Una explicación de los casos de corrupción

El 23 de diciembre de 1985, el periodista Bonifacio de la Cuadra, pocos como él han conocido tan de cerca cómo se coció la Constitución, publicó en el diario El País una crónica que tituló: ‘Medio centenar de juristas solicita al poder judicial que convoque unas jornadas sobre las corruptelas’. En aquel tiempo, hay que decir, había más precisión en el lenguaje.

La información revelaba que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, uno de los juristas españoles de mayor prestigio de su época (expresidente de las Cortes), había aceptado estudiar la idea. Lo que proponían los firmantes, en síntesis, era que "un poder del Estado, el judicial, asuma, estudie y trate de remediar los defectos existentes en su seno".

Cuarenta años después, la justicia ha cambiado mucho, como España, y hay que decir que para bien, aunque no siempre. No es el caso de la corrupción. El principal motivo que suscitó aquella rebelión de los juristas fue la constatación de que determinados funcionarios cobraban en metálico por acelerar los procesos judiciales, principalmente procuradores. "La idea, absolutamente rechazable, de que el desenvolvimiento regular de los juzgados depende de los estímulos pecuniarios aportados por los particulares a los empleados asistenciales, olvida que un organismo judicial no es una empresa mercantil con finalidad de lucro y que los funcionarios no son comisionistas de los pleitos", sostenía el escrito.

Cuatro décadas después, tanto la corrupción como la propia administración de justicia, continúan en el centro de la agenda pública. Se puede decir sin exagerar que desde 1985 no ha habido una década sin su sobresalto, por decirlo de una manera suave. Unas veces por la existencia de jueces estrella que acaban estrellados, otras por la relevancia de acusaciones populares que han construido en torno suyo una auténtica industria que gestiona mediáticamente la corrupción, con la ayuda de siniestros personajes situados intramuros de los aparatos del Estado, y, en casi todos los casos, por la existencia de un Consejo del Poder Judicial altamente politizado que traslada los rifirrafes parlamentarios al ámbito de la administración de la justicia.

Lograr la presidencia de la Sala de lo Penal del TS o colocar a alguien cercano en la Audiencia Nacional suelo ser lo más valioso

En los tres casos, el objetivo es el mismo: la manipulación de la justicia con fines políticos (o económicos). Se puede decir, de hecho, que la propia justicia es víctima del excesivo interés de los partidos políticos mayoritarios por su funcionamiento, algo que explica que la gran batalla después de cada renovación del CGPJ sea sistemáticamente la política de nombramientos. Lograr la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo o situar a alguien cercano en la Audiencia Nacional suele ser, de hecho, lo más valioso para los partidos centrales del sistema, y de ahí que la justicia esté siempre en medio de la polémica en un país familiarizado con la corrupción. La polarización política, que afecta también a los medios de comunicación, hace el resto.

La trama criminal

Aun así, la justicia, en líneas generales, ha funcionado como un mecanismo trascendental para poner freno a la corrupción, pero parece evidente, tras haberse desvelado la trama criminal en torno a Santos Cerdán, que ha sido insuficiente. Probablemente, porque el problema de la corrupción es multifactorial y su dimensión no pasa solo por endurecer el código penal para salvar la cara ante la opinión pública, sino de poner más medios para evitar el célebre aforismo de William Gladstone: "Justicia retrasada es justicia denegada".

Todavía hoy se ventilan casos de corrupción política ocurridos hace diez o quince años, lo que hace que la justicia pierda ejemplaridad. La plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, incluidas las unidades de apoyo de la Agencia Tributaria, la IGAE y policía y guardia civil apenas la componen 136 funcionarios para un país con altos niveles de dinero negro y que cada día se despierta con un caso de delincuencia vinculada a la corrupción. No en vano, el número de causas judiciales en trámite se ha multiplicado por siete desde 2005, lo que da idea de que no se trata de una cuestión puntual.

La contratación pública es una inmensa tarta. Representa nada menos que el 20% del PIB (unos 300.000 millones de euros)

Esto es así porque la administración de justicia (no así la inmensa mayoría de los jueces) no responde con eficacia a los casos de corrupción. Tampoco la calidad de la licitación pública, pese a que se está hablando de una inmensa tarta:. La contratación pública representa nada menos que el 20% del PIB (alrededor de 300.000 millones de euros). El documento de la UCO, por ejemplo, habla de una vieja artimaña como son las bajas temerarias para ganar licitaciones, cuyo coste se recupera posteriormente a través de los modificados, sin que se haya avanzado suficientemente para expulsar a este sistema fraudulento de la contratación. La CNMC lo ha denunciado en uno de sus últimos documentos. No, no es ningún secreto. El problema está perfectamente identificado.

El propio funcionamiento de los partidos políticos, con sus aparatos convertidos en un búnker inexpugnable, es otro aliciente para la persistencia de la corrupción. Que un personaje como Koldo no hubiera levantado sospechas en la dirección socialista dice todo sobre los mecanismos de control. El sistema de selección de las élites políticas, de hecho, ampara la llegada de advenedizos y sinvergüenzas.

La confusión

Ferraz, en el caso más reciente, ha perdido su identidad y ha acabado por ser fagocitado por Moncloa. Hasta el punto de que su capacidad para fiscalizar a quien gobierna (no solo es una responsabilidad de la oposición) es residual. Esta confusión entre partido y Gobierno —Felipe González reclamó en su día autonomía del Ejecutivo frente al control de Ferraz porque no quería ser fiscalizado por el partido— crea un incentivo que favorece la impunidad, ya que anula la existencia de contrapoderes dentro de las organizaciones políticas, donde el ganador (Sánchez) se lo lleva todo. Cualquier dirigente socialista navarro ahora situado fuera de los órganos de dirección conocía quién era Koldo y a qué se dedicaba.

Tanto Ábalos como Cerdán, como números dos, han formado parte del núcleo más cercano a Moncloa, lo que necesariamente ha acabado por colocar a la organización en la irrelevancia. Sánchez, el responsable político de este episodio zafio y maloliente, nunca ha impulsado un debate en los órganos de dirección del PSOE sobre los numerosos casos judiciales que hoy acechan a su entorno. Es más, su número dos en el partido es, además de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la líder en Andalucía, lo que revela el secuestro de la organización a manos del Gobierno. El partido soy yo.

Sánchez nunca ha impulsado un debate en los órganos de dirección del PSOE sobre los casos judiciales que acechan a su entorno

La desaparición de los partidos políticos como órganos capaces de fiscalizar el comportamiento de los altos cargos, aunque sean correligionarios, la sufrió también en su día el Partido Popular, asaeteado durante años con numerosos casos de corrupción, lo que pone de relieve que el problema es estructural. De hecho, atraviesa la política española desde al menos 1984 en la etapa democrática cuando Cambio 16 desveló que el PSOE de Felipe González había recibido 230 millones de pesetas del consorcio alemán Flick para financiar la campaña electoral de 1982. La respuesta de González se hizo célebre: “Ni Flick [el nombre del empresarios que había regado de dinero a algunos partidos socialdemócratas], ni Flock”, aseguró en plan retador.

Como se sabe, después vendrían Filesa, Malesa, Time Export y tantos otros casos de corrupción política que la democracia no ha sabido combatir con la suficiente eficacia. Probablemente, por lo que decía un antiguo embajador alemán en España: "En mi país es posible que haya tanta corrupción como en el suyo, lo que cambia es la eficacia de la respuesta".

Opinión

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No es de extrañar, por eso, que España ocupe el puesto 46 de 180 en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción, compartiendo posición con Chipre, República Checa y Granada. Es posible que debido a que la corrupción apenas pasa factura a los partidos políticos en términos electorales, salvo casos extraordinarios, por lo que necesariamente hay que relacionar ese comportamiento con una escasa cultura del valor de lo público. Tal vez debido a que impera la vieja idea de que el 'otro' lo haría peor, lo que crea un marco compasivo con la corrupción que en última instancia elimina los incentivos para erradicarla.

Tampoco tiene un coste apreciable para los corruptores, empresarios que siguen licitando después de haber sobornado a funcionarios y cargos públicos. La cultura del enriquecimiento rápido, de hecho, se ha asentado en buena parte de la población española que tiene acceso a los meandros del poder.

Es un problema transversal. Afecta a unos y a otros, aunque desde luego no en la misma dimensión, lo que puede explicar el desdén de los poderes públicos para tejer instituciones capaces de arrinconar a la corrupción, que no sólo hay que relacionar con la parte más visible y zafia, el amaño de licitaciones, sino con comportamientos más sutiles como el nepotismo, la no rendición de cuentas o la colonización de cargos públicos en detrimento los criterios de mérito y capacidad. Eso es también corrupción. Koldo y sus secuaces, de hecho, reflejan mejor que nadie la España del esperpento.