Gallardón y los jueces, frente a frente

El caso es insólito; el Consejo General del Poder Judicial ha logrado nombrar a su presidente (12 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones) y del Tribunal Supremo en la persona de Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del TS, miembro de la progresista Jueces para la Democracia, y conocidamente contrario a la reforma laboral del Ejecutivo de Rajoy, con el propósito de fortalecer el órgano de gobierno de los jueces ante la reforma que para el Consejo propugna el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Digo que el hecho es insólito por varias razones: 1) porque el mandato del elegido expira en septiembre de 2013, es decir, en poco más de un año, período de tiempo que permitía la interinidad de Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo y de militancia conservadora, 2) porque Gonzalo Moliner aúna en su persona tanto un gran prestigio profesional como un acendrado progresismo, muy poco compatible con la línea ideológica y política del Gobierno y del propio titular de Justicia y 3) porque ha sido votado, incluso, por miembros de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de sesgo conservador.

Por esa razón, no es sorprendente en absoluto que, tanto en medios judiciales como en los políticos, se considere que Ruiz-Gallardón ha perdido el pulso con los jueces y magistrados después de que éstos se mostraren alarmados y hasta ofendidos por el diseño del Consejo General del Poder Judicial que el ministro -con notable imprudencia- dio a conocer hace unos días. Los funcionarios de la toga no están por la labor de que su órgano de gobierno esté compuesto por vocales sin plena dedicación, que harían compatible su función en el Consejo con la labor jurisdiccional, la abogacía, la procuraduría o la secretaria judicial, con el riesgo de posibles conflictos de intereses difícilmente reductibles. Y, sobre todo, no estaban dispuestos a que el Consejo fuese un órgano intermitente con un solo miembro permanente: su presidente, que lo seguiría siendo del Tribunal Supremo.

Los vocales del Consejo, avalados por las tres asociaciones de jueces, han depuesto sus muchas banderías y hostilidades y le han cargado al ministro de Justicia un muy correoso presidente del CGPJ y del TS, ideológicamente alejado del Gobierno y muy enraizado en la magistratura: 43 años de vida profesional le contemplan y lo hacen, al parecer, sin mácula

La judicatura en general ha interiorizado este diseño de Ruiz-Gallardón de la peor manera posible: como un intento de achatar el perfil institucional del CGPJ, de hacerlo más permeable a las conveniencias del Gobierno y más débil y con menos competencias de las que dispone actualmente. Ante este panorama, los vocales del Consejo, avalados por las tres asociaciones de jueces (la centrista Francisco de Vitoria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia), han depuesto sus muchas banderías y hostilidades y le han cargado al ministro de Justicia un muy correoso presidente del CGPJ y del TS, ideológicamente alejado del Gobierno y muy enraizado en la magistratura: 43 años de vida profesional le contemplan y lo hacen, al parecer, sin mácula.

El titular de Justicia ha jugado mal sus bazas. Apostó por el mantenimiento de Carlos Dívar sin auscultar con acierto el criterio de sus compañeros, incluso de los más conservadores y afines al expresidente del CGPJ que, aunque nombrado por Zapatero con la aquiescencia de Rajoy, se comportó como un hombre muy flexible y, todo hay que decirlo, coherente con sus criterios éticos en dictámenes preceptivos y no vinculantes sobre sensibles proyectos de ley. Ruiz-Gallardón, ya dimitido Dívar, quiso que Fernando de Rosa ocupase el puesto interinamente, creando una bicefalia con otro presidente en funciones del Supremo -situación desconocida en la democracia española- y en la que él pudiese llevar al Consejo de Ministros un proyecto de ley orgánica que alterase la morfología del órgano de gobierno de los jueces. Con Gonzalo Moliner al frente del CGPJ será difícil que lo consiga. En este momento -y más allá de las expresiones rituales de satisfacción de unos y de otros-, la realidad es que Ruiz-Gallardón tiene  enfrente a la judicatura, y lo que aún no se sabe es si el ministro mantendrá o no su apuesta reformadora que tanto contraría a estos funcionarios a los que, por cierto, también se les ha suprimido la paga extraordinaria de Navidad porque perciben más de 962 euros.

¿Cuándo le saldrán bien las cosas al Gobierno? Difícil saberlo por mucho que sea más que deseable que así suceda. La condición necesaria -aunque no suficiente- es que los ministros no yerren en sus cálculos y midan las consecuencias de sus decisiones para no tener que rectificarlas un cuarto de hora después de haberlas adoptado. Gonzalo Moliner es un magistrado al que su fama le precede. Pero a otros muchos -tan buenos como él- les ocurre lo mismo y hubiese sido más coherente con la situación político-electoral que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo militase en unas ideas no necesariamente progresistas. Lo digo porque el Gobierno del PP ganó las elecciones generales por mayoría absoluta y porque la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura es la que agrupa al mayor número de sus compañeros. Seguro que a Ruiz-Gallardón  no se le escaparán estos y otros  datos adversos para él y para el Gobierno, que se deducen de la insólita elección que ayer se produjo en el CGPJ.