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¿Qué tienen en común el PP, el PSOE, Vox y la Iglesia?
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¿Qué tienen en común el PP, el PSOE, Vox y la Iglesia?

Los partidos de más escaños y la institución eclesiástica comparten el rechazo a legalizar el cannabis y la prostitución, asuntos polémicos y distintos que apelan al intervencionismo y la utopía

Foto: Pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)
Pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

Tenía razón Íñigo Errejón este martes cuando evocaba un aforismo de Adolfo Suárez —"elevar a la categoría de normal lo que en la calle es normal"— para recomendar la legalización del cannabis. Lo mismo podría decirse de la prostitución, pero ocurre que cualquier expectativa de normalización se resiente del pacto proteccionista y moralista que han urdido el PP y el PSOE. Se lo bendice la Iglesia. Y se ampara en el consenso de… Vox.

Es la razón por la que se malogró en el Congreso el proyecto de homologar la marihuana. Se consume de manera elocuente. Y forma parte de un hábito 'clandestino' que escapa al control sanitario —a la salud pública— y beneficia al crimen organizado, pero la hipocresía bipartidista de socialistas y populares consolida un enfoque represivo inequívocamente paternalista y estéril.

Foto: El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. (EFE)

Igual que despenalizar el aborto no significa prescribirlo ni recomendarlo, legalizar las drogas no implica hacer apología de ellas. Supone, como mínimo, promover una variante al fracaso de la legislación y al efecto contraproducente de las redadas policiales, en ambos casos impotentes ante la ferocidad del mercado negro y la evidencia de las costumbres domésticas. Es la razón por la que diferentes naciones de distinta cultura y ubicación geográfica —Uruguay, Países Bajos, varios estados de EEUU, Canadá— han emprendido iniciativas que autorizan el cultivo, el consumo y la comercialización del cannabis. No concierne el 'privilegio' a los menores de edad. Y sí se dirigen a ellos las campañas informativas que los previenen de los peligros y de los riesgos derivados de frivolizar con las 'drogas blandas'.

El objetivo pragmático consiste en plantear soluciones efectivas y responsables, tutelar la libertad individual y adoptar consideraciones tan prácticas como la seguridad de las sustancias y el desafío al narcotráfico.

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España figura entre los Estados que fingen resolver el problema desde medidas coercitivas. No solo cuestionando los programas de desintoxicación, sino insistiendo en el criterio recaudatorio de las multas y perseverando en la persecución, de forma que las mafias encuentran el hábitat idóneo para reproducirse e 'intoxicar' el mercado paralelo a su antojo.

Tenemos en Celtiberia un problema de hipocresía. Tómese como ejemplo la indulgencia cultural hacia el alcohol. Y la existencia de un mercado clandestino que sería transparente en condiciones de mercado convencionales. Podría despojarse a la policía del sobreesfuerzo de una batalla quijotesca. Y se desmoronarían los criterios morales que disimulan el fracaso de la penalización, como ocurre en el modelo británico. No solo porque en UK apenas termina en los tribunales el 0,2% de los casos denunciados. También porque el mayor consumo de drogas por metro cuadrado se detecta precisamente en las cárceles.

España figura entre los Estados que fingen resolver el problema desde medidas coercitivas

Se entiende así que el profesor Simon Jenkins propusiera en el 'Guardian' la iniciativa más o menos estrafalaria de conceder a Uruguay el Premio Nobel de la Paz cuando el Parlamento de Montevideo legalizó el cannabis. Más que una provocación, se pretendía recordar que las muertes de la droga tienen su origen en las sustancias en mal estado y en la guerra de mafias que se disputan ferozmente el paraíso de la ilegalización.

El caso de la prostitución es diferente en términos conceptuales, pero igualmente ilustrativo del moralismo estatal, de la hipocresía nacional y de la batalla imposible que supone llevar a cabo el prohibicionismo, Pedro Sánchez hizo bandera de él en el mitin narcisista de Valencia. Y se comprometió a resolver un problema simplemente irresoluble, más todavía cuando la estructura invisible de internet y la proliferación de redes sociales malogran cualquier esfuerzo de controlar los contactos sexuales 'profesionales'.

placeholder El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

Igual que ocurre con el cannabis, mejor convendría 'normalizar lo normal' y aceptar el derecho del individuo a vender la parte de su cuerpo que más le resulte provechosa. Hay intelectuales que prostituyen sus neuronas, como hay modelos que mercadean con sus piernas y como hay futbolistas que tienen aseguradas sus piernas con presupuestos descomunales.

Casi todos los partidos políticos están en la línea de la abolición y de la prohibición

La legalización de la prostitución no significa condescender con el Código Penal ni legalizar la trata de mujeres. Que es un delito en sí mismo, como lo es la esclavitud de las menores o el proxenetismo, tantas veces propiciados, los delitos, por el hábitat nauseabundo de la clandestinidad y del hampa.

La Iglesia y la progresía española caminan juntas en la cruzada abolicionista, pero también sucede que los movimientos feministas observan posiciones contradictorias. No digamos en Francia, cuyo papel de vanguardia en la reivindicación de la igualdad explica su influencia en los asuntos más complejos. Hay feministas que anteponen la soberanía del propio cuerpo como un derecho indiscutible. Y las hay que, al contrario, consideran que la prostitución es el camino directo por el que la mujer pierde todos sus derechos. Es un debate que más incita las militancias que los matices y los grises. Y que en España reúne bastante unanimidad política. Casi todos los partidos políticos están en la línea de la abolición y de la prohibición. Acaso Ciudadanos sea la formación que más ha reivindicado regularla y regularizarla. Partiendo de las propias convicciones liberales. Y resaltando el espacio de autonomía que constituye nuestro cuerpo.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE) Opinión
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Se trata de emerger la evidencia. Y de aprovechar la 'normalización' para reconocer el estatus de las prostitutas, proveerlas de garantía sanitaria y exponer el negocio resultante a los deberes de una actividad fiscalizada.

No se acabó con la esclavitud en los estados del sur americanos quemando los campos de algodón. Ni se resolverá la prostitución en tiempos de internet concediéndole el hábitat de la clandestinidad y la ilegalidad. Todo lo contrario. Por eso se antoja más sensato regularizarla. Acabar con la hipocresía y con las opciones utópicas y con los anatemas prohibicionistas. Y recordarnos que nuestra civilización latina proviene de la leche con que la loba capitolina amamantó a Rómulo y Remo, siendo la loba la alegoría antropomórfica de una prostituta de la que todos descendemos.

Tenía razón Íñigo Errejón este martes cuando evocaba un aforismo de Adolfo Suárez —"elevar a la categoría de normal lo que en la calle es normal"— para recomendar la legalización del cannabis. Lo mismo podría decirse de la prostitución, pero ocurre que cualquier expectativa de normalización se resiente del pacto proteccionista y moralista que han urdido el PP y el PSOE. Se lo bendice la Iglesia. Y se ampara en el consenso de… Vox.

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