Populismo en el PP: del "partido de los trabajadores" al torpe pacto eléctrico

Ahora que las encuestas están de cara, el Partido Popular debe mantener la sobriedad y no incurrir en excentricidades, sean de lenguaje, sean de comportamiento. Como partido representante de la derecha democrática española hay derivas muy contraindicadas: una cosa es oponerse al Decreto-Ley de ajuste del déficit -lo cual, por cierto, es cuestionable desde la necesidad de construir imagen estadista-, y otra muy diferente autodenominarse “partido de los trabajadores”, licencia verbal que es menos inocua de lo que algún que otro dirigente popular puede sospechar. Tampoco es demasiado perspicaz atacar la reforma laboral con argumentos que gustan a las centrales sindicales pero que no conectan con los grupos sociales que, aunque cualitativos, son los que pueden jugar muy a fondo la baza ganadora del PP en las próximas elecciones generales. Veremos cómo es esa “enmienda a la totalidad” de la reforma que el lunes anunció Rajoy. Y tampoco es un dechado de lucidez y visión clasificar a empresarios y banqueros como más o menos amigos del PP o, en distintas palabras, como más o menos próximos al Gobierno del PSOE, sabiendo que los unos y los otros han de ser pragmáticos pero que su opción de fondo siempre es, aquí y en todas las democracias occidentales, las liberal-conservadoras.

La culminación de esta suerte de virus “peronista” -según expresión escuchada a dirigentes del PP- o, más exactamente, populista, ha sido el precipitado e improvisado pacto energético. Los populares, o quien de ellos haya urdido esta iniciativa, han errado en el planteamiento. Efectivamente: es muy populista aparecer ante los consumidores como el partido que ha evitado el incremento de la tarifa de la luz en julio pero ¿a cambio de qué se ha conseguido tan magro trofeo? Pues a cambio de salvar a Miguel Sebastián, ministro de Industria, y por lo tanto al propio Gobierno, de tener que mojarse en una reforma energética muy difícil de plantear y resolver por los muchos y reiterados errores del Ejecutivo.

Dentro de unos meses se verá lo siguiente: 1) que la tarifa de la luz tendrá que incrementarse para que no aumente estratosféricamente la diferencia entre el coste de generación y el precio que abonan los consumidores, es decir, el llamado déficit de tarifa, que puede dispararse hasta los 20.000 millones; 2) que el PP no se querrá corresponsabilizar del recorte de las primas a las energías fotovoltaicas que implican el estallido de una burbuja en la que la banca nacional y extranjera tiene comprometidos miles de millones de euros, frente a la solidez y madurez de la energía eólica y el liderazgo de su tecnología de generación; 3) que el PSOE bajo ningún concepto superará la “línea roja” de la energía nuclear, de tal manera que ni revocará el cierre de Garoña ni pondrá en marcha políticas de suficiencia energética con inversión en nuevas centrales como están haciendo Estados Unidos, China, Francia, Italia y hasta Suecia que acaba de derogar su particular moratoria nuclear. ¿Qué garantías ha negociado el PP para embarcarse en este improbable pacto?

Populismo de brocha gorda

El Partido Popular ha cometido un error llevado por el caramelo envenenado del populismo. En realidad, ha salvado al Gobierno de una crisis energética que le correspondía resolver con tanta urgencia como la del déficit, la laboral o la de las pensiones -en las que el PP, por cierto, no parece estar por la labor de secundar a Zapatero-  reformas en las que a la oposición sólo corresponde prestar un apoyo efectivo pero crítico. En el PP, además, se debió evitar no perjudicar más todavía a un sector estratégico español -el energético- que con el anuncio del pacto se resintió en Bolsa perdiendo hasta 3.000 millones de capitalización que impactaron en pequeños ahorradores. Por otra parte, el perjuicio a Compañías como Iberdrola y REE ha sido enorme porque la agencia de calificación Moody’s ha alterado la perspectiva del rating de ambas y sometido al sector a vigilancia por los riesgos de incremento del déficit tarifario y la desconfianza en que la titulización de esa deuda se lleve a efecto en septiembre como está previsto. El PP, sin  necesidad, se ha corresponsabilizado con este desaguisado.

Ya antes, los populares, inexplicablemente, se abstuvieron en la enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas, redactada en la Moncloa, para suprimir los topes de los derechos políticos en las empresas cotizadas, medida que deja a compañías como Iberdrola o Repsol y a sus accionistas minoritarios sin protección frente a una dentellada de inversores extranjeros. Los conservadores deben ser previsibles y coherentes en sus políticas y dejar el populismo de brocha gorda a una demagogia que está fuera de su perímetro político.