La peor de las corrupciones posibles

En algún momento del siglo XX, difícil de identificar, probablemente en el brutal periodo de entreguerras, se cruzaron las trayectorias en direcciones opuestas —y a veces enfrentadas— de dos disciplinas que históricamente habían caminado en paralelo, desde luego en el plano teórico. Por un lado, la psicología moral, entendida como la capacidad de los humanos para integrar en su vida cotidiana los valores éticos. De otro lado, la economía política, que, como su propio nombre indica, refleja las relaciones entre los gobiernos y la sociedad. Es decir, la política entendida como la herramienta más civilizada para resolver el conflicto social. La economía, de hecho, en su literalidad etimológica no es más que la administración del hogar.

No siempre fue así. Adam Smith o Carlos Marx, desde dos posiciones antagónicas, siempre creyeron que la economía política y las cuestiones morales debían caminar juntas. Estudiosos como Benjamin Enke, de la Universidad de Harvard, achacan esta complementariedad, defendida desde posiciones tan diferentes, a que la moral es un mecanismo que utilizan las sociedades para imponer la cooperación y el entendimiento en aras de permitir la producción a gran escala, además de favorecer los intercambios económicos y la cohesión social. Sin moral o ética, como se prefiera, las sociedades no serían capaces de entenderse y, por lo tanto, no podrían producir bienes que beneficien al conjunto de la comunidad. Sólo por eso la política es un imperativo ético.

No puede extrañar, por tanto, que durante los periodos de crisis o de incertidumbres, como los actuales, la demanda de comportamientos éticos tienda a crecer. El 15-M, en el caso español, o el Occupy Wall Street, en EEUU, fueron algunas de las manifestaciones más contundentes. Se había roto el vínculo entre ética y economía política. La quiebra del bipartidismo imperfecto que emergió en España tras las primeras elecciones democráticas, forzado por el sistema electoral, es uno de los ejemplos más diáfanos de que algo había fallado.

La mayor aportación que hizo la Europa que surgió de la posguerra fue, precisamente, una nueva cultura de lo público

A nivel global, la avaricia de las élites y la condescendencia de muchos gobiernos embriagados de poder desnudaron al sistema nacido tras la caída del muro. El modelo de globalización, con sus extraordinarias aportaciones en favor de un reequilibrio de la riqueza en beneficio de los países más pobres gracias al comercio, se había convertido en un verdadero monstruo irreconocible para sus impulsores. En particular, en los países más industrializados, donde la desigualdad de renta y de oportunidades no ha dejado de crecer desde entonces creando un caldo de cultivo que hoy amenaza a la propia democracia.

El mundo moderno

The Economist lo dejó escrito en un celebrado editorial con motivo de su 175 aniversario: "El liberalismo hizo el mundo moderno, pero el mundo moderno se está volviendo en su contra". Poco hay que añadir, salvo que no sólo fue el liberalismo, como reconoce la propia publicación británica en su escrito, quien empujó al mundo al progreso, sino la participación de nuevos agentes económicos y sociales que históricamente habían sido marginados de la vida política, en particular los sindicatos y las fuerzas de izquierda.

La ausencia de una respuesta política en defensa de lo público ha convertido la corrupción en un instrumento de agresión al contrario

Así es como nació eso que se ha venido en denominar el pacto social surgido en 1945, cuando en un ambiente de cooperación Europa pudo superar la devastación de la guerra. No ocurrió lo mismo después de la Gran Recesión de 2008. Las políticas indiscriminadas de ajuste, la insuficiencia de las políticas fiscales para favorecer la cohesión social, el empobrecimiento de las clases medias por la desindustrialización de amplios territorios, los bajos salarios, el deterioro de las expectativas, la avería en el ascensor social, la pérdida de prestigio de la política al haber sido expulsados muchos de quienes podrían haber contribuido al entendimiento, y, por supuesto, la capacidad polarizante de las redes sociales –en manos de plataformas que alteran la convivencia sin que nadie ponga orden en tanto desmán— han dado a luz un ecosistema político que está siendo aprovechado por los enemigos de la democracia.

La mayor aportación de la Europa que surgió de la posguerra fue, precisamente, una nueva cultura de lo público. Frente al individualismo feroz del periodo inmediatamente anterior, emergió una nueva forma de hacer política basada en lo que en España se llamó consenso y en otras partes pacto social. Ambos venían a ser la respuesta más lúcida para escapar de nuestro propio pasado. No es que cualquier tiempo anterior fuera El Dorado, sino que lo que había cambiado era que, por primera vez en sociedades contemporáneas, y frente a la progresiva pérdida de influencia de los lugares comunes, de los espacios de convivencia, emergía lo que podría denominarse acervo comunitario. Justamente, los intangibles que hacen posible la tolerancia, y que, históricamente, se han basado en hechos compartidos. Hechos, no opiniones infundadas basadas en la estulticia irracional de quienes desprecian la verdad.

La corrupción, en este sentido, es probablemente el terreno más fértil para acreditar la pérdida de prestigio de lo público. De hecho, su resistencia a desaparecer es el caldo de cultivo idóneo que alimenta a quienes detestan la democracia y desconfían del bien común. Curiosamente, porque el escándalo social que provoca la corrupción pocas veces tiene una respuesta política en el sentido original del término. Es decir, la cooperación entre los distintos agentes sociales y económicos que influyen en la cosa pública.

Lo público

En su lugar, desde luego en España, la ausencia de una respuesta de carácter político en defensa de lo público que empape en la sociedad ha acabado por convertir la corrupción en un instrumento de agresión al contrario, lo que necesariamente crea espacios de impunidad (los próximos corruptos están hoy calentando en la banda).

La evasión fiscal, por ejemplo, es un acto de corrupción a gran escala, mucho mayor que la que pertrechan algunos truhanes, pero no provoca la conmoción que suscitan supuestos casos como los de Cerdán o Montoro, a los que desde las antípodas ideológicas les une el inveterado desprecio de este país por la presunción de inocencia por parte de una buena parte de la opinión pública y de la opinión publicada.

La evasión fiscal es un acto de corrupción a gran escala, mucho mayor de la que pertrechan algunos truhanes

Es decir, la respuesta que se ofrece desde los poderes públicos a la corrupción es de carácter penal para salir momentáneamente del atolladero, lo cual es, sin duda, necesario, pero sin que se aborde el problema de fondo, que tiene que ver con esa cultura de lo público que va más allá que el castigo a quien delinque. Lo público en el sentido de un espacio político compartido del que sólo puedan ser excluidos los enemigos de la democracia. En una palabra, se da una respuesta judicial que margina a la política entendida como el instrumento más valioso para la convivencia.

No es gratis esta debilidad de la política. La antipolítica es, precisamente, lo que emerge en las sociedades posindustriales ante la falta de determinación de los sistemas parlamentarios para identificar con cierta precisión las causas del malestar, que sin duda existe y hay causas objetivas que lo explican.

La paradoja radica en que en un mundo hiperpolitizado, en el que cualquiera puede dar su opinión a través de las redes sociales sin ningún fundamento o conocimiento de la materia, nunca antes se había hecho tan poca política. Es decir, nunca como ahora se han dejado de construir los espacios comunes de entendimiento que son propios de los sistemas democráticos, y que son imprescindibles para garantizar el orden y la cohesión social. Las emociones y el cortoplacismo por razones electorales, en su lugar, ha ocupado ese espacio. ¿El resultado? España seguirá hablando durante mucho tiempo de corrupción. Hablando.