La cruda verdad sobre el origen de los fuegos

No es fácil identificar en qué momento se rompió el binomio economía-elecciones. Hoy, al contrario que en el célebre debate televisivo en el que participaba Bill Clinton: ‘es la economía, estúpido’, la gestión de la cosa pública ha pasado a un segundo plano en los procesos electorales. Se puede decir, de hecho, que no sólo los indicadores económicos pesan cada vez menos en el comportamiento del votante, sino que incluso la gestión pública, en el sentido más completo del término, apenas se somete a escrutinio a la hora depositar la papeleta. Nada que ver con aquellos tiempos en los que Ronald Reagan, entonces candidato presidencial, sorprendió a su oponente con una famosa pregunta dirigida a los electores: “¿Está usted mejor hoy que hace cuatro años?”.

La principal razón de esta deriva tiene que ver con que se ha producido un desplazamiento del discurso político hacia otras cuestiones, muchas de ellas de naturaleza identitaria, que han acabado por distanciar el voto del hecho económico. El caso más significativo es EEUU, donde factores como el pleno empleo, los avances en productividad o un crecimiento sostenido desde la Gran Recesión (en 12 de los últimos 16 años ha gobernado un presidente demócrata) han desembocado en la irrupción de Trump con un discurso disruptivo.

Los indicadores económicos, en ese tiempo, no han sido tan positivos en Europa como en EEUU, pero aún así los niveles de paro se mantienen históricamente bajos. En muchos países hay pleno empleo, mientras que las prestaciones sociales, en la mayoría de los casos, se han recuperado, lo que ha permitido estrechar los índices de desigualdad, básicamente por la creación de empleo.

Tanto en EEUU como en Europa, sin embargo, el auge de los populismos en sus diferentes versiones es imparable, lo que parece indicar, como se ha dicho, que el factor determinante a la hora de votar ya no son los grandes indicadores macro (en particular el PIB o el nivel de empleo), sino variables como el acceso a la vivienda, los salarios, la inmigración, la calidad de prestaciones sociales como la sanidad, la seguridad en las calles, la percepción de la corrupción y, por supuesto, factores pegados al terreno, como la cultura popular frente al cosmopolitismo (tensión campo-ciudad), la identidad nacional frente a la globalización o las tradicionales categorías de género frente a otras formas de identidad sexual. En definitiva, un alejamiento de la economía como motor del comportamiento electoral frente al auge de las emociones políticas. En una palabra, como han señalado algunos politólogos, lo que se está produciendo es el triunfo de las guerras culturales frente a los argumentos ideológicos basados en la racionalidad y en la fiscalización de la gestión pública.

Lo que se está produciendo es el triunfo de las guerras culturales frente a los argumentos ideológicos basados en la racionalidad

La paradoja estriba en que esta disociación, incluso, ha llegado a los territorios más dependientes de la gestión pública, que son aquellos cuyas rentas proceden, en su mayor parte, de las políticas estatales. Castilla y León, ahora asolada por los incendios, es un buen ejemplo de esta incoherencia.

Un partido xenófobo, como es Vox, es la tercera fuerza política, pese a que el problema estructural de la región tiene que ver con la despoblación y el envejecimiento, lo que ha creado un caldo de cultivo favorable a los incendios por falta de actividad económica. Está acreditado que las regiones que más han crecido en la última década, de hecho, son las que han recibido más inmigrantes. Vox, es más, llegó a detentar la consejería de Agricultura de Castilla y León pese a ser un partido que niega el cambio climático, que es un factor determinante en la proliferación de los incendios o en la desertización del territorio. Lo mismo sucedió en Extremadura —también muy afectada por los incendios— hasta que el partido de Abascal rompió con el PP, lo que da idea del interés que ha mostrado Génova por conservar una cartera mucho más importante de lo que se presupone. Lo singular, con todo, es que hay razones para creer que Vox será quien capitalice electoralmente desastres como los de la dana o los incendios, como hizo en su día con la pandemia. Muchos lo achacan a una especie de desesperación política que alimenta la irracionalidad del voto, aunque también hay otros factores.

El páramo castellano

En León, el índice de envejecimiento se sitúa en 270%, es decir, por cada 100 menores de 16 años hay 270 mayores de 64 años, mientras que en Zamora el índice alcanza un increíble 334%, lo que significa que hay el triple de personas en edad de jubilación que menores de 16 años. En Ourense, la otra provincia más afectada por los incendios, el índice de envejecimiento es también uno de los más altos de España, alcanza el 315%. O expresado de otra forma, la edad media de la población supera ya los 50 años en las tres provincias más afectadas por los incendios. En los 33.415 kilómetros cuadrados que ocupan Zamora, León y Ourense, viven apenas 925.654 habitantes, lo que da una densidad de población de 28 habitantes por kilómetro cuadrado, menos de la tercera parte que en el conjunto del Estado, y eso que España ya es un país con baja densidad de población respecto de la media europea.

El PP gobierna Castilla y León desde 1987, es decir, dentro de muy poco celebrará 40 años en el poder, más de la mitad con mayoría absoluta

Como es obvio, los fenómenos demográficos no son fruto de un día, sino que el proceso se arrastra ya desde los años 50, sin que ni en la dictadura ni en democracia se haya logrado revertir esa tendencia, lo que indica que se trata de un problema estructural. Pese a ello, no hay censura política. El Partido Popular lleva gobernando Castilla y León desde 1987, es decir, dentro de muy poco celebrará 40 años en el poder, de los que más de la mitad ha gobernado con mayoría absoluta. Ningún partido en España ha gobernado de forma ininterrumpida en España durante tanto tiempo, ni siquiera el PSOE en Andalucía, a quien históricamente se le ha acusado, no sin cierta razón, de instaurar un régimen político.

Enrique Fuentes Quintana —originario de la vieja Castilla— solía contar a sus alumnos que los problemas económicos nunca son económicos, sino políticos. Es decir, solo a partir de un buen diagnóstico y, posteriormente, de una acción decidida, se puede encontrar una salida a los problemas económicos, que en ocasiones son fruto de las malas políticas. Y lo cierto es que ningún Gobierno en democracia, ni central ni autonómico, ha sabido dar respuesta al mayor problema que tiene la economía española en términos estructurales: el desequilibrio territorial, no solo en relación al nivel renta, que es evidente, sino de ocupación del territorio. El Banco de España ha estimado, en concreto, que la fracción de la población residente en zonas urbanas ha aumentado desde el 65% en la década de los años 50 al 87% actual, lo que indica un indudable fracaso en términos de reequilibrio territorial.

El siglo de las ciudades

No es, desde luego, un fenómeno español. Como muchos han señalado, el siglo XXI es el siglo de las grandes urbes. La diferencia estriba en el escaso interés que suscita esta cuestión —nuclear en el desarrollo económico— en el debate político.

Las miserias de la política hacen que el debate se centre si un gobierno se ha gastado más o menos, sin atender las cuestiones de fondo

En la actual discusión pública sobre financiación autonómica, de hecho, está ausente el reequilibrio territorial, más allá de si Cataluña se beneficia más o menos de la recaudación del Estado. Se asume con mansedumbre política, incluso, que las regiones ricas puedan competir fiscalmente con las más pobres, lo que necesariamente ensancha las diferencias. O que la política de localización industrial priorice los grandes núcleos de población frente a las comarcas peor dotadas que agonizan lentamente sin que provoque o un vuelco electoral o un escándalo social. Y esto ocurre pese a que hay evidencias de que una desigual distribución espacial de la población (territorios masificados frente a auténticos desiertos poblacionales) provoca una distribución también desigual de las rentas y, por lo tanto, del bienestar. Entre otras razones, porque detrás de las llamadas economías de aglomeración hay mayores salarios debido a que allí se concentra tanto la actividad económica como la población. ¿Algún joven se quedará a trabajar en esas zonas ahora devastadas por el fuego?

Las miserias de la política española hacen, sin embargo, que el debate se centre si un determinado gobierno se ha gastado más o menos en prevención o extinción de incendios, que desde luego es relevante, pero sin atender las cuestiones de fondo, que son las que explican las razones últimas de los incendios. Todo es tan absurdo que el reto demográfico, como lo ha llamado el Gobierno, se ha incardinado en el Ministerio de Transición Ecológica, como si el problema de la despoblación o la falta de inversión para fijar población fuera ajeno a la política territorial, que sí cuenta con un departamento propio.

Con poblaciones envejecidas, desiertos poblacionales, núcleos rurales sin los servicios públicos mínimos y sin ganadería extensiva que limpie el terreno, no puede extrañar que España se queme.