Es la hora de presentar una cuestión de confianza

La moción de confianza es una figura prácticamente desconocida en la reciente historia del parlamentarismo español. Se ha utilizado en solo dos ocasiones como un instrumento de respaldo a la acción del Gobierno de turno. La primera la presentó Suárez en septiembre de 1980 y la ganó con el respaldo de la Minoría Catalana (180 votos a favor y 164 en contra) en medio, paradójicamente, del gallinero que era por entonces UCD, mientras que en la segunda, Felipe González hizo lo propio en 1990, cuando comenzaba su ocaso como gobernante.

Desde entonces, y han pasado casi 35 años, no se ha utilizado este instrumento constitucional, que es una especie de moción de censura a la inversa, ya que la iniciativa corresponde al presidente del Gobierno. Ni siquiera es una decisión del Consejo de Ministros como órgano colegiado que es, aunque se requiera deliberación previa.

Es probable que la razón de tan escasa utilización de una figura constitucional tenga que ver con que en un sistema político de listas cerradas, donde la discrepancia se paga en los puestos de salida en las siguientes elecciones, no es necesario acreditar de forma palmaria, como una especie de meta volante, que el Ejecutivo de turno cuenta con la mayoría que lo llevó al poder. Se impone, por el contrario, la disciplina de los diputados pese a que la propia Constitución prohíbe de forma taxativa el mandato imperativo.

Esta disciplina es lo que explica la elevada estabilidad parlamentaria que vivió este país hasta las elecciones de 2015, cuando en unas circunstancias históricas afloró una crisis política derivada, precisamente, de una crisis económica. La crisis política lo que descubrió es la pobre calidad institucional de nuestra democracia: corrupción, clientelismo político o control de los poderes del Estado por parte de los grandes partidos.

Un nuevo ciclo

No es ningún secreto que casi una década después (periodo en que se han celebrado cinco elecciones generales) la política española ha entrado en un nuevo ciclo que bien podría llamarse el de la inestabilidad, por cierto consustancial a las democracias parlamentarias que no cuentan con un bipartidismo fuerte o que no disponen de un sistema electoral mayoritario, como ha sucedido recientemente en el Reino Unido, que garantiza sólidas mayorías.

La inestabilidad, sin embargo, no hay que verla como algo intrínsecamente negativo siempre que el sistema no colapse, sino como el precio que tienen que pagar las democracias liberales por serlo, algo que no sucede ni en las autocracias ni mucho menos en las dictaduras.

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Es en este nuevo escenario político, el de la inestabilidad ante la ausencia de mayorías absolutas, en el que la cuestión de confianza, que es una herramienta propia de las democracias parlamentarias, cobra un inusitado interés. Entre otras razones, porque es una forma de actualizar o, incluso en ocasiones de reforzar, la primera mayoría obtenida por el Gobierno de turno en la sesión de investidura.

Se trata, por lo tanto, de un acto político de suma importancia vinculado al momento más pegado a la realidad inmediata, ya que el objetivo es conocer si el Gobierno mantiene en un determinado instante los apoyos parlamentarios iniciales. Y a veces ocurre que apenas un año después de las últimas elecciones generales (con cuatro elecciones parciales por medio) las cosas han cambiado.

La estabilidad en el Congreso se vincula a lo que sucede en los parlamentos regionales, lo cual solo añade más incertidumbre

La cuestión de confianza, en la misma línea, es un acto de reforzamiento del parlamentarismo, toda vez que sitúa el debate político no en los medios de comunicación o las redes sociales, sino en el Congreso de los Diputados, donde descansa la soberanía popular en una democracia representativa. Esto es especialmente importante en sociedades, como la española, donde la opinión pública y la publicada no siempre coinciden, como sucedió en las últimas elecciones generales. Y la mejor manera de resolver el debate es, sin duda, llevarlo al parlamento.

Hay pocas dudas de que el Gobierno, seriamente desgastado tras haber sufrido algunas derrotas parlamentarias, vive en el alambre, dicho sea en tono coloquial. Pero no por el feo asunto que envuelve a la esposa del presidente, como pretende deducir el PP —salvo que algunos de sus socios le hubiera amenazado con retirar su apoyo, lo cual no ha sucedido—, sino porque sus aliados parlamentarios, cada uno por sus propias razones, tienen escasos incentivos para continuar con la legislatura en las actuales condiciones. Entre otros motivos, y esta es una característica insana del sistema político español porque la estabilidad en el Congreso se vincula a lo que sucede en los parlamentos regionales, lo cual solo añade más incertidumbre. El caso de Cataluña, que condiciona lo que sucede en el conjunto del país es el más obvio.

'Váyase, señor Sánchez'

Es entonces cuando la moción de confianza, si cabe, cobra mayor interés a la luz de un hecho cierto. Uno de los instrumentos clásicos de control del Gobierno, aunque se sitúe extramuros de la Constitución, el Debate sobre el estado de la nación, ha sido aniquilado de la práctica parlamentaria, hasta el punto de que ni siquiera lo reclama la oposición, que se ha acogido desde el primer día al clásico 'váyase, señor Sánchez'. Feijóo, en vez de apurar los instrumentos que la Constitución pone a su alcance, se tira por la calle del medio. Habría que hablar de política sin matices.

El presidente del Gobierno, sin embargo, tiene la obligación de acreditar su mayoría parlamentaria ante la opinión pública, que tiene derecho a conocer si hoy cuenta con los suficientes apoyos para sacar adelante los presupuestos del Estado u otras leyes que permitan al país avanzar en la convergencia con la eurozona o en cuestiones clave como la renta per cápita, la productividad, la inversión en investigación o las políticas sociales en favor de la accesibilidad a la vivienda. Se podrá decir que la aprobación de los PGE tendría un carácter similar, pero hay una diferencia sustancial. La propia Constitución matiza que la cuestión de confianza se presenta sobre un programa o sobre una declaración de política general. Es decir, es un acto político singular de indudable importancia.

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Y hoy, y esta es la realidad, nadie conoce con certeza, más allá de las incertidumbres que siempre envuelven a la política, las fuerzas parlamentarias con que cuenta el Gobierno, que vive literalmente al día. Algo, por cierto, incompatible con la seguridad jurídica que necesitan los agentes económicos, sean empresas o particulares, para operar en mercados muy competitivos, en los que no avanzar significa retroceder.

La oportunidad de la moción de confianza es, si cabe, mayor si se tiene en cuenta que el requisito imprescindible para que la legislatura pudiera comenzar a andar fue la amnistía, ya aprobada y ahora a la espera de las decisiones que tomen los jueces, por lo que los independentistas se han quedado sin razones para seguir apoyando a Sánchez, salvo que tuvieran un ataque de lucidez y decidieran, por el contrario, colaborar con la gobernabilidad del país, lo cual parece poco creíble. En particular, en el caso de Junts, que sigue teniendo la llave de la legislatura, y que entregó sus votos en una ocasión que ya ha caducado.

La cuestión de confianza, en lugar de lo que puede parecer a priori, no es un mecanismo defensivo de la acción del Gobierno, sino que, por el contrario, su trascendencia se deriva de que puede servir de impulso político, lógicamente si se gana, para afrontar lo que queda de legislatura. Lo contrario es prorrogar el actual bloqueo parlamentario y dar alas a una sensación de caos parlamentario instalada en buena parte de la opinión pública que impide abordar cuestiones de fondo, como la propia financiación autonómica. A los ciudadanos les sería algo más que útil conocer con qué fuerzas cuenta el presidente del Gobierno en el actual contexto.