Hacia un nuevo Estado

   El Gobierno se rescató ayer de sus muchos errores y vacilaciones con una ambiciosa y bien articulada propuesta de reforma de las Administraciones Públicas elaborada

  

El Gobierno se rescató ayer de sus muchos errores y vacilaciones con una ambiciosa y bien articulada propuesta de reforma de las Administraciones Públicas elaborada por una Comisión ad hoc constituida el pasado mes de octubre. Se trata de un informe de 2.000 folios (el resumen ejecutivo que puede consultarse contiene sus elementos esenciales) que plantea un desafío reformista del aparato público en todas las instancias sin parangón en la reciente historia de España. Si se ejecuta por la Oficina que se creará para ello, al frente de la que estará la competentísima Angelines Trillo con categoría de subsecretaria, vamos claramente hacia una nueva morfología del Estado español.

Entre 2005 y 2011 el gasto público se había desbocado pasando del 38,4% del PIB al 45,2%. La menor dimensión de nuestras administraciones públicas en relación con su peso en el PIB nacional, comparada con la  de los países de nuestro entorno, sólo era una teórica ventaja neutralizada por una recaudación de ingresos fiscales en España (equivalente al 36,4% de nuestro PIB) diez puntos por debajo de la media de los estados de la eurozona. Sólo Grecia y Eslovaquia nos adelantan en ese ranking de dudoso mérito. Más aún: entre el tercer trimestre de 2007 (cuando Zapatero negaba obstinadamente la crisis) y el tercero de 2011, el empleo público se incrementó en 288.700 personas, tendencia suicida que se ha corregido drásticamente en año y medio.

Sobre las bases anteriores -en una progresión negativa alarmante- ha actuado la CORA (acrónimo de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que constata que casi la mitad del gasto público está gestionado por las comunidades autónomas (34,3%) y los entes locales (12,3%), en tanto el gobierno central (21,6%) y la Seguridad Social (31,95) disponen de la otra mitad. Estos datos componen un diagnóstico claro: España es un país extraordinariamente descentralizado, lo que genera una mayor dificultad técnico-jurídica y política para establecer un sistema de reducción de sus excesos burocráticos y orgánicos. E instalado en una crisis fiscal permanente.

España es un país extraordinariamente descentralizado, lo que genera una mayor dificultad técnico-jurídica y política para establecer un sistema de reducción de sus excesos burocráticos y orgánicosEl espíritu y la letra del CORA es el que necesitaba nuestro Estado y, si el Gobierno tiene perseverancia y valentía política, el saneamiento que propiciará su ejecución resultará igualmente histórico: más de 37.700 millones de euros (cantidad acumulada en el período 2012-2015) que se cuantifican, de un lado, por ahorro presupuestario directo, y, de otro, por menor coste para ciudadano al apostarse por una modernización tecnológica de los servicios públicos, la proscripción de duplicidades y el cambio de cultura administrativa y política. Para que este objetivo se alcance han de cumplirse un total de 218 propuestas de las que 140 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 sólo a la Administración General del Estado. Once de ella son de carácter “general y horizontal para todos los ámbitos de la administración pública”, 118 tienden a eliminar duplicidades con las CCAA y dentro del Estado y 43 eliminan “trabas, simplifican procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración Institucional; 38 mejoran las gestión de los servicios y medios comunes y ocho racionalizan la administración institucional” suprimiendo hasta 57 entidades públicas estatales.

La CORA es creíble por las siguientes razones:

1) Porque, aunque no se exprese de manera clara, el Gobierno tiene en sus manos la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera que desarrolla el reformado artículo 135 de la Constitución (septiembre de 2011) que establecía la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y hace lo propio con la deuda pública. La ley de 2012 permite al Gobierno medidas “correctivas” y “coercitivas” sobre las comunidades autónomas que no se atengan a  criterios financieros estrictos, hasta llegar -en hipótesis- a la intervención directa. Las comunidades podrán reducir su costoso andamiaje por las buenas -sería lo deseable-, pero la alternativa es que el Gobierno -si tiene entereza política, porque ya dispone de la mayoría parlamentaria- le fuerce a hacerlo por las malas. Esta perfectamente habilitado para ello. De ahí que sin la reforma de la Constitución y sin la ley orgánica que la desarrolla, esta apuesta reformista no hubiese sido posible. El neofeudalismo que condena a España “a un Estado sin territorio” (Francisco Sosa Warner), tiene que acabar. 

2) Por primera vez en décadas, el Gobierno se dispone a impulsar una reforma local (“Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”) que limitará esa plaga despilfarradora que es el ejercicio municipal y provincial de las “competencias impropias, aunque el Ejecutivo, sin embargo, no se ha atrevido -terminará haciéndolo- a abordar la reducción del número de municipios (más de 8.300) y la mancomunidad de servicios a través de las diputaciones, o suprimiendo éstas y creando consorcios y mancomunidades. Es en este aspecto en el que el Gobierno ha pensado antes en su tropa municipal-local que en una planta territorial racionalizada y coherente.

3) Estamos ante el primer intento -hay que esperar que no falle- de reducción de estructuras que sólo sirven para sostener tramas clientelares fuera de todo control que, además, favorecen las conductas más corruptas (800 casos están en tramitación y más de 2.000 personas implicadas, algunas detenidas según las últimas estadísticas) dentro de la Administración y fuera de ella al establecerse relaciones “comerciales” con suministradores y proveedores fraudulentos. Si se busca la localización de la corrupción se hallará en buena medida enquistada en la periferia de las administraciones que es, también, la que se utiliza frecuentemente para el ejercicio de un procaz nepotismo. La transparencia y los sistema tecnológicos (esperemos que no fallen como en el caso de la Agencia Tributaria con la infanta Doña Cristina) de última generación garantizan que pasamos de unas administraciones del siglo XX a otras propias del XXI.

Pero es que, además, el Gobierno -por primera vez en su gestión- ha hecho bien tres cosas esenciales. La primera: ha encargado el informe a funcionarios públicos cualificados y con experiencia fuera de la función pública. Es imposible no citar a Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, abogado del Estado, que dejó la jefatura de la asesoría jurídica del Banco Santander para comprometerse con una labor callada y difícil como ha sido la codirección de la CORA. La segunda: el informe ha recabado información y criterio de muchas instancias, no sólo públicas y oficiales, sino también de grandes compañías que han ofrecido referencias de la mejor y más moderna gestión de servicios, de personal y de coordinación. Y la tercera: el Gobierno ha comunicado muy bien esta iniciativa. Ha sacado de su despacho a Rajoy que la presentó ante un público heterogéneo y de peso en La Moncloa; le secundó, el jueves, la vicepresidenta que, ayer, con un Montoro al que le han recetado un ansiolítico, presentó con optimismo y convicción el texto.

Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apoyado sin reticencia por los barones del PP, hace un esfuerzo de disciplina política, de perseverancia, de entereza y de convicción -también de apertura a un consenso que no desnaturalice el objetivo de las reformas- habrá situado al Estado en la senda de su renovación, incidido sobre un aspecto crítico del malestar ciudadano, gestionado un ahorro sustancial público y privado y manejado una carta de fundamental importancia ante la Troika. Cuando la política se hace con la cabeza, los políticos se rodean de personas competentes sin conflictos de intereses, se planifica el qué de las decisiones, el cuándo y el cómo se adoptan, las cosas salen bien y generan ilusión y esperanza. De ahí la ininteligibilidad de la referencia del Consejo de Ministros del pasado y catastrófico 26 de abril y el reencuentro el miércoles, el jueves y ayer con la mejor derecha gestora y política. Queda mucho por hacer, pero le cuadraría al Gobierno lo que escribió Neruda: “El triunfo verdadero del hombre surge de las cenizas del error”. A ver si es verdad.

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