Cajas y negociación colectiva: convulsión y poder

Si el PSOE y el propio Gobierno habían llegado a la conclusión de que “lo peor ha pasado”, deben rectificar porque aún está por llegar. La madre de todas las reformas se desdobla en dos grandes batallas: en lo financiero, las cajas, y en lo laboral, la negociación colectiva.

Una reforma de las cajas que no esté acordada con el sector (la CECA) y con el PP sería un suicidio político del Ejecutivo de Zapatero que apuraría con rapidez letal la dosis de cicuta que poco a poco va ingiriendo. Y ni a la patronal de cajas ni a la oposición le parecen asumibles las líneas maestras de esa reforma, que se percibe más como una mera liquidación de las entidades de ahorro popular. La exigencia de core capital -del 10%, un exceso a todas luces- y la consecuente privatización si no alcanzan esa capitalización suponen una auténtica revolución, no sólo financiera, sino también política. El PP ya ha adelantado que no va apoyar el Real Decreto Ley que espera a las puertas del Consejo de Ministros abierto en canal mientras Elena Salgado ha entrado en una espiral dubitativa y el Banco de España juega su propio partido. Los conservadores no quieren que sus autonomías se queden sin cajas -caerían los SIPS de Madrid y Valencia, de Galicia y de Castilla y León, entre otros- y ven peligrosísimo que el Gobierno se introduzca en la sala de mandos de las muchas entidades que no alcanzarán el exigente listón de recapitalización. Demasiado riesgo a poco tiempo de las elecciones autonómicas y generales. O sea, la reforma de las cajas no es sólo una cuestión técnico-financiera, sino también de manejo de poder.

El Gobierno y el PSOE se ven abocados a una nueva ruptura con las centrales sindicales y, seguramente, a contemplar cómo éstas no tienen más remedio que convocar una segunda huelga general

La reforma de la negociación colectiva debe abordar dos aspectos: de una parte, la amplitud de las cláusulas de desenganche de los convenios sectoriales y la supresión de la ultra actividad. Pero no sólo: la exigencia para que el Fondo de Rescate de UE se amplíe y, sobre todo, se flexibilice, depende en buena medida de que los salarios se adecuen en sus incrementos a criterios de productividad (no a referencias de inflación), tal y como quiere el Plan de Competitividad franco-alemán. Y aunque la oposición conservadora pueda secundar estas medidas -también la reforma de las pensiones, aunque no otras previsiones del ASE-, no lo harán los sindicatos, que ya han dejado demasiados pelos en la gatera con el acuerdo social y económico. El Gobierno y el PSOE se ven abocados a una nueva ruptura con las centrales sindicales y, seguramente, a contemplar cómo éstas no tienen más remedio que convocar una segunda huelga general. De nuevo, es una cuestión de poder: en este caso de los sindicatos que observan el suyo ya declinante.

La insurrección autonómica -adicional a la que provocó la torpeza de Zapatero tras su entrevista con Mas- cobrará fuerza si el Gobierno, como bien podría obligarle la UE, impone por ley -por un enésimo Real Decreto Ley- techos de gasto a las comunidades autónomas, algunas de las cuales chapotean ahogadas en sus déficits disparados. El PSOE no podría entonces parar a sus propios barones atacados ya de un horror vacui electoral y que tirarían cada uno por su lado, convirtiendo el socialismo en una especie de ejército de Pancho Villa. Volvemos a lo anterior: cuestión de poder.

Poco a poco, pero sostenidamente, nos acercamos al ojo del huracán, al borde del precipicio, a lo peor de lo peor, a un escenario convulso. La suposición terca de Zapatero de que las reformas sólo transitan por un determinado carril sin alternativa posible tiene alguna razón pero no toda. Las reformas se han negociado a plazos, con impulsos arrítmicos, con planteamientos improvisados y tornadizos. Una mala gestión de conjunto que nos absorbe hacia el epicentro del seísmo con enorme desconcierto que se añade a una feroz pelea por retener cuotas de poder.