Sánchez y la prostitución… de la democracia

El muro de Sánchez contra el PP se ha concedido una grieta para alumbrar la iniciativa legislativa que aspira a la prohibición de la prostitución. Van a adherirse los populares. Y va a establecerse una tregua del bipartidismo que patina entre el moralismo, la hipocresía, el incienso confesional y la utopía. No se ponen de acuerdo Sánchez y Feijóo en las cuestiones de Estado, pero van a hacerlo en una iniciativa política de imposible aplicación que compromete las libertades. Y claro, deben perseguirse los delitos de la trata, de la explotación, de la esclavitud —ya figuran en el código penal—, pero la derivada delincuencial de cualquier actividad sensible —adopciones, trasplantes…— no implica que deban proscribirse integralmente.

No se acabó con la esclavitud en los estados del sur americanos quemando los campos de algodón. Ni se resolverá la prostitución en tiempos de internet concediéndole el hábitat de la clandestinidad y la ilegalidad. Todo lo contrario. Por eso se antoja más sensato regularizarla. Acabar con la hipocresía y con las opciones salvíficas. No se puede vender en parcelas el monte de Venus, de acuerdo con los presupuestos del PP y de la izquierda española. Sí puede venderse, en cambio, el resto del cuerpo, desde las neuronas a las piernas, como hacen los tertulianos, las modelos y los atletas.

Legalizar la prostitución significa emerger la evidencia. Y aprovechar la "normalización", para reconocer el estatus de las prostitutas, generalizar las medidas sanitarias y exponer el negocio resultante a los deberes de una actividad fiscalizada, lejos del hampa y de la zona oscura de la sociedad.

La única virtud del acuerdo del PP y del PSOE consistiría en el acuerdo mismo. No por el contenido sino por la novedad del consenso, aunque resulta ingenuo y desesperante plantearse que el puente abolicionista que está en curso vaya a predisponer un ejercicio de responsabilidad posterior.

Opinión

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No es la primera vez que Sánchez promete abolir la prostitución. Otra cuestión es que la megalomanía del proyecto le sorprenda mientras él mismo demuestra empeñarse en prostituir el Estado de Derecho.

Pedro Sánchez vende la democracia a cualquier precio. Y se la concede al proxenetismo enérgico de Puigdemont. Que pone las condiciones. Y que extorsiona la dignidad de la nación sabiendo que Sánchez facilita el colchón de la Moncloa. Ha puesto las tarifas muy baratas el presidente del Gobierno. O es incapaz de discutirlas porque su posición de necesidad y de inmoralidad le fuerza a la extorsión del chulo soberanista.

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No hace otra cosa Puigdemont que jactarse de su impunidad, de sus lamparones y de su billetera, y de trivializar el énfasis propagandístico con que los rapsodas del sanchismo nos hablan de la concordia y del amor. Puigdemont se ha revestido de medallas de hojalata para jactarse de la capitulación del estado opresor. La amnistía demuestra su reputación de preso político y de perseguido. Desenmascara la barbaridad política que Sánchez ha concedido a la gloria del delincuente.

Puigdemont es el proxeneta de la legislatura, ya que hablamos de prostitución. Y no ha podido encontrar mejor servilismo del que proporciona la Moncloa, cuyo anfitrión ha degradado el hábitat institucional —transparencia, separación de poderes, cesarismo— hasta dejarlo irreconocible. La ley de amnistía ha reanimado a un político difunto. Es Sánchez quien ha proporcionado a Puigdemont una resurrección que se antojaba imposible el 22 de julio y que adquirió plena verosimilitud 48 horas después. Lo decía Antonio Caño en el programa de Alsina: Puigdemont hizo presidente a Sánchez, Sánchez puede hacer president a Puigdemont.