En el Ayuntamiento de Madrid todo cuesta 17.999 euros. Como si de una tienda de 'todo a 100' se tratase, proveedores y contratistas se han abonado a esta cifra mágica, la que permite al Gobierno de Ahora Madrid contratar directamente a quien deseen sin pasar por el concurso público o por el procedimiento negociado gracias a la generosidad de la Ley de Contratos.

17.999 euros era el importe prometido a la Cátedra de Memoria Histórica de la UCM por su informe de calles y vestigios franquistas, antes de que los docentes universitarios huyeran despavoridos por el apresuramiento ideologizado de Celia Mayer, más amiga de la vía de los hechos que de esperar sesudos informes encargados por el pleno.

17.999 -o casi, que a veces se perdonan 20 o 30 euros (no más) para dar menos vergüenza- costaron dos informes encargados consecutivamente sobre la situación del Edificio España. Algo que quizá no llegue a suponer técnicamente un fraccionamiento del contrato, pero que contrasta con las llamadas a la transparencia y rigor técnico en la contratación que se repiten hasta tres veces en el programa electoral de Carmena.

17.999 era el importe máximo que la entidad municipal Madrid Destino tenía encomendado para gastar en el Carnaval de Tetuán, ese en el que dos titiriteros confundieron el entretenimiento con el extremismo y terminaron delante del juez.

Quienes llegaron al consistorio con la bandera de la regeneración han hecho suyas las prácticas menos transparentes de administraciones anteriores

O 16.500 y 14.000 euros, que fueron los importes de los dos contratos menores de publicidad adjudicados el mismo día que el ayuntamiento adjudicó para publicitar sus mecanismos de participación en los buses de la EMT, contratando a la compañía privada que lleva esa publicidad. En uno de ellos se promociona el derecho de propuesta a través de la web municipal y en el otro, la existencia de una web municipal en la que se pueden hacer propuestas. Dos cosas nada relacionadas, como se puede ver, y, por supuesto, el hacer dos contratos no tenía ni mucho menos la intención de burlar el límite para hacerlo a dedo, los famosos 17.999.

Hay muchos más ejemplos, pero no quiero dedicar estas líneas a hacer una extensa lista, sino a dar una voz de alarma sobre el hecho de que quienes llegaron al consistorio con la bandera de la regeneración en la mano hayan hecho suyas las prácticas menos transparentes de administraciones anteriores. La publicidad y la concurrencia no están, ni se las espera. Séneca dijo que “lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. Esta forma de gestión poco transparente, nos hace pensar que no siempre los adjudicatarios han sido las entidades más idóneas, sino personas, empresas e instituciones afines al equipo gobernante.

Al final, se elude el procedimiento de contratación, se evita la fiscalización previa y los adjudicatarios se ahorran las garantías exigidas. Este procedimiento que debiera ser excepcional se convierte en una fábrica de clientelismo político, algo que en no pocas administraciones ha degenerado en corrupción. Y por eso, la cifra mágica de 17.999, convertida en el regalo a dedo que algunos esperan, tiene que desterrarse ya del Ayuntamiento.