Aído, el aborto, los cristianos socialistas y otros fracasos del Gobierno

El Ministerio de Igualdad constituye un insulto a la inteligencia administrativa y a la consideración de los contribuyentes. Es, simplemente, un capricho esteticista del presidente del Gobierno (Solchaga dice que trata a sus ministros/as como “secretarios”) en el que sacrifica, muy a su gusto por cierto, a Bibiana Aído, que está al frente del Departamento para gestionar una ley que no se cumple (la orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) y preparar otra (la orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo, vulgo, aborto) que le correspondería, por unas razones, al Ministerio de Sanidad y, por otras, al de Justicia, organismos que sólo han intervenido tangencialmente aunque sus titulares hayan firmado también el proyecto.

Aído, como otras ministras, está abrasada y viene quemándose a fuego lento desde el momento en que se lanzó a la plaza pública la innecesaria y divisiva ley del aborto porque el proyecto, no sólo fractura a la sociedad española hasta límites insospechados (véase la manifestación del pasado sábado sean cuales fueren las cifras que se elijan para valorarla) sino que además, pone de relieve la autocracia del Gobierno que ha desoído al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal e, incluso, al Comité de Bioética, entidades consultivas todas ellas que le sugerían en mayor o menor medida retoques y modificaciones a un proyecto de ley técnica y éticamente alejado de cualquier estándar europeo.

O sea, que la ministra no se engañe: contra la ley del aborto no está sólo la Iglesia Católica, sino también otros muchos colectivos sociales, confesionales y no confesionales. Y merece un juicio muy severo a sus propios compañeros, los llamados “socialistas cristianos” que en un manifiesto de fecha 14 de Octubre –conocido, eso sí, después de la manifestación del pasado sábado—propugnan buscar “un terreno común” en torno a este asunto. Pero con propuestas muy claras. Y la más nítida es aquella que sostiene que al hablar del nasciturus “estamos hablando en todo caso más de un alguien que de un algo. Por cuanto se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto”. Este pronunciamiento lo firman Pilar de la Vega que es catedrática de Historia, Jordi López Camps, que es biólogo y María José Pereda, que es médica especializada en bioética, y los tres lo hacen en nombre de esa corriente en el PSOE que se adjetiva como socialista cristiana.

Cumpliendo órdenes de Zapatero

Aído tampoco ha considerado que sus propios compañeros puedan tener unas razones solventes para manifestarse así. La ministra ha pasado de encuestas, de manifestaciones, de órganos consultivos, de sus propios compañeros y, a la postre, del Tribunal Constitucional y de su ya famosa sentencia de 1985. Así se lo ordena Zapatero. Ella cumple con extraordinaria disciplina y enfervorizado rigor un código progresista que consiste en considerar al orbe jurídico-político convencional como regresivo y sólo atendibles aquellas propuestas que generen “derechos” aunque, en este caso, sea la eliminación –de forma inmotivada, plenamente autónoma, sin sometimiento a la patria potestad en el caso de jóvenes entre 16 y 18 años—de un “ser humano en formación” como subrayan sus compañeros socialistas cristianos.

Pero el del aborto no es el único fracaso estadista y legislativo de este Gobierno. Su forma de ejercer la iniciativa normativa es descuidada y oportunista. Y parece no importarle dividir a la sociedad renunciando a crear una ética común mínima en la ciudanía. Lo ha demostrado en la nueva regulación del divorcio que lo equipara al repudio; lo ha demostrado con el matrimonio homosexual, que debió estructurarse como una unión civil con cuantos derechos fueran posibles y coherentes; lo ha demostrado con la inútil ley de Memoria Histórica, uno de los fiascos legislativos que ha creado enormes frustraciones. Por no hablar de leyes ambiciosas y necesarias que luego no se pueden implementar como la de Dependencia o la de Violencia de Género. Y dejemos aparte las leyes sobre el modelo de Estado que lo desgarran, como el nuevo Estatuto de Cataluña o el arriesgado y privilegiado blindaje del Concierto Económico de los territorios forales vascos. Esperamos con auténtica expectación qué será eso del proyecto de ley de “Economía Sostenible” que el Ejecutivo anuncia tantas veces como las que lo aplaza.

Legislar en democracia implica siempre y en todo caso, como dice el profesor y filósofo Manuel Cruz, un proyecto de “autoformación social”. Por lo tanto, el legislador debe actuar sobre unas propuestas previamente debatidas en el nivel ciudadano y en los órganos asesores cuyo criterio, aun no siendo vinculante, ha de ser valorado. Si los legisladores se limitan a dar por buenos los proyectos que les envía el Gobierno, la democracia no es “una forma de vida”, en palabras del ya citado Manuel Cruz, sino que se convierte en un mecanismo meramente político. Cuando los ministros y el Gobierno –y eso le pasa a Bibiana Aído y a sus compañeros de Gabinete con Zapatero a la cabeza—desconocen los rudimentos de la filosofía política acaecen episodios como los que vivimos en los que las leyes quiebran, rompen, fracturan y dividen al cuerpo social. Y ya se sabe que esas consecuencias pasan pesada factura, como le está ocurriendo a la ministra de Igualdad que, a estas alturas, además de tocada, seguramente también está políticamente hundida. Lo cual, siendo tan joven, no deja de ser una verdadera lástima.