Gracias, Carlos y Celia

Antepusieron sus obsesiones ideológicas a las leyes y normas que nos hemos dado para cuidar del dinero público y antepusieron su irreflexión al respeto por la alcaldesa

Foto: Fotografías de archivo de los concejales del equipo de Gobierno de Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. (EFE)
Fotografías de archivo de los concejales del equipo de Gobierno de Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. (EFE)

Tarde o temprano tenía que ocurrir y ha sido en Madrid. La imputación de dos concejales de un “gobierno del cambio” por delitos de corrupción política era una de las pocas pruebas de fuego que le quedaban por pasar a Podemos y sus confluencias.

Un momento en el que se destapa su verdadero ser. En un lado de la balanza, la regeneración política que afirman liderar; y en el otro, la constatación de que para ellos, un fin supuestamente loable justifica los medios: pasar por encima de la ley, de los procedimientos de contratación y de la lealtad a los cargos que uno ostenta. Y la balanza ha caído claramente de este último lado.

Dejémoslo claro: no existe el delito de luchar contra la corrupción. A nadie le llevan al juzgado por eso. Lo que el juez ha apreciado en este caso son indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito societario. Mala administración a sabiendas.

Sr. Mato, Sra. Mayer, lo suyo huele igual que el resto. No se les juzga por perseguir un delito, se les juzga por trocear un contrato, un clásico

¿Cómo es posible que Mayer y Sánchez Mato llegaran a esto? Sencillamente, su obsesión ideológica con el principal evento deportivo que se hace en Madrid anualmente –el Open de Tenis- les llevó a obviar todo el procedimiento. Su objetivo no era sino el de cargarse este evento. Así lo delata el momento en que se hizo pública la denuncia -para sorpresa de la propia Carmena- y cuando ya había sido anunciada su fecha de cese. Porque los madrileños tienen que saber que llevaban meses tratando de asestar ese golpe.

En el primer trimestre de 2016, los ahora imputados tenían ya un informe de asesoría jurídica que explicaba que el proceso se había llevado correctamente. Y pese a ello, encargaron poco después un primer informe por 5.750 euros a un bufete privado, que respondió aproximadamente lo mismo y que pasó desapercibido en la maraña de contratos de la sociedad Madrid Destino como una “asesoría técnica”.

Vuelven a recurrir a la asesoría con el objetivo de que ésta vincule directamente un gasto elevado -que lo es- con un enriquecimiento ilícito u otra corrupción. Y les responden –lógicamente- que no ven tal delito y que el gastar o no una cantidad es una decisión política y no jurídica.

Y para colmo, se les olvida la separación de poderes y nos encontramos a Ahora Madrid pidiendo al juez que instruya al ritmo que a ellos les convenga

Así que llega 2017 y deciden, secretamente, tomar 50.000 euros de la caja de la sociedad para encargar otro informe a un bufete afín. La cantidad no es casual: es el máximo que puede gastar la Consejera Delegada de la empresa sin dar cuentas a priori. El bufete escribe lo que ellos estaban buscando -de forma un tanto laxa- y se asegura así más dinero público si el asunto llega a juicio. La justificación para elegir el bufete “a dedo” es sorprendente: es el único en el que tienen “confianza”.

Y para seguir su plan, omitieron deliberadamente informar al Consejo de Administración de la sociedad sobre el gasto realizado, omitieron la existencia del informe -convirtiendo al resto de miembros del consejo y de partidos políticos en autorizantes de un gasto sin saberlo- y omitieron que habían presentado una denuncia. Se lo omitieron incluso a la alcaldesa, que ya les había destituido de la sociedad municipal. Y es que quizá, el objetivo último de todo este plan estaba en casa. Sus cosas internas, ya saben.

De todo esto, nos enteramos dos días antes de comenzar el evento deportivo, cuyo montaje trataron temerariamente de impedir (lo que hubiese obligado al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones millonarias) con manifiesta deslealtad a lo contratado por el Ayuntamiento y al trabajo de los empleados de la empresa.

Al final, la cosa ha acabado con los dos concejales imputados. Un resultado que a nadie extraña, después de tan inauditas peripecias, en las que antepusieron su odio a cualquier evento que genere riqueza a la administración leal que se les supone, antepusieron sus obsesiones ideológicas a las leyes y normas que nos hemos dado para cuidar del dinero público y antepusieron su irreflexión al respeto, al menos, por la alcaldesa que les había nombrado.

El tenista español Rafael Nadal saluda a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras su victoria en la final del torneo Mutua Madrid Open. (EFE)
El tenista español Rafael Nadal saluda a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras su victoria en la final del torneo Mutua Madrid Open. (EFE)

Pero la decepción más grande estaba por llegar. Este año hemos visto en la Comunidad de Madrid varias dimisiones automáticas al resultar imputados diputados y directivos. En el Ayuntamiento, en cambio, nos encontramos con la máquina de la postverdad -dichosa palabra horrible- funcionando a todo trapo en Twitter; con el equipo de Gobierno posando feliz en apoyo a los dos imputados; y con el líder del tercer partido del parlamento alabándoles y afirmando que son perseguidos. Esta semana comprobaremos en el pleno si la alcaldesa apoya esta actitud de sus subordinados.

Y para colmo, se les olvida la separación de poderes y nos encontramos a Ahora Madrid pidiendo al juez que instruya al ritmo que a ellos les convenga, “inmediatamente” exigen los querellados retorciendo el turno de reparto y revelándose ante un juez que tiene la desfachatez de juzgar esta corrupción perfumada junto con el resto de causas comunes, qué atrevimiento.

Pues va a ser que no, Sr. Mato, Sra. Mayer, lo suyo huele exactamente igual que el resto, aunque la alcaldesa acuda rauda a blanquearlo. No se les juzga por perseguir un delito, se les juzga por trocear un contrato, un clásico. Se les juzga por desviar el cauce, por hurtar información necesaria a un consejo de administración con alevosía y nocturnidad. Se les juzga por otorgarlo a dedo, al mismo despacho al que le encargaron el informe de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ¿se acuerdan?, y el de la Empresa Funeraria, también a dedo. En definitiva, se les juzga por lo que se ha venido juzgando a muchos políticos en este país en los últimos años. El fin de aquellos no justificaba los medios, el suyo tampoco.

Mirada Ciudadana
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