Sobre árbitros y amaños

Al poder no le resulta fácil buscarse límites, más bien al contrario, busca derramarse sobre ellos y nuestro sistema de contrapesos a todas luces se queda corto

Foto: El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. (EFE)
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. (EFE)

No cuela. La implosión de los dos grandes partidos en los últimos años no responde a honestos intentos de un equipo de gobierno interesado en ponerse una lupa encima. Que hoy asistamos a la era del destape únicamente prueba la magnitud del entramado, certifica un 'laissez faire' consolidado que favorecía su organización, su proliferación y a la postre su normalización. Prueba que llegó un momento en el que ni el decoro reprochaba hacer ostentación de lo evidente, porque no pasaba nada, las cosas se hacían así, y punto.

Ante ese panorama y con un futuro que se parece cada vez más a un campo de minas ahora que toca cosechar los tiempos de excesos, a nadie le sorprende que el Partido Popular fiase su estrategia a elegir los árbitros del partido. ¿Se imaginan que un partido pudiese legalmente elegir al árbitro que habrá de regular una final de liga?, pues eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo en España durante décadas, es por eso que de un tiempo a esta parte la sociedad asume como un hecho que aquí hay un amaño de proporciones considerables.

No existe razón alguna por la que un Gobierno deba escoger a un Fiscal General del Estado a su medida, no tiene ningún sentido. No obedece a ningún criterio confesable que un fiscal anticorrupción sea nombrado por el favorito del Gobierno. No tiene otra lógica que la de tenerlo todo atado, y bien atado. No es distinto a lo que hizo el PSOE cuando pudo, y lo que seguiría sucediendo indefinidamente si de los partidos de gobierno dependiese. Al poder no le resulta fácil buscarse límites, más bien al contrario, busca derramarse sobre ellos y nuestro sistema de contrapesos a todas luces se queda corto para combatir las constantes injerencias:

En 1978 había que construir una España políticamente nueva. Y se reforzó tanto ese poder central y autonómico que la Justicia dejó de ser la cúspide independiente que toda Constitución necesita. El valor superior que garantiza el entramado constitucional, el garante de los derechos y en suma, un sistema en el que los españoles podamos confiar.

Poco a poco cada órgano se fue politizando. Los dos grandes partidos (y CiU y PNV también) entendieron que este era un juego al que había que jugar, y cuando su sistemática rozaba una frontera siempre era para que ensanchase sus dominios respecto al resto de poderes. Resulta a todas luces infinitamente más cómodo pactar sillas del Consejo General del Poder Judicial, seleccionar a conciencia al Fiscal General a dedo y colocar a este o aquél en el Supremo, aforarse para ser juzgados por aquellos previamente colocados en Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

No se me ocurre una reforma más urgente para ocupar el resto de la legislatura de Rajoy. Es fundamental aprovechar la ventana de oportunidad que brinda un Gobierno en minoría sin cromos que cambiar. Estos años tienen que servir para dejar de ver el esperpento que supone ver a un político defendiendo a un fiscal al que previamente se ha sorprendido defendiendo a un político. Si queremos arbitrajes honestos los partidos tienen que sacar las manos de sus nombramientos, ni partido regalado, ni amaño que valga.

Mirada Ciudadana