Cuando el sistema engendra el antisistema

El proceso al fiscal general introduce a la democracia española en un terreno insalubre. Se ha sometido a examen la figura responsable de custodiar la legalidad, de ejercer la vigilancia del Estado frente al propio Estado, de garantizar la sujeción al Derecho por encima de los intereses coyunturales del poder.

Y se han forzado las costuras del sistema hasta proponernos un engendro judicial de acuerdo con el cual la fiscalía y la Abogacía del Estado subordinan las funciones inquisitoriales al servicio del acusado. "Soy el fiscal general", proclamaba García Ortiz en el banquillo como si pretendiera intimidar a los togados.

La excepcionalidad del acontecimiento no radica únicamente en la imputación, sino en el significado institucional del gesto: el orden constitucional se ve obligado a fiscalizar al responsable de protegerlo. Y esa paradoja adquiere un contorno más nítido cuando Pedro Sánchez decide anticiparse al veredicto y absuelve al fiscal en una entrevista, como si la palabra del Ejecutivo pudiera neutralizar la incertidumbre judicial y viciar las obligaciones del gobernante.

El mensaje subyacente es inequívoco: el Ministerio Fiscal queda inscrito en el perímetro político del Gobierno, y su independencia, aun proclamada, se presenta como una ficción funcional. El juicio, visto para sentencia, renuncia a las coordenadas de un espacio autónomo para convertirse en un episodio más del sistema, evaluándose a sí mismo cuando no saboteándose.

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Ese desplazamiento en la arquitectura de contrapesos encuentra su correlato en la condición del Parlamento, cuya degradación no se mide solo en decibelios, sino en la pérdida de su capacidad para generar un espacio deliberativo. El hemiciclo conserva su escenografía, pero ha ido perdiendo la atmósfera mínima que permite que la confrontación política produzca sentido y no se reduzca a un intercambio de consignas. Las cámaras siguen siendo el lugar donde se pronuncian discursos, pero ya no operan como el ámbito donde los proyectos antagónicos se confrontan sobre una base común. Lo que se ha resquebrajado no es el decoro ni el estilo, sino el marco cognitivo que hace posible la deliberación.

Ahí es donde el ensayo de Máriam Martínez-Bascuñán, El fin del mundo común, mejor define la erosión institucional que estamos viviendo. No denuncia la polarización como un exceso emocional, sino como un síntoma de la desaparición de un espacio compartido de percepción. Recupera la premisa de Arendt (la democracia exige ver lo mismo, aunque se interprete de modo distinto) para advertir que la fragmentación actual no es ideológica, sino epistemológica.

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No se discute ya sobre la valoración de un hecho, sino sobre la existencia misma del hecho. No se discrepa desde posiciones enfrentadas, sino desde universos inconmensurables. Bascuñán muestra cómo la política identitaria, la hipertrofia moral y la lógica digital han roto el suelo común, de manera que las instituciones operan en un vacío de referencias compartidas. El Parlamento es el mejor barómetro de esta disolución: los actores intervienen, pero no se reconocen; argumentan, pero no convergen; producen discurso, pero no producen política. La cámara se vuelve un lugar donde se simultanean monólogos que nunca llegan a encontrarse.

Cuando el espacio de la deliberación se fractura y el órgano encargado de velar por la legalidad queda absorbido en la órbita del Ejecutivo, la democracia entra en una fase en la que el desgaste no proviene de agresiones externas, sino de su propia dinámica interna. El sistema no necesita enemigos para cuestionarse: genera por sí solo las condiciones de su impugnación. Allí donde las instituciones no funcionan como diques ni como foros, surge la tentación de interpretar el antagonismo como regeneración. Y así aparece el llamado antisistema, no como interrupción, sino como precipitado del deterioro. No irrumpe desde la periferia, sino que brota del interior del edificio institucional, muchas veces ocupando el hueco que dejan los contrapesos debilitados y el Parlamento sin mundo común. El sistema proyecta hacia fuera una criatura que, en última instancia, es su emanación. Sobreviene un proceso autoinmune, cuando no una fórmula endogámica de consecuencias catastróficas.

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El mecanismo está descrito con notable clarividencia en la novela Inmanencia, de Víctor Lapuente, que funciona como alegoría de una democracia que gira en circuito cerrado. Lapuente narra un orden político incapaz de trascenderse, replegado sobre sus rutinas, dispuesto a prolongarse a pesar de la evidencia de su agotamiento.

La inmanencia del título no es metafísica, sino institucional: las estructuras se contemplan a sí mismas, se administran, se justifican, se reproducen sin horizonte. La ficción revela lo que la política apenas admite: la democracia puede debilitarse no por lo que la amenaza, sino por la imposibilidad de renovarse, por la clausura del mundo común, por la erosión de los contrapesos que garantizan su respiración. El antisistema no aparece como intruso, sino como heredero, como una vindicación populista en un erial democrático.