Se trata de hacer cumplir un viejo principio del derecho: lo que está prohibido fuera de Internet también debe estar prohibido en la red. No hay excepciones ni impunidad. España, mientras tanto, va a por uvas
Las miserias de la política española han llevado a interpretar el rifirrafe entre el presidente del Gobierno y algunos de los oligarcas de las plataformas tecnológicas —X y Telegram– en clave electoral. A Pedro Sánchez, según esa versión, le interesa confrontar con los propietarios de las redes sociales porque da votos y así se zafa de sus problemas internos.
Elon Musk, no en vano, es uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta y, para más inri, es aliado de Trump. Por lo tanto, confrontar con él o con otros tecno oligarcas es resucitar la vieja metáfora de David contra Goliat. Suele ser rentable electoralmente. El propio Trump se presenta ante la opinión pública como víctima del establishment que representan los Clinton, los Obama o los fiscales y jueces apoyados por los demócratas. Las élites, siempre las élites, son responsables de lo que nos pasa, y de ahí la manida apelación al pueblo como solución sanadora. El pueblo salva al pueblo. Hitler lo convirtió en un arte trágico.
También cuando el presidente del Gobierno reveló su intención de regularizar alrededor de medio millón de inmigrantes, un buen número de comentaristas públicos —los hay por doquier—, interpretaron el anuncio en clave electoral. Según muchos, el verdadero objetivo de la Moncloa era escapar de los casos de corrupción en los que estaría involucrado el Gobierno o gente muy próxima. El hecho de que con un simple real decreto se pudiera mejorar la vida de cientos de miles de inmigrantes que viven en muchas ocasiones de forma angustiosa ante el temor a ser expulsados (esto todavía no es EEUU) era lo de menos. Era irrelevante. Todo se hacía por puro electoralismo. Si Sánchez dice que el 8 de febrero de este año es domingo, habrá quien diga que miente o que lo hace para ganar elecciones.
Si Sánchez dice que el 8 de febrero de este año es domingo, habrá alguien que diga que miente o que lo hace para ganar elecciones
Los casos son infinitos, y, de hecho, lo habitual es que cualquier decisión que adopte el Consejo de Ministros —mejorar la accesibilidad de la vivienda, revalorizar las pensiones como el IPC o ayudar para que los jóvenes consuman más cultura y menos redes sociales— se interpreta como una forma de escapismo. ¿Por qué ahora?, es la pregunta que de forma recurrente recorre la política española cuando sale algo de la Moncloa o su entorno. La respuesta siempre es la misma: porque algún dirigente socialista tiene que declarar ante algún juez, aunque sea como testigo. Sánchez, en este sentido, sería una especie de Houdini que todo lo hace por salvarse él mismo y su Gobierno. Incluso, cuando son medidas de puro sentido común.
Una sociedad narcotizada
Hay pocas dudas de que el mayor incentivo que tienen los políticos es ganar las elecciones. Y, por eso, es razonable pensar que el presidente del Gobierno busque réditos políticos —lo contrario sería un sinsentido— con su insistencia en enfrentarse a los dueños de las redes sociales. Sánchez, al fin y al cabo, es un político y lo que busca —o es que Feijóo o Ayuso lo hacen por amor al arte— es mejorar la posición electoral de su partido, pero sólo una sociedad narcotizada por la ideología, y a veces por la miseria moral, puede despachar estos asuntos –resolver la situación administrativas de cientos de miles de inmigrantes o la protección de los menores en Internet— en clave electoral, y, por lo tanto, todo lo que venga de Moncloa hay que desecharlo. Simplemente porque lo propone el presidente del Gobierno.
Independientemente de lo que pretenda Sánchez, él lo sabrá, es evidente que la existencia de una oligarquía tecnológica que maneja la vida de la gente es una cuestión central en la conversación pública. Y de ahí que sorprende el paletismo, llamémosle así, que supone analizar el nuevo ecosistema del poder que se ha consolidado en el mundo, en clave electoral interna o como si se tratara de un asunto menor. Lo cierto, sin embargo, es que Musk es propietario de X; Bezos, de Twitch; Zuckerberg, de Instagram y Facebook y Larry Ellison, con enormes intereses en la industria de guerra de EEUU, es una especie de guardián del algoritmo de Tik Tok.
Sorprende el paletismo que supone analizar el ecosistema del poder que se ha consolidado en el mundo en clave electoral interna
No es un asunto menor. Lo que está en juego es la supervivencia de una sociedad bien informada, que es la clave de las democracias. Está acreditado, por ejemplo, que las noticias falsas reciben un 70% más de retuits que los hechos verdaderos. O que los algoritmos —que son el instrumento necesario para la manipulación de las conciencias– priorizan la interacción del usuario respecto de la fiabilidad, lo que convierte a la desinformación en una cuestión sistémica. Es decir, regular las plataformas no es un mero capricho, y así lo ha entendido la UE con el Reglamento de Servicios Digitales que tanto irrita a los nuevos oligarcas. Precisamente, porque la información veraz es la base de la democracia y es la mejor herramienta para frenar la alienación sistemática que se produce a través de las redes sociales, que, en ocasiones, se vuelven incompatibles con una democracia saludable.
Una visión frívola
Esa visión frívola de las redes sociales —son ‘cosas’ de Sánchez para desviar la atención de la opinión pública— contrasta, sin embargo, con la enorme importancia que da EEUU a sus plataformas tecnológicas, que no son sólo parte de la industria del entretenimiento, como muchas veces se quiere ver, sino un instrumento eficaz de hegemonía política y cultural. Sólo hay que releer el discurso del vicepresidente Vance en la Conferencia de defensa de Munich del año pasado, cuando habló sin cortarse un ápice de la existencia de una línea roja: las plataformas digitales no se tocan. Muchos se quedaron atónitos al escuchar esas palabras, pero la Casa Blanca iba en serio.
Esto es así porque la hegemonía de EEUU en el planeta tiene hoy dos pilares: la tecnología, incluida la gestión de los medios de pago y la nube —el 70% de los almacenado está controlado por tres empresas de EEUU— y el poder militar. Por lo tanto, quien ataque a las plataformas, cada vez más diversificadas en sus líneas de negocio, ataca al corazón de EEUU. Y eso lo saben mejor que nadie los oligarcas, que se sienten protegidos por la Administración Trump, lo que explica que cada vez sea más frecuente un hecho insólito: la utilización de los algoritmos con fines políticos. Los oligarcas, de hecho, y como contrapartida, son los grandes financiadores de las campañas de Trump. De cara a las elecciones de noviembre, por ejemplo, los republicanos han recaudado ya cerca de 500 millones de dólares, tres veces más que los demócratas. Estamos, por lo tanto, ante un sistema de protección mutua.
La neutralidad de la red fue, desde sus comienzos, un principio fundamental del funcionamiento de Internet. Es decir, los proveedores de servicios de acceso debían garantiza todo el tráfico de manera equitativa y sin discriminación de ninguna clase, pero eso se está rompiendo con la manipulación algorítmica. Musk o Pável Dúrov, el dueño de Telegram, utilizan su control absoluto sobre la información que reciben cientos de millones de usuarios para enviar propaganda política directa y atacar a un gobierno elegido democráticamente. La relevancia de lo que se publica la deciden ellos sin ningún control ni transparencia.
Sólo hay que releer el discurso de Vance, cuando habló sin cortarse de la existencia de una línea roja: las plataformas digitales
No es un debate menor, como habitualmente se trata en España. La empresa de satélites Starlink, de Elon Musk, es ya una infraestructura crítica para todos en la medida que puede ser atacada o explotada en conflictos geopolíticos. Las autoridades francesas ya han acusado a dos ciudadanos chinos de intentar interceptar datos militares sensibles usando Starlink desde un alquiler de Airbnb. Y Rusia, que no tiene permitido usar Starlink, ha estado montandoilegalmente sistemas Starlink en sus drones de ataque en Ucrania, según los investigadores.
Dos profesores de la Universidad de Michigan, Samuel R. Bagenstos y Ellen D. Katz en un artículo han denunciado lo que denominan borrado, demolición y instrumentalización de los datos de los que dispone la Administración Trump, y que afectan “a la recopilación de datos raciales, étnicos y de género relacionados con las fuerzas del orden, la educación, los contratos federales, la salud pública, la justicia ambiental y la investigación social”. En algunos casos, la administración simplemente ha dejado de recopilar información. En otros, ha modificado significativamente los datos que recopila, especialmente la información relacionada con la identidad de género y la raza, debido a órdenes ejecutivas del presidente. El borrado de datos significa, no hay que olvidar, que es más difícil difundir información sobre los medicamentos opioides, alimentar a los estadounidenses con necesidades, evaluar las escuelas y comprender los cambios en los precios. Es decir, la batalla ahora no es militar, sino sobre el control de la información. En última instancia, el manejo de los datos.
El cuñadismo
Conviene no ponerse trágicos, pero más valdría que el sistema político español, y también el mediático, diera importancia a lo que realmente es relevante y no se dejara llevar por el cuñadismo que revolotea por la agenda pública. Esto va en serio, muy en serio, como declaró con cierta solemnidad Vance en Munich, y si el sistema político no es capaz de verlo es probable que cuando lo detecte sea ya demasiado tarde, ya que un puñado de tecno oligarcas se habrá adueñado de la opinión pública, que es el viejo sueño de los totalitarismos. Estamos, de hecho, ante una formidable batalla política, no ante una simple escaramuza electoral para ganar votos.
Y es que regular no es censurar, es, simplemente, proteger a los menores exigiendo la retirada de contenidos ilegales o la supervisión de los algoritmos, lo que para nada supone silenciar a la disidencia. El bien a proteger es una sociedad bien informada.
Conviene no ponerse trágicos, pero más valdría que el sistema político, y el mediático, diera importancia a lo que realmente es relevante
Y es este contexto en el que hay que situar el reciente anuncio del propietario del Washington Post de despedir a buena parte de la plantilla. Como se sabe, cuando Bezos compró el periódico por 250 millones de dólares en 2013 adoptó el lema ‘La democracia muere en la oscuridad’. El periódico —sus redactores— se enfrentó duramente a Trump durante su primer mandato, pero en 2024, sin embargo, y viendo que el Post ya no le era útil para sus intereses, prohibió una vieja tradición en la prensa anglosajona, apoyar a un candidato, que iba a ser Kamala Harris. Desde entonces las pérdidas han crecido por la baja de suscriptores, mientras que el Times de Nueva York, que ha mantenido la línea editorial, goza de buena salud (dentro de lo que hoy es la prensa tradicional).
Algo parecido le ha sucedido a otro de los emblemas de la prensa de EEUU. Las ventas de Los Angeles Times de desplomaronel año pasado un 25% después de que la publicación, propiedad del magnate Patrick Soon-Shiong, tuviera que enfrentarse a miles de cancelaciones de suscripciones tras la decisión de su propietario de impedir que el consejo editorial respaldara a la candidata demócrata en las elecciones presidenciales. En Reino Unido, Italia y Francia, igualmente, han saltado las alarmas después de que se conociera que algunos magnatesajenos a la prensa, pero bien conectados con los oligarcas tecnológicos, querían comprar cabeceras históricas.
No es necesario pasar por Salamanca para entender que hoy la verdadera oposición a Trump son los ‘quality papers’ o algunas cadenas como CNN, y de ahí que su eliminación sea una condición necesaria para acabar con las críticas. El desprecio que muestra Trump a algunos periodistas acreditados en la Casa Blanca es el mejor ejemplo. El último paso que ha dado ha sido cerrar una publicación poco sospechosa de ir contra los intereses de EEUU, como es el World Factbook, que desde 1962 publicaba la CIA en abierto, y que era un instrumento de primer orden para conocer la realidad del planeta desde el punto de vista de la inteligencia. Ni que decir tiene que el cierre tiene mucho que ver con la guerra contra la información que libra la administración Trump. Lo han llamado la Ilustración oscura.
Ni siquiera Sánchez es original en este asunto. Macron ha advertido en numerosas ocasiones que la ley del lejano oeste, donde impera la ley del más fuerte, se va imponiendo. Y, de hecho, la Fiscalía de París ha abierto una investigación contra X y citado a Elon Musk a declarar. ¿El motivo? “Complicidad en la posesión de material pedopornográfico”, “negación de crímenes contra la humanidad” y “gestión organizada de una plataforma en línea ilegal”. No es poco. Grok, el sistema de inteligencia artificial que pertenece a X, está acusado de “haber contribuido a la difusión de contenidos negacionistas del Holocausto y deepfakes sexualmente explícitos”. Dinamarca, Grecia y Austria, entre otros, también han anunciado límites de edad para el acceso a las redes sociales.
En definitiva, se trata de hacer cumplir un viejo principio del derecho: Lo que está prohibido fuera de Internet también debe estar prohibido en la red. No hay excepciones ni impunidad. No hay más. España, mientras tanto, va a por uvas.
Las miserias de la política española han llevado a interpretar el rifirrafe entre el presidente del Gobierno y algunos de los oligarcas de las plataformas tecnológicas —X y Telegram– en clave electoral. A Pedro Sánchez, según esa versión, le interesa confrontar con los propietarios de las redes sociales porque da votos y así se zafa de sus problemas internos.