Sánchez tenía cuatro alternativas y ha elegido la peor

Es un hecho que la irrupción de las redes sociales y, en general, la penetración de los dispositivos digitales han transformado la forma de consumir política. Se ha producido, en concreto, lo que muchos han denominado un proceso de desintermediación como nunca antes había ocurrido, desde luego desde la consolidación de las democracias liberales.

Esto es así porque el acceso a Internet ha creado un falso empoderamiento que hace que hoy cualquiera pueda ser prescriptor de las ideas más peregrinas al margen del tradicional sistema de partidos. Lo singular no es tanto que se emitan esas opiniones sin fundamento, sino el alto grado de receptividad que consiguen.

Como consecuencia de ello, la afiliación a los partidos, lejos de crecer, como sería coherente a la luz del elevado grado de politización de la sociedad española (no hay más que observar la programación de los medios audiovisuales) no deja de disminuir. Es decir, se habla mucho de política y, de hecho, es el perejil que está en todas las salsas, pero pocos ciudadanos están dispuestos a participar de forma activa en la cosa pública. Rizando el rizo, incluso, se habla mucho de políticos, pero verdaderamente poco de políticas.

Según Hacienda, 283.869 contribuyentes dedujeron en el IRPF su aportación a un partido político en 2023, el 0,7% del censo electoral

Los datos más recientes de la Agencia Tributaria, que probablemente son los más rigurosos para conocer el volumen de afiliación a los partidos políticos, reflejan, por ejemplo, que 283.869 contribuyentes dedujeron en el IRPF su aportación a un partido político en 2023. Esto representa el 0,7% de quienes tuvieron derecho a voto en las generales de ese mismo año, lo que da idea de la escasa participación de los ciudadanos en la vida orgánica de un partido político. Y no es, desde luego, por falta de ofertas. El registro del Ministerio del Interior muestra que 4.178 formaciones están inscritas, lo que parece indicar que los españoles tienen más interés en crear partidos que en participar de forma activa en su funcionamiento.

Ocho euros al mes

Si se analizan, incluso, las aportaciones económicas de los afiliados, el resultado es igualmente llamativo. Los casi 284.000 militantes en un partido político pagan una cuota media anual equivalente a 95,7 euros. Es decir, apenas ocho euros al mes. Esto explica, obviamente, la fuerte dependencia del sistema de partidos de las transferencias públicas. Entre otras razones, porque las aportaciones que puedan hacer terceros son muy limitadas. Al contrario que sucede en otros países, no existe una cultura política extendida que anime a los ciudadanos a participar en los procesos electorales, ya sea aportando recursos o colaborando en la acción política.

No es necesario señalar que se trata de un cóctel explosivo. Baja afiliación, pocos recursos económicos para hacer campañas muy costosas y escasa participación de los simpatizantes crea, necesariamente, partidos endogámicos con tendencia a situarse al margen de los intereses generales. No es de extrañar, por eso, que los innumerables casos de corrupción que ha vivido la política española en las últimas décadas hayan tenido el epicentro, precisamente, en el ámbito de las finanzas o de la organización de los partidos políticos. En particular, en los más grandes, aunque siempre es injusto generalizar. Es decir, en el apparátchik.

Ángel Sanchís, Alvaro Lapuerta, Guillermo Galeote, Carlos Navarro, Aída Alvarez, Josep María Sala o Bárcenas llegaron a ser populares

El PSOE de Sánchez, en este sentido, no ha inventado nada. Nombres como Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Guillermo Galeote, Carlos Navarro, Aída Álvarez, Josep María Sala y, por supuesto, Luis Bárcenas (contratado por el primero en los tiempos de Fraga) fueron en su día populares para muchos españoles, lo que muestra la contumacia en el delito. Muchos de quienes fueron condenados fueron, incluso, indultados posteriormente por un Gobierno contrario al que pertenecían los encausados, lo que muestra una condescendencia general en las élites políticas con el crimen cuando está vinculado a la vida interna de los partidos.

La respuesta

Este relativismo penal puede explicar mejor que nada la reacción del presidente del Gobierno a los presuntos casos de corrupción de Ábalos y Cerdán, sus dos secretarios de organización. El comité federal de este sábado, de hecho, lejos de preguntarse si los cambios en la ejecutiva decididos por Sánchez son la respuesta que pide la sociedad española — atónita por tanto escándalo— ha optado por aceptar sin rechistar la salida que ha encontrado el presidente para un asunto tan feo. Lo singular, en este caso, es que se ha querido trasladar que se trata de una crisis interna de la propia organización, lo cual carece de sentido cuando los presuntos sobornos se han producido en el seno de la Administración del Estado.

Sánchez tenía al menos tres salidas posibles. La primera, presentar su dimisión y convocar elecciones. Hubiera sido la más radical, pero probablemente la más perjudicial para su partido en un contexto político-electoral como el actual, y de ahí que la haya rechazado de plano. De hecho, ha construido un partido tan endogámico y tan a su medida que hoy no cuenta siquiera con un posible sucesor.

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La segunda alternativa hubiera pasado por someterse a una cuestión de confianza, como le ha pedido Emiliano García-Page, pero también la he descartado al carecer de garantías de poder ganarla. Ni en la cabeza de Junts ni en la de Podemos está hoy dar oxígeno al Gobierno, por lo que Sánchez no apurará nunca esta posibilidad.

La tercera opción era comprometerse a presentar en tiempo y forma, antes del 1 de octubre, los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que hubiera sido una forma de cuestión de confianza. Como muchos constitucionalistas han planteado, la aprobación del presupuesto, dada su transcendencia, viene a ser una especie de cuestión de confianza pasiva, ya que el parlamento, si los aprueba, ratifica que el Gobierno de turno cuenta con la suficiente mayoría para seguir gobernando como la que logró en el debate de investidura.

Patada hacia adelante

El presidente Sánchez, sin embargo, ha renunciado a las tres alternativas anteriores y ha optado por la peor, que es seguir gobernando sin tener suficientes garantías de que podrá hacerlo, que es lo mínimamente exigible en cualquier sistema parlamentario. Es decir, ha optado por una especie de patada hacia delante con la que pretende encapsular el problema de la presunta corrupción en el ámbito interno del partido socialista pese a que lo que investigan los jueces no es lo que ocurre intramuros de Ferraz, sino lo sucedido en diferentes dependencias de la Administración del Estado.

Pedro Sánchez ha optado por la peor alternativa, que es seguir gobernando sin tener garantías de que podrá hacerlo

No parece que sea la mejor solución. No en vano, los vasos comunicantes entre el partido y el Gobierno existen, y es un juego de alquimia política intentar parecer lo contrario. Tanto Sánchez como María Jesús Montero, su número dos, mandan en uno y otro lado (la segunda en Hacienda) y, por lo tanto, carece de sentido establecer esa falsa división. Sería distinto si el partido tuviera vida propia al margen del Gobierno, lo que le hubiera permitido fiscalizar, por ejemplo, la política de nombramientos o un control más directo de determinadas decisiones del Ejecutivo. Incluso el comportamiento personal de ciertos dirigentes que trabajan en la Moncloa y que ayer mismo aceleraron su dimisión.

No ha ocurrido así porque, desgraciadamente, el sistema de partidos está viciado en origen al haberse convertido en una mera correa de transmisión del Gobierno de turno, lo que explica su ineficacia a la hora detectar los frecuentes casos de corrupción (no solo económica, sino también política) que sufre la democracia española. No solo en el ámbito nacional, sino también en el autonómico y local, donde los errores de bulto de los gobernantes (ahí está el clamoroso caso Mazón) son tolerados por el partido al haberse convertido en la nada más absoluta.

Dos ejemplos de ayer mismo. El comité federal del PSOE aprobó la nueva ejecutiva con 315 votos a favor y uno en contra. La candidatura de Feijóo, por su parte, la única presentada, salió adelante con el 99,24% de los votos. No estará de más recordar lo que dice la Constitución (artículo seis): "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

No es de extrañar, por eso, que muchos españoles renuncien a participar en política pese a que los partidos, precisamente, siguen siendo, y no las redes sociales, una institución imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia. Las democracias también se mueren cuando los partidos son una mera correa de transmisión del poder.