CATALUÑA

Acaba de empezar la campaña para las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 27 de septiembre.

Unas elecciones que, contra la lógica y contra la Ley, los partidarios de la secesión de Cataluña quieren convertir en un plebiscito sobre ese asunto tan trascendental. Nada menos que la creación de un Estado nuevo en Europa y la ruptura de otro, España.

No hace falta cargar las tintas sobre las consecuencias políticas, económicas, culturales, sentimentales, afectivas, comerciales, militares, estratégicas y humanas de este hecho para comprender que la trascendencia del asunto es, sencillamente, colosal. Crear un Estado nuevo y romper otro, que, además, es el más antiguo de Occidente, lleva consigo consecuencias que afectan directamente, no sólo a los 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña, sino, también al resto de los 39 millones de ciudadanos españoles, y, también, a los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Eso lo ve cualquiera, no hay que ser un agudo analista.

Pues bien, una encuesta del CIS nos enseña que sólo el 44% de los votantes parecen inclinarse por las opciones que propugnan la independencia (entre las que se encuentra, por cierto, la CUP, cuyo programa busca la creación de unos Países Catalanes independientes y socialistas). Y, más aún, la encuesta del CIS nos muestra que el 56,7% de los catalanes no se consideran nacionalistas catalanes.

Si sólo el 44% se declara dispuesto a votar a los partidos independentistas y si la participación esperada es del 70%, nos encontramos con que la independencia será, previsiblemente, la opción de menos del 31% del censo electoral de Cataluña: alrededor de 1,7 millones de ciudadanos.

¿Alguien, con un mínimo de sentido de la responsabilidad, puede sentirse legitimado para, con menos de dos millones de votos, embarcar a todos los ciudadanos de Cataluña, de España y de Europa en un problema de las dimensiones que la secesión lleva consigo? Sin explicar, además, cómo sería el nuevo Estado, sin aclarar cuál sería el territorio (ya hemos visto que algunos quieren anexionar a ese hipotético nuevo Estado las Baleares, la Comunidad Valenciana, el Rosellón y la Cerdaña franceses, la Franja de Aragón, la ciudad de Alguer en Cerdeña y Andorra), cuáles serían sus ciudadanos (nadie explica qué pasaría con los ciudadanos catalanes que quisieran ser españoles), ni cuál sería su Ley, es decir, la Constitución del nuevo Estado.

Hay que esperar que la Ley, sólo la Ley pero toda la Ley, se cumpla, pero, además, hemos de preguntarnos cómo y por qué hemos llegado hasta aquí

Aunque el desafío secesionista a muchos nos parezca una irresponsabilidad de dimensiones cósmicas, aunque a muchos les parezca imposible que España se vaya a romper por la irresponsabilidad de unos políticos nacionalistas, que, además, han sido descubiertos como los protagonistas de los casos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, aunque muchos hayan tardado demasiado en aceptar que los separatistas iban en serio, la realidad es que España, y no sólo Cataluña, se encuentra en un momento crucial.

Por supuesto que hay que esperar que la Ley, sólo la Ley pero toda la Ley, se cumpla, pero, además, la gravedad de la situación nos obliga a todos a preguntarnos cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. Porque, aunque esos dos millones escasos de posibles votantes independentistas no constituyan, ni mucho menos, un argumento definitivo, no dejan de ser una masa que hay que tener en cuenta y que nos exige perentoriamente saber qué ha pasado para que en Cataluña, que votó la Constitución de 1978 con más interés que nadie (un 90,46% por un 86,14% en Madrid, por ejemplo), se haya incubado este sentimiento de rechazo a España y a lo español.

Creo que se ha llegado a esta difícil situación por los errores de muchos.

Por supuesto, y en primer lugar, por la irresponsabilidad de los nacionalistas -especialmente, los que se decían moderados- que han abrazado la causa de la independencia después de haber gobernado Cataluña treinta años sin haberla propugnado.

Por la dejación del Estado, que con PSOE y con PP ha permitido que, durante los últimos 40 años, en las escuelas, institutos y universidades catalanas se difundiera en exclusiva el canon histórico de los nacionalistas. Y no ha actuado con diligencia y desde el primer momento en defensa de la legalidad, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y las sentencias.

Por la actuación de unos medios de comunicación absolutamente dependientes de la Administración, desde los que, también, se ha difundido casi en exclusividad, ese canon nacionalista.

Por el oportunismo de las izquierdas, que desde los años sesenta -si no antes- han colocado las reivindicaciones nacionalistas, incluso por delante de las sociales.

Por la falta de convicción de las derechas, que, aquejadas de complejos atávicos, no han sabido responder a los desafíos de los nacionalistas con un proyecto nacional que concitara a todos los españoles, como ciudadanos libres e iguales de una gran Nación, plural, sí, pero acogedora de todos.

Todos estos fallos son evidentes. Pero que tantos hayan fallado en estos últimos años no puede tener como consecuencia la apertura de un proceso traumático de las tremendas características de éste. Todo lo contrario, reconocer todos estos evidentes fallos tiene que ser el acicate para corregirlos, con humildad y con ánimo de concordia por parte de todos, y, sobre todo, con voluntad de evitar lo que puede ser una tragedia para los catalanes, para los españoles y, también, para los europeos.