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Gallardón y el aborto: el Gobierno cruje
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Gallardón y el aborto: el Gobierno cruje

Crujen las cuadernas del Gobierno. Pese al compromiso electoral del PP de cambiar la actual ley del aborto (22010), que lo configura como un derecho de la mujer en las 14 primeras semanas

Crujen las cuadernas del Gobierno. Pese al compromiso electoral del PP de cambiar la actual ley del aborto (2/2010), que lo configura como un derecho de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación y permite a las jóvenes de 16 y 17 años practicarlo sin autorización de sus padres, el ministro de Justicia no logra que el anteproyecto de ley se apruebe en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría no parece estar por la labor de rematar con un texto normativo la polémica abierta, con las bendiciones de Moncloa, por Alberto Ruiz-Gallardón. El titular de Justicia pretende -como se reflejaba en el programa de los populares- regresar al sistema de la ley 9/1985,que despenalizó el aborto en determinados supuestos (grave peligro para la salud de la madre, malformación del feto y violación), con la particularidad de eximir a la mujer de cualquier responsabilidad -se le considera una víctima- y sancionar sólo a los que practiquen la interrupción del embarazo, sea o no con ánimo de lucro. Por supuesto, se reintegraría a los padres el contenido de la patria potestad y las jóvenes de 16 y 17 años precisarían de su autorización y asistencia para abortar.

Ruiz-Gallardón ha dejado en los debates previos muchos pelos en la gatera. Y la izquierda se ha tomado el asunto como un banderín de enganche. En línea con las habituales actitudes de Mariano Rajoy y sus más cercanos colaboradores, la Moncloa ha congelado el asunto y dejado al ministro colgado de la brocha. Sin embargo, el primero de junio de 2010, Federico Trillo y Santiago Cervera presentaron el recurso del PP contra la ley aprobada por el Gobierno socialista con apoyos del resto de la izquierda. Y la impugnación no ha sido retirada. Sigue pendiente de deliberación y fallo, aunque todavía no hay señalamiento. A mayor abundamiento: lanueva composición del TC abonaría la idea de que el recurso interpuesto por el PP hace tres años prosperaría en todo o en parte.

De nuevo la Moncloa habría impuesto su criterio, no sólo sobre Gallardón, sino también sobre la letra y el espíritu del programa popular. Por eso, la dilación ahora con la nueva ley del aborto remite a un cierto aislamiento del ministro, suavemente progresivo, por parte de Sáenz de SantamaríaSe dice que el tema del aborto divide internamente al Gabinete. Es verdad que hay fisuras en el grupo parlamentario -encabezadas por Celia Villalobos-, pero no en el Consejo de Ministros. La ley de indicaciones es perfectamente razonable porque, tal y como expone la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia de 53/1985, una norma de exención de responsabilidad penal en determinados supuestos (auténticos estados de necesidad) salvaguardaría los bienes que son constitucionalmente protegibles: el de la madre y el del nasciturus que merece amparo, porque el artículo 15 de la Carta Magna establece que “todos tienen derecho a la vida”.

La razón por la que el Consejo de Ministros no aprueba un proyecto de ley del aborto tiene que ver, además de con la aversión por la polémica ideológica y ética que distingue a este Gabinete, con el hecho de que el ministro Gallardón se perfila como no especialmente integrado en los modos y maneras estandarizadas en el Gobierno. En muchos ámbitos concernidos por el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en otro orden de materias, se duda también muy seriamente de que el proyecto sea del gusto del responsable de Justicia porque se compadece mal con las promesas electorales de su partido. De nuevo la Moncloa habría impuesto su criterio, no sólo sobre Gallardón, sino también sobre la letra y el espíritu del programa popular. Por eso, la dilación ahora con la nueva ley del aborto remite a un cierto aislamiento de Gallardón, suavemente progresivo, por parte de Sáenz de Santamaría siguiendo, o no, las indicaciones del presidente. Una mujer que, como se puso de manifiesto con su presencia representativa en la conferencia de Aznar en el Club Siglo XXI, se comporta como representante plenipotenciaria de Mariano Rajoy.

El asunto es más serio de lo que parece: el Ejecutivo no puede aducir ni una sola razón de peso para no tramitar el proyecto de ley del aborto, adaptándolo a los criterios que aparecían en su programa. Dispone de mayoría absoluta, de una doctrina del Constitucional que lo avala, de leyes similares en nuestro entorno político y jurídico y de fuertes apoyos sociales, aunque sean menos ruidosos que los de los adversarios. La cuestión es, entonces, la siguiente: ¿Se trata de deteriorar al ministro de Justicia?, ¿advierten Rajoy y Santamaría peligro en Ruiz-Gallardón?, ¿ha hecho mella en ellos la especie de que el ministro estaría muy próximo a las últimas y polémicas tesis de José María Aznar?, ¿por qué Wert tiene bula para incendiar el patio y al ministro de Justicia se le embrida?

Como es habitual en este y otros temas, el Gobierno dará la callada por respuesta o, lo que es aún peor, la vicepresidenta y portavoz despejará cualquier tipo de pregunta al respecto con recursos semánticos al uso que ella domina con una rutinaria sonrisa en su rostro. Pero si siguen pasando los meses y en este tema crucial -nadie duda de que lo es en el modelo social y cívico- no hay decisión gubernamental, la omisión adquirirá un enorme volumen que ya no sería un crujido en las cuadernas de la nave gubernamental, sino la evidencia de que en el paquebote del Consejo de Ministros se ha abierto una vía de agua.

Crujen las cuadernas del Gobierno. Pese al compromiso electoral del PP de cambiar la actual ley del aborto (2/2010), que lo configura como un derecho de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación y permite a las jóvenes de 16 y 17 años practicarlo sin autorización de sus padres, el ministro de Justicia no logra que el anteproyecto de ley se apruebe en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría no parece estar por la labor de rematar con un texto normativo la polémica abierta, con las bendiciones de Moncloa, por Alberto Ruiz-Gallardón. El titular de Justicia pretende -como se reflejaba en el programa de los populares- regresar al sistema de la ley 9/1985,que despenalizó el aborto en determinados supuestos (grave peligro para la salud de la madre, malformación del feto y violación), con la particularidad de eximir a la mujer de cualquier responsabilidad -se le considera una víctima- y sancionar sólo a los que practiquen la interrupción del embarazo, sea o no con ánimo de lucro. Por supuesto, se reintegraría a los padres el contenido de la patria potestad y las jóvenes de 16 y 17 años precisarían de su autorización y asistencia para abortar.