Por qué los sanitarios no quieren volver al matadero

La 'sorpresa' de la segunda oleada del coronavirus es tan escandalosa como la angustia de la llamada a filas de médicos y sanitarios. Suenan las trompetas del Apocalipsis y se les revuelven las entrañas a los facultativos que nos defendieron de la pandemia en las trincheras.

Y no es cuestión de apelar al lenguaje bélico, sino de exponer la ferocidad que implica este rebrote de la enfermedad entre quienes bregaron con la falta de medios e imaginaron que no tendrían que regresar tan pronto ni tan frágiles al toque de queda sanitario.

El problema de la reaparición del covid-19 no es solo la sacudida moral y económica que supone. El problema es que va a cebarse en una precariedad mayor de la que hubo en marzo y los meses sucesivos. España está empobrecida, descoyuntada y exhausta.

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Se explica mejor así el desasosiego de los sanitarios. Porque son la infantería y porque el escarmiento de los meses de abnegación no ha tenido otra recompensa que el reencuentro prematuro y feral con el monstruo. Y no solo por la saturación de la Atención Primaria. También —o más todavía— por el desamparo de los médicos y enfermeros de Urgencias. Han sido ellos quienes se han expuesto al mayor proceso de carbonización profesional y psicológica. No es sencillo regresar a casa después de haber desahuciado a un enfermo. O de haber convertido en rutina el peligro de contraer la misma enfermedad que padecen los pacientes agónicos. Aislarte de tu familia. Carecer de un porvenir profesional expedito. Seleccionar pacientes...

El aplauso de las ocho de la tarde es tan remoto y vacuo como las promesas de regularización laboral que se les habían hecho. Resultaba más sencillo atribuir a los sanitarios de la UCI el heroísmo y la filantropía que la decencia de un empleo garantizado. Resulta que más del 80% de los servicios de Urgencias de los hospitales de la Comunidad de Madrid —el territorio y la responsabilidad de Ayuso— responden a contratos provisionales e interinos. Hay centros hospitalarios que alcanzan incluso el 100%. Y no porque haya sido necesario improvisar las contrataciones. De hecho, hay profesionales de Urgencias que llevan 15 y 20 años amontonando contratos temporales. Y que por idénticas razones pueden ser despedidos mañana, con el peligro que supone descomponer los equipos de emergencia que se han ido conformando durante la cronificación de la anomalía. Puede entenderse mejor así que los sanitarios de Urgencias hayan amenazado con ir a la huelga. Y no sería el momento más adecuado si no fuera porque se les ha engañado con promesas y se les ha recubierto con aplausos y condecoraciones. No queremos médicos santos. Queremos médicos sanos a quienes no se falte el respeto.

Por eso, los hay que se marchan al exilio. Y los hay que se resisten a revivir —y a 'remorir'— la vivencia de un trauma que ha sido demasiado reciente y que les ha provocado excesivo daño. Bien podría haberse normalizado su situación cuando el coronavirus se concedió una tregua engañosa, pero el hábitat de la interinidad ha prevalecido pese a las sentencias comunitarias y nacionales que denuncian la discriminación laboral de la Administración. La gran anomalía de la interinidad concierne en España a 800.000 trabajadores —el 30% de los empleados públicos—a los que no se reconoce el rango de funcionario de carrera pese a ejercer cotidiana y sistemáticamente como tales: jueces, bomberos, policías, trabajadores sociales, arquitectos...

Pero el caso de los médicos de Urgencias es el más escandaloso, la punta de lanza de una irregularidad que contradice la ejemplaridad de la Administración. El sector público ha normalizado todo aquello que está prohibido y castigado explícitamente en el sector privado. Y que constituye ahora el origen de una rebelión irreprochable. Los sanitarios no quieren volver al matadero. Y mucho menos hacerlo desprovistos de la dignidad que se les había prometido.