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La urgente supresión del Tribunal Constitucional
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José Antonio Zarzalejos

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La urgente supresión del Tribunal Constitucional

Por nueve votos contra dos, el Tribunal Constitucional ha rechazado la recusación de su presidente -el magistrado Pérez de los Cobos- requerida por la Generalitat de

Por nueve votos contra dos, el Tribunal Constitucional ha rechazado la recusación de su presidente -el magistrado Pérez de los Cobos- requerida por la Generalitat de Cataluña. Se aducía que el que fuera catedrático de Derecho Laboral antes que magistrado había militado en el PP sin desvelarlo en su comparecencia parlamentaria previa a su designación y que, además, se había referido a los catalanes en términos inadecuados y, a mayor abundamiento, que había asesorado al Partido Popular en aspectos importantes de la reforma laboral.

En la opinión mayoritaria, los magistrados del TC son considerados por unas razones o por otras, deudores de los partidos que apadrinan su nombramiento. Compuesto por doce juristas, 4 son elegidos por tres quintos del Congreso, otros 4 por igual proporción del Senado, 2 por el Gobierno y otros 2 por el Consejo General de Poder Judicial. La designación es temporal, así que, antes o después, abandonan esta instancia de garantías constitucionales y deben regresar a sus profesiones o a destinos que, en muchos casos, dependen de decisiones de naturaleza política. Es, por ello, y por su propia trayectoria, un tribunal politizado, de criterios imprevisibles, que hace un uso alternativo del derecho en no pocas de sus resoluciones, que ha enmendado la plana -sin poder hacerlo, en un exceso claro de jurisdicción- al Tribunal Supremo y que vive -por sus ritmos de trabajo y por las argumentaciones de sus sentencias- de espaldas a las urgencias y necesidades del país. El cálculo político manda en sus tiempos.

En el Tribunal Constitucional han sentado, y sientan, sus reales exparlamentarios del PP (ahora hay uno que lo fue); altos cargos en administraciones del PSOE; asesores jurídico-políticos de los diversos partidos, personajes públicamente próximos -por no decir que plenamente identificados- a todo tipo de organizaciones (también a CiU y al PNV)

Fue el Gobierno de Felipe González en 1986 el que desarboló definitivamente el prestigio de este tribunal. Presionó sobre él para que avalase la constitucionalidad del real decreto ley que expolió Rumasa a Ruiz Mateos. Tuvo que ser su entonces presidente, Manuel García Pelayo, el que con su voto de calidad deshiciese el empate y evitase la que hubiese sido la caída del Gabinete socialista de entonces. García Pelayo -hombre íntegro pero débil- se marchó de España, a la que había regresado tras un largo exilio, y en él murió. Pero el TC no se recuperó de aquella injerencia, a la que han seguido demasiadas. El TC lo mismo se ha permitido la excarcelación de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (1999) que la legalización de Bildu y de Sortu contra el criterio de la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo. Su mayor incompetencia -ni la única, ni seguramente la última- fue tardar más de cuatro años en decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán de 2006 dictando una sentencia en 2010 llena de meandros y ambigüedades que, al final, no satisfizo ni a los unos ni a los otros.

En el Tribunal Constitucional se han sentado, y se sientan, sus reales exparlamentarios del PP (ahora hay uno que lo fue); altos cargos en Administraciones del PSOE; asesores jurídico-políticos de los diversos partidos, personajes públicamente próximos -por no decir que plenamente identificados- a todo tipo de organizaciones (también a CiU y al PNV). Baste un ejemplo más. Son tan políticos (y tan medrosos) que la actual ley del aborto -que entró en vigor el 5 de julio de 2010- espera, y hemos superado ya los tres años de pendencia, que el TC se digne a dictar sentencia en el recurso interpuesto en su momento por el Partido Popular.

En este contexto -apenas esbozado- la parcialidad o imparcialidad de Pérez de los Cobos se plantea como una pelea entre partidos (ayer Manuel Chaves en el coloquio con Pere Navarro, acto organizado por El Confidencial, pidió que dimitiese por haber ocultado su militancia en el PP al Parlamento) sin mayor interés para la opinión pública. El TC, en el que no han faltado buenos juristas, desde luego, debería ser el primer organismo en suprimirse en una cada vez más urgente reforma de la Constitución. Bastaría que se sustituyese por una Sala Especial del Tribunal Supremo integrada por magistrados profesionales (al menos la mitad más uno de sus miembros) designados por las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial, así como por el Gobierno, pero con carácter vitalicio, al estilo de lo que sucede en EEUU.

Esta sería la única forma de restituir a la instancia de las garantías constitucionales su perdido prestigio, su erosionada reputación y su disminuida credibilidad. No lo harán ni PP ni PSOE porque el TC forma parte del botín de ‘guerra’ que se adquiere cuando unos u otros ganan las elecciones. Y es un botín muy preciado para amarrar voluntades y ejercer el poder con amplios márgenes de arbitrariedad. A los hechos hemos de remitirnos.

Por nueve votos contra dos, el Tribunal Constitucional ha rechazado la recusación de su presidente -el magistrado Pérez de los Cobos- requerida por la Generalitat de Cataluña. Se aducía que el que fuera catedrático de Derecho Laboral antes que magistrado había militado en el PP sin desvelarlo en su comparecencia parlamentaria previa a su designación y que, además, se había referido a los catalanes en términos inadecuados y, a mayor abundamiento, que había asesorado al Partido Popular en aspectos importantes de la reforma laboral.