La financiación autonómica y el sexo de los ángeles

La explicación comúnmente más aceptada sobre el significado de la expresión el sexo de los ángeles tiene que ver con la toma de Constantinopla por parte de los turcos en el siglo XV. Se cuenta que mientras los otomanos acechaban la actual Estambul, los sabios de la ciudad discutían sin ningún miramiento sobre el verdadero sexo de los ángeles. Desde entonces, esta expresión ha quedado como el monumento a la inutilidad de algunos debates. Es decir, discusiones que no llevan a ningún sitio más allá del regodeo de los interesados por hacer prevalecer sus opiniones. En definitiva, discusiones bizantinas cuya capacidad para transformar la realidad es nula.

La política española está llena de este tipo de discusiones absurdas cuya contribución al interés general es cero, y, de hecho, una polémica sucede a la anterior y así sucesivamente, mientras que viejos problemas, como la financiación autonómica siguen ahí, como si, en realidad, a nadie le importaran más allá de algunas declaraciones públicas. Eso sí, muy sentidas. Resulta verdaderamente conmovedor ver a casi todos los presidentes de las comunidades autónomas reclamar su actualización una década después de que el sistema haya caducado, como si el PP o el PSOE no tuvieran nada que ver con ello. Solo después de que ERC y el PSC hayan alcanzado un acuerdo han comenzado a reaccionar, cuando se trata de una cuestión que viene incluso de antes de 2009, cuando se aprobó el sistema actualmente vigente.

Para llegar a esta conclusión solo hay que leer de forma somera, ni siquiera atentamente, el título VIII de la Constitución, que articula la organización territorial del Estado, que vive plácidamente en la obsolescencia, hasta el punto de que todavía relata —46 años después— cómo deben acceder las regiones a la autonomía o cuál debe ser el procedimiento legislativo para elaborar un estatuto de autonomía. Leer para creer.

Sin necesidad de irse tan atrás, solo hay que observar que en 2009, cuando el segundo Gobierno Zapatero aprobó el actual sistema en medio de una formidable crisis económica, España contaba con 46,2 millones de habitantes y hoy está cerca de 49 millones (48,8 millones). Es decir, casi tres millones de personas más a quienes constitucionalmente se deben garantizar unos servicios públicos esenciales. Teniendo en cuenta que la financiación efectiva por habitante a competencias homogéneas son 3.365 euros (fuente Fedea), eso significa que faltan casi 10.000 millones de euros para mantener el nivel de prestaciones de aquel año, sin contar las nuevas prestaciones, muchas de ellas relacionadas con el envejecimiento o con la mejora del sistema educativo, además de dependencia u otras prestaciones a cargo del Estado.

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Ni que decir tiene que esto ha producido un deterioro de la calidad asistencial —el populismo y la demagogia anidan en este caldo de cultivo— que están obligados a satisfacer los poderes públicos en el sentido más amplio del término, lo que necesariamente afecta más negativamente a los niveles de renta más bajos. Precisamente, porque son quienes utilizan de forma más frecuente los servicios públicos.

Lo singular, ahora que se utiliza tanto este término, es que no será por ausencia de ideas. Los males del sistema de financiación están perfectamente identificados desde hace años. En particular, los agujeros en la corresponsabilidad fiscal, que es la esencia de la Lofca (1980).

Es decir, el desequilibrio entre ingresos y gastos de las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales ejecutan casi la mitad del gasto público (descontada la Seguridad Social que es común a todas), pero únicamente son responsables directos de menos del 15% de los ingresos tributarios. Algo que explica las elevadas transferencias del Estado a través de los tributos cedidos, lo que ha generado un sistema clientelar.

Las diferentes actualizaciones del sistema de financiación, de hecho, se han aprobado en función de la correlación de fuerzas

Las diferentes actualizaciones del sistema de financiación, de hecho, se han aprobado en función de la correlación de fuerzas de cada momento político, lo que ha llevado a que frente a lo que sucede en otros países altamente descentralizados la financiación autonómica esté en el centro del debate público. Pero, eso sí, solo a modo de los sabios de Bizancio, ya que nadie se atreve a avanzar en la creación de un sistema de financiación estable, incorporado, incluso, a la Constitución para evitar que cada cinco años comience la subasta.

Es curioso, en este sentido, que siempre sea Cataluña la que lleve la iniciativa, mientras que el resto de regiones del régimen común, País Vasco y Navarra, son otra historia, se conforman con el actual statu quo, salvo que la Generalitat mueva ficha. Probablemente, porque la mayoría de los presidentes autonómicos, ahora del Partido Popular, prefieren vivir de la política de agravios, que es electoralmente muy rentable. Mientras que, en el caso de Madrid, funciona con ínfulas de Estado. Es decir, para Díaz Ayuso se trata de un debate entre la Moncloa y la Puerta del Sol y lo de menos es sellar un modelo de financiación territorial estable anclado en la corresponsabilidad fiscal. Algo que puede explicar que el Gobierno madrileño ponga reparos a entrevistarse con el presidente del Ejecutivo para discutir un asunto tan relevante.

"En el caso de Madrid, funciona con ínfulas de Estado. Es decir, para Ayuso se trata de un debate entre la Moncloa y la Puerta del Sol"

La utilización de los agravios territoriales como argumento principal del debate político no es un asunto baladí. Por el contrario, incorpora unas tensiones innecesarias que una y otra vez reabren los viejos debates territoriales del pasado. Es decir, en lugar de hablar cuestiones concretas, como la sostenibilidad del sistema de pensiones, los problemas de la vivienda o las listas de espera, se vuelve a los viejos debates celestiales sobre la unidad de la patria, un asunto cerrado en la Constitución de 1978 y que solo los independentistas (que representan un porcentaje residual en la composición electoral del país) cuestionan.

Nadie, sin embargo, ni el PP ni el PSOE, quiere abrir el melón de la reforma constitucional que, como suele decirse, es el elefante en medio de la habitación. De hecho, el Gobierno central ni siquiera ha presentado un documento sobre lo que pretende, lo que dice muy poco en favor de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que es quien tiene la obligación de incardinar lo pactado en Cataluña en el conjunto del Estado. Ni hay documentos, ni hay papeles, ni hay nada. Solo palabrería que condiciona todo el debate público. Como diría Cecilia 'nada de nada'.