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Otra huelga dañina y sin esperanza
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José Antonio Zarzalejos

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Otra huelga dañina y sin esperanza

Seguramente son los propios sindicatos los que se interrogan acerca de la funcionalidad de la huelga -y más si es general, y por lo tanto, política- como

Seguramente son los propios sindicatos los que se interrogan acerca de la funcionalidad de la huelga -y más si es general, y por lo tanto, política- como sistema no sólo de presión, sino también de expresión de su propia presencia pública en el sistema político-institucional y social en España. Si en una negociación entendida según cánones de modernidad se busca un acuerdo que ofrezca más beneficios a las partes que los que obtendrían de no pactar, la huelga provoca males colaterales y generales sin paliativos. Es verdad que se ejerce un derecho constitucional y que la alternativa de la negociación no existe, pero también lo es que se ejerce -en España desde 1978- sin una regulación legal de carácter orgánico que dilucide los límites del ejercicio de ese derecho. Vacío legal que interesa a los sindicatos para disponer de márgenes demasiado holgados en la protesta -especialmente a través de ese eufemismo que son los piquetes informativos-, pero que conviene también a los sucesivos Gobiernos porque les autoriza un abuso simétrico -el de los servicios mínimos- que los tribunales suelen corregir tarde y mal. En la huelga de mañana, se ha llegado a un acuerdo sobre ellos que seguramente no se cumplirá.

 Se ha dicho que la huelga general es un recurso anacrónico. Es cierto que lo es. Desde hace mucho tiempo los sindicatos no han sido capaces de articularse frente a sus interlocutores con instrumentos de persuasión y de presión diferentes a los del paro y la manifestación callejera. El único intento de remozar la huelga fue la adjetivada de japonesa y que encerraba una paradoja: protestar trabajando más aún. Pero la vetustez de la huelga general adquiere tintes prehistóricos cuando se lanza a modo de desafío a gobiernos nacionales, como el español, constreñidos a hacer y dejar de hacer en función de mandatos que ellos no controlan. La pérdida de soberanía económica y social en la UE conlleva una reformulación del repertorio de facultades de los poderes del Estado. Incluido el legislativo (véase la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011 por mandato del directorio europeo) y, por supuesto, el judicial, al existir instancias jurisdiccionales europeas en distintos órdenes que mediatizan a nuestros tribunales.

Una parte de la sociedad se siente en ocasiones como la que vivimos moralmente obligada a la protesta mediante el paro laboral, pero respetando esa pulsión cívica -aunque las consecuencia de la huelga no siempre lo sean-, es hora ya de perder la esperanza en este dañoso procedimiento que ha demostrado su inutilidad antes, y más ahora, con la invisibilidad y lejanía de los poderes últimos prescriptores de decisiones cuasi inamovibles

Desde ese punto de vista, la huelga como “paro o cese colectivo en el trabajo para que se produzcan determinadas decisiones o para modificar determinadas actitudes de quienes controlan, remuneran y reciben el producto de dicho trabajo”, ha devenido en una presión de eficacia sumamente improbable. Sirve para el desahogo y es legítima. Una parte de la sociedad se siente en ocasiones como la que vivimos moralmente obligada a la protesta mediante el paro laboral, pero respetando esa pulsión cívica -aunque las consecuencias de la huelga no siempre lo sean-. Es hora ya de perder la esperanza en este dañoso procedimiento que ha demostrado su inutilidad antes, y más ahora, con la invisibilidad y lejanía de los poderes últimos prescriptores de decisiones cuasi inamovibles.

Si la huelga trata de incorporar la petición de que el Gobierno someta a referéndum consultivo sus medidas contradictorias con el programa con el que obtuvo su mandato -contradicción en la que incurrió el anterior y en la que incurren prácticamente todos los Gobiernos que en la UE están tratando de gestionar la crisis- la protesta, además de estéril desde el punto de vista operativo (no cívico, o ético), es también frustrante en grado máximo porque pretende optimizar la protesta con un requerimiento políticamente inviable. ¿Buscan los sindicatos incorporar más frustración en la psique colectiva? Quizás no de forma consciente, pero de forma implícita, con este planteamiento (huelga + petición de referéndum), llevan a la sociedad -a la parte más castigada de la sociedad- a un diván psiquiátrico y a un desconcierto total.

La democracia no es la que era -basada en partidos y sindicatos- sino que se ha metamorfoseado. Y quien no idee nuevas formas de transformar la realidad socio-política insistiendo en las tradicionales del siglo XX, está condenado a esa suerte de fracaso que es la marginalidad de su presencia pública. En ese trance están los sindicatos -los españoles especialmente-, después de que otros (los británicos, los griegos, incluso los alemanes y franceses) se hayan sumergido en la irrelevancia. Más todavía cuando su declinar se corresponde con la decadencia de las opciones de izquierda con las que les unían lazos de fraternidad ideológica. No son buenos tiempos para nadie mientras no se reinvente la esperanza en la eficacia de nuevos mecanismos de autenticidad en una democracia que boquea. 

Seguramente son los propios sindicatos los que se interrogan acerca de la funcionalidad de la huelga -y más si es general, y por lo tanto, política- como sistema no sólo de presión, sino también de expresión de su propia presencia pública en el sistema político-institucional y social en España. Si en una negociación entendida según cánones de modernidad se busca un acuerdo que ofrezca más beneficios a las partes que los que obtendrían de no pactar, la huelga provoca males colaterales y generales sin paliativos. Es verdad que se ejerce un derecho constitucional y que la alternativa de la negociación no existe, pero también lo es que se ejerce -en España desde 1978- sin una regulación legal de carácter orgánico que dilucide los límites del ejercicio de ese derecho. Vacío legal que interesa a los sindicatos para disponer de márgenes demasiado holgados en la protesta -especialmente a través de ese eufemismo que son los piquetes informativos-, pero que conviene también a los sucesivos Gobiernos porque les autoriza un abuso simétrico -el de los servicios mínimos- que los tribunales suelen corregir tarde y mal. En la huelga de mañana, se ha llegado a un acuerdo sobre ellos que seguramente no se cumplirá.