tuvo un enorme coste en términos de reputación de un banco que con Hernández de Cos ha recuperado el prestigio.

Seis años

Se olvida, además, que el propio Estatuto de autonomía del Banco de España establece una duración del mandato del gobernador de seis años, precisamente en aras de distanciar su nombramiento de los ciclos electorales, aunque no solo eso. Se entiende que ese plazo es más largo que una legislatura porque se trata de un órgano independiente del inquilino de la Moncloa, algo que no sucede con la elección de otros cargos públicos, que cesan de forma inmediata tras unas elecciones. La independencia, como es obvio, no significa que sus análisis sean certeros. Es evidente que detrás de los informes técnicos del Banco de España también hay ideología, y normalmente en una sola dirección, pero al menos hay una presunción de veracidad porque no están contaminados por el poder político, con un manifiesto interés de parte.

Detrás de los informes técnicos también hay ideología, y normalmente en una sola dirección, pero al menos hay presunción de veracidad

Uno de los argumentos que se suelen barajar es que en otros países es habitual que un ministro pase de un puesto a otro —la actual secretaria del Tesoro de Biden fue anteriormente presidenta de la Reserva Federal— pero la diferencia es una cultura de lo público que en España no existe. Y solo hay que observar la política de bloques que existe en la mayoría de los órganos constitucionales, y que hace posible que antes de cualquier votación (salvo excepciones) se conozca el resultado. En particular, en el ámbito de la justicia, trufada de ese sectarismo tan característico de la política española.

La cultura de lo público no es un asunto cualquiera. Está en el centro de la acción política en la medida que atiende los intereses generales frente a los particulares. Y hay razones para pensar que, si Pedro Sánchez elige a Escrivá, estará primando su propio interés en detrimento del prestigio del banco, que no por casualidad se rige por una ley denominada Estatuto de autonomía del Banco de España, aprobada hace ahora justamente tres décadas en el marco de la unión monetaria. Y tirar ahora por la borda ese avance sería un colosal error.