El PP y el PSOE sepultan el Parlamento

El intercambio de comisiones justicieras representa el último ejemplo de la degradación del Parlamento que fomentan el PP y el PSOE en su categoría de partidos predominantes. Sabemos que las sesiones no se instrumentan para investigar, sino para interferir en la acción de la justicia, obtener repercusión mediática y arrojar medias verdades y conjeturas a medias.

Lo demuestra la posición de dominio que ejercen los populares en el Senado y que imponen los socialistas en el Congreso. La presunta búsqueda de la verdad se resiente del sesgo, del oportunismo y del sectarismo que identifican las comisiones. Y que redunda en la polarización de la vida parlamentaria hasta extremos nauseabundos. Las sesiones de control, por ejemplo, se han convertido en aquelarres de inmundicia argumental a expensas de las obligaciones de la representación ciudadana.

El gallinero de la Carrera de San Jerónimo y los vodeviles del Senado no solo justifican el escepticismo y el alejamiento de la opinión pública, sino que predisponen la desconfianza en la política misma y fomentan la cultura del antisistema, del extremismo. Habría razones para investigar el caso Koldo y la gestión nacional de las mascarillas si no fuera porque las comisiones degeneran en la trivialidad de un ajuste de cuentas.

El PP y el PSOE se han puesto a competir en la convocatoria de vacas sagradas con el objetivo de restregárselas. Los populares quieren traer a Begoña y Pedro, mientras que los socialistas llaman a Isabel y al novio de Isabel en cuanto novio de Isabel. Es la manera de equilibrar las crisis conyugales. Y de maltratar la institución donde se alojan y consuman los procesos sin miedo a amenazar la precaria salud del Parlamento.

Opinión

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'Matrix' en el Congreso

Marta García Aller

Tiene sentido enfatizar la responsabilidad de Sánchez. Por sus galones de jefe de Gobierno en la bancada azul. Por la costumbre con que impone los decretazos. Y por el cinismo que supone apelar a la “cámara de representación” para encubrir la aberración de la amnistía.

Es verdad que el Parlamento representa a los ciudadanos. Y que los equilibrios aritméticos legitiman la acción legislativa, pero los ciudadanos tenían -teníamos- derecho a saber si el Partido Socialista pretendía amnistiar a Puigdemont y sus secuaces. La iniciativa tendría que haber constado en el programa electoral, pero no podía hacerlo porque fue el propio Sánchez quien renegó de la amnistía en todos sus términos y posibilidades.

No era constitucional ni era deseable. Los mismos términos que el Gobierno utiliza ahora para abjurar del referéndum de autodeterminación que reclama Pere Aragonès en el trampolín electoral de los comicios catalanes.

Basta que Sánchez lo proscriba para sospechar que termine convocándose. Encontraría la adhesión de los aliados soberanistas. Y podría recurrirse al consenso parlamentario para amañar la factura de la extorsión.

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No hubieran sospechado los ingenuos votantes del PSOE que Sánchez se entregaría al soborno de Puigdemont. Y que el escrúpulo y honor del Congreso se resentiría del abuso de una minoría cuya idiosincrasia política y supremacista contradicen cualquier principio del ideario socialdemócrata.

La desgracia de nuestra vida política consiste en que los españoles se pronunciaron a favor del entendimiento del PP y del PSOE. Las diferencias entre ambos partidos son mucho menores que los puntos de consenso, aunque tiene sentido remarcar la responsabilidad de Sánchez en la lógica de la polarización porque fue él mismo quien inauguró la investidura y la legislatura jactándose de haber levantado un muro contra el PP y Vox, menoscabando las obligaciones hacia los ciudadanos.