La gran verdad de Pedro es la mentira

Pedro Sánchez ha movilizado a sus juristas y a sus propagandistas para explorar todas las posibilidades del derecho comparado. Se trata de indagar en las leyes más extravagantes y propicias del orbe para justificar la aberración o la oportunidad de las homologaciones. Tanto le vale a Sánchez un pasaje del código de Hammurabi como la tradición oral de una tribu de Papúa Nueva Guinea. Allí donde se encuentra una legislación propicia a la sedición o a la malversación, el presidente la incorpora como fundamento legal y como excusa del obsceno encubrimiento.

Hemos descubierto con estupefacción que teníamos un Código Penal obsoleto, arcaico. Y que regían los designios de España remotas normativas y leyes extemporáneas que urgía reformar, aunque llama la atención que Sánchez no hubiera reparado en semejante anomalía cuando redactó su programa electoral, cuando pronunció su discurso de investidura o cuando firmó el acuerdo de gobierno con los camaradas de Unidas Podemos.

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Se percató de la emergencia en el momento en que acudieron a sobornarlo los compadres indepes.Y cuando pusieron sobre la mesa las condiciones del chantaje so pena de romper la mayoría parlamentaria: el indulto, la despenalización a medida de los delitos cometidos, la amnistía implícita o explícita y la promesa del referéndum de independencia.

Reclama fray Junqueras que el Estado español adopte el modelo de Montenegro. Ya se ocupará Sánchez de encontrar argumentos homologables en el derecho balcánico para incitar el referéndum o la sedición, aunque la sedición puede consumarse de manera incruenta porque ya no existe, del mismo modo que tampoco es delito recurrir a las arcas públicas cuando pretenda financiarse un movimiento subversivo o un plebiscito amañado.

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Lo dijo Oriol Junqueras con extraordinaria franqueza: el Código Penal se ha desnaturalizado para exculpar a los artífices del procés y para repetir la fechoría del 1-O como si fuera una romería. Queda en ridículo así el esfuerzo pedagógico con que Sánchez trata de imponernos las mentiras. Lo desmienten sus propios secuestradores. Lo dejan en ridículo.

Es la razón por la que el masaje de la Moncloa a la opinión pública no consiste tanto en el volantazo y en el cambio de criterio —“no podría dormir…”, “nunca pactaremos con…”, “es imposible que…”— como en elevar la mentira a la categoría de verdad. Se ha rebajado de manera rotunda y flagrante la figura de la corrupción en que incurrieron los malversadores soberanistas —de 12 a cuatro años—, pero los voceros del matador se multiplican para negarlo.

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Y sobreviene entonces la monserga de la homologación. España tiene que “europeizar” sus leyes, como si existiera una “Justicia europea” y como si pretendiera decirse que el objetivo de la reforma del Código Penal obedece a la transparencia, a la modernidad y a la lucha contra la corrupción.

“Construir la democracia ha costado mucho”, sostenía Alfonso Guerra en el programa de Carlos Alsina. Se refería a las aberraciones en que está incurriendo Sánchez. Y al sesgo temerario con que sacrifica o subordina el Código Penal al antojo del soberanismo. Se trataría de pacificar Cataluña, de obrar la conciliación, pero ocurre que la terapia desinflamatoria solo acredita la eficacia con que los indepes observan satisfechos todas sus reclamaciones. Sánchez ha capitulado. Se ha rendido a los secuestradores porque no tiene otra forma de gobernar. Incluso transige con la humillación a la que lo someten cada vez que desmienten su discurso oficial. O cada vez que suben la apuesta. Toda la contundencia y firmeza que Bolaño y Patxi opusieron a la hipótesis de un “referéndum pactado” sobrentienden que puede suceder exactamente los contrario.

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Por esa razón amontona Sánchez las excusas para fingir el desengaño. Ninguna más atractiva que la homologación. O que la búsqueda de legislaciones remotas o cercanas desde las que puedan defenderse las arbitrariedades. Europa se las facilita. No con los ejemplos más aseados, como podrían encontrarse en Suecia o en Islandia, sino con los más inquietantes. Las derivas iliberales de Hungría y de Polonia —hablamos de socios comunitarios— predisponen la misma ferocidad con que Sánchez ha corrompido la separación de poderes y ha intimidado al poder judicial. Podría decirse que nuestro presidente se está magiarizando o adquiriendo vicios polacos. Y que tanto le vale inspirarse en la deflagración de los Balcanes como solidarizarse con Cristina Kirchner para devaluar la corrupción, adherirse al populismo y denunciar el gran complot que maniobran oscuramente los togados y la prensa reaccionaria.

Hay leyes remotas cuya vigencia resulta incuestionable —el quinto mandamiento, los fundamentos del derecho romano— como hay legislaciones contemporáneas que representan un atraso y una regresión. No hay manera de homologar las leyes ad hominem que pervierten la igualdad de los ciudadanos, que degradan el rigor de una democracia y que ahora aspiran al cuestionamiento de la unidad o la solidaridad territoriales. Referéndum.